El Poder Ejecutivo accedió a la solicitud que realizó el fiscal de Corte, Juan Gómez, ante la última Rendición de Cuentas de la administración de Luis Lacalle Pou y finalmente se propone crear dos nuevas Fiscalías Especializadas en Delitos Sexuales. Esta decisión se toma una año después desde que se produjo la controversia a raíz del archivo de 300 casos de delitos sexuales por parte del fiscal Raúl Iglesias. En ese marco, el fiscal aseguró que “el sistema colapsó”.

Gómez aseguró que esta fiscalía especializada continúa saturada y al día de hoy, entre los cuatro turnos existentes, tienen un cúmulo de 3.500 casos para investigar. “Nos quedamos muy conformes con la respuesta del Poder Ejecutivo en este tema porque el número de casos que tienen las actuales Fiscalías de Delitos Sexuales realmente no aseguran una respuesta en los tiempos que se desea por el gran número de casos”, dijo a El País el fiscal de Corte.

El Ejecutivo destinará $ 28.885.179 a partir de 2024 para la creación de estas dos fiscalías. Es decir que cada una de ellas tendrá recursos anuales por $14.442.589 y supone la contratación de un fiscal titular, dos fiscales, un asistente social o psicólogo y dos puestos administrativos en cada una, además de equipamiento de oficina y computadoras. En la Rendición de Cuentas también se propone separar a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la de Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género.

Gómez explicó que estos crímenes de índole sexual son uno de los más priorizados y los que requieren una atención más rápida, sobre todo porque más de la mitad de las víctimas son menores de edad, pero también señaló que generalmente se trata de “situaciones muy complejas que requieren muchas pericias”. Y añadió que muchas de ellas derivan en juicios orales que requieren un trabajo exhaustivo por parte de los fiscales para que las evidencias se transformen en pruebas.

Carlos Sastre, fiscal de 4° turno desde mayo de este año, tiene 720 casos en trámite que se remontan a 2018, incluso, uno es de 2017. Al ser consultado si tiene denuncias de 2018 en las que todavía ni siquiera pudo hablar con la víctima, Sastre respondió que sí. Esta semana su fiscalía estuvo de turno y el funcionario señaló que en un solo día puede llegar a recibir diez nuevas denuncias. “Por lo que uno ve en el diario vivir que las fiscalías están saturadas de trabajo”, dijo.

Juan Gómez también considera que la saturación de las fiscalías se explica por un aumento generalizado de las denuncias por estos delitos, que es frecuente que se den en el ámbito intrafamiliar. “Es un tema que se está visibilizando mucho más y se denuncia mucho más y eso habla de un volumen importante de situaciones en todo el país”, sostuvo el magistrado.

En 2022 se duplicaron las condenas por delitos sexuales en relación al 2019 (ver gráfica) y se alcanzó un total de 1.441 condenados en los cuatro años. El 95% son hombres, el 4% son mujeres y del restante 1% no se tiene dato sobre el sexo. La mayoría de los condenados tiene entre 36 y 45 años (366) y le sigue el tramo de edad entre 26 y 35 años (323).

Los departamentos con mayor concentración de condenados son Montevideo (231), Canelones (210), Paysandú (129) y Rivera (97).

La explotación sexual de menores de edad es uno de los delitos sexuales más frecuentes en la Fiscalía. Hay un aumento sostenido de estos casos desde 2007 hasta la fecha, explicó a El País Luis Purtscher, director del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees). En 2022 se registró la cifra más alta de casos de explotación sexual atendidos, llegando a 529, más del doble de los casos que hubo en 2015. En 2021 hubo 494 intervenciones y en 2020 el total fue de 410.

La mayoría de estos niños y adolescentes provienen de contextos sociales críticos y tienen muchas carencias familiares. “Los explotadores saben dónde están los niños más frágiles, eso pasa en Uruguay y en el mundo”, indicó Purtscher.

En la solicitud de desafuero de Gustavo Penadés - por abuso y explotación de menores- la fiscal Alicia Ghione reflexionó al respecto: “Hasta cuando (...) vamos a seguir permitiendo la silenciosa explotación de nuestros niños, niñas y adolescentes”.

“Silenciosa, no solo porque así se mueven los explotadores, sino también porque a las normas hay que dotarlas de recursos económicos, de recursos humanos especializados y de unidades fiscales que solo investiguen las diversas modalidades de Trata (explotación sexual, laboral, pornografía infantil) como en los países de la región”, continuó la investigadora.

Ghione expresó que los casos de delitos sexuales en los que indagan “no solo son complejos, sino altamente movilizantes, para las víctimas primero, para los investigadores y para la sociedad toda (...) Hasta cuándo los adultos vamos a creernos dueños de los cuerpos de los niños y adolescentes, tan dueños como para usarlos como ‘cosas’, ‘como cosas para el disfrute de nuestro sexo’”, enfatizó la fiscal en el escrito en que solicitó imputar al senador Penadés.