El fiscal de Delitos Económicos de 1er Turno, Alejandro Machado, investiga el sistema de compra directa que resolvieron utilizar las anteriores administraciones durante los gobiernos del Frente Amplio para la construcción del complejo Antel Arena.
El 8 de octubre de 2021, la empresa estatal presentó ante la Fiscalía una denuncia penal por presuntas irregularidades en el proceso que implicó la obra y puesta en marcha del Antel Arena. El escrito, elaborado por el abogado penalista, Gustavo Bordes, se basó en las conclusiones y en el estudio de dos auditorías que se realizaron a pedido del actual directorio de Antel, que lidera el presidente Gabriel Gurméndez.
Este análisis determinó, entre otras cosas, que la obra tuvo un costo de US$ 120 millones. Este monto es tres veces superior que el informado al inicio por la entonces presidenta de Antel, Carolina Cosse, hoy intendenta de Montevideo.
En las citaciones, que incluyeron a Cosse, al expresidente del ente, Andrés Tolosa y a las actuales autoridades de Antel entre otros, las preguntas del fiscal Machado apuntaron a tres ejes: el sistema de compras utilizado por la administración frenteamplista denominado “subasta a la baja”, si estaba dentro de los cometidos de empresa estatal construir el Antel Arena y el costo que demandó la obra.
“La subasta”
La denuncia, elaborada por Bordes y firmada por el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, fue ampliada el 8 de diciembre de 2022. Al día siguiente, Gurméndez no anduvo con cortapisas al referirse a la obra realizada durante la gestión iniciada por Cosse. “Ha habido un obrar sistemático fuera de los cometidos legales de Antel por autoridades que entendemos no tuvieron el debido cuidado con los dineros públicos”, afirmó el presidente del ente.
Gurméndez señaló, además, que la construcción del Antel Arena se hizo sin llamar a licitación. “Como se sabe, todo este proceso se hizo bajo un manto de absoluta confidencialidad y reserva, lo que le dio poca cristalinidad y transparencia a los procesos, donde se ignoraron todas las observaciones del Tribunal de Cuentas, que observó absolutamente todos los actos. Notoriamente, ha habido perjuicio para la administración, lo consignó así una auditoría externa (y) lo determinó la Junta Anticorrupción”, expresó.
Las compras para construir el Antel Arena se realizaron mediante el sistema llamado “subasta a la baja”. Los entonces jerarcas del ente convocaron a tres proveedores para cada rubro, pidieron precios y luego eligieron el más bajo.
El 29 de agosto de este año, el ministro de Medio Ambiente y exvicepresidente de Antel, Robert Bouvier, declaró en la Fiscalía que, en la administración anterior se realizaron compras por US$ 90 millones en forma directa en la construcción del Antel Arena. “Ese sistema no está comprendido dentro del Tocaf (Texto ordenado de Contabilidad y Administración Financiera). Tampoco otorga la mayor transparencia ni garantiza el mejor precio del mercado”, dijo Bouvier.
Al finalizar la ronda de citaciones, el fiscal Machado analizará las declaraciones y luego determinará si realiza o no nuevas citaciones.
Especificidad.
El 28 de julio de 2022, Cosse expresó que, cuando asumió como presidenta de Antel en mayo de 2010, en algunos servicios y oficinas ya existía la idea de construir un escenario multimodal para realizar espectáculos y promocionar la marca Antel.
En distintos informes, la administración frenteamplista enmarcó la construcción del Antel Arena en un proyecto de marketing -el nombre de la empresa se iba a repetir cada vez que se realizara un espectáculo o cuando alguien lo tomara como referencia de lugar. No obstante, desde el actual oficialismo en Antel se entiende que la edificación fue “una tabla de salvación” para la IMM, cuyas arcas no podían afrontar el costo de refaccionar el ex cilindro Municipal tras un incendio y derrumbe.
El monto
El 8 de diciembre de 2022 el entonces fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 1er Turno, Enrique Rodríguez, hoy sustituido por el fiscal Machado, indagó al expresidente de Antel, Andrés Tolosa, quien sustituyó a Cosse.
Tolosa fue quien realizó la obra del Antel Arena. Según el exjerarca de Antel, la obra civil de Antel Arena rondó los US$ 40 millones y el amoblamiento y las plazas alcanzaron otros US$ 40 millones.
Informe de auditoría fue clave
El 8 de noviembre de 2021, el abogado Gustavo Bordes, en representación del directorio de Antel, presentó una denuncia en la Fiscalía sobre eventuales anomalías en la edificación del complejo Antel Arena. El escrito se basó en las conclusiones de una auditoría externa elaborada por la firma Ecovis. Ademas de determinar el costo de la obra -US$ 120 millones- la auditoría de Ecovis confirmó la “existencia de apartamientos y contravenciones a normas y principios en materia de contratación administrativa”.
El informe además señaló que en la obra “se vulneraron los principios rectores que rigen las normas relativas a la buena administración”, en cuanto al respeto estricto de los procedimientos de contratación y el deber de procurar “la máxima eficiencia”. En la denuncia elaborada por Bordes también se agregó un informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) de setiembre de 2021 en el que “se constató (en la obra) la violación a principios y normas de conducta” que pueden “configurar falta administrativa”, “sin perjuicio de las responsabilidades políticas, civiles y penales que puedan corresponder a los funcionarios involucrados”. Una vez que se conoció el fallo de la Jutep, la entonces intendenta Carolina Cosse dijo en ese entonces que el informe sobre el Antel Arena que realizó la Jutep se basa en una “pseudoauditoría” elaborada por el estudio de un “militante herrerista”.