Redacción El País
El caso de las viviendas ubicadas sobre la playa en Punta Colorada y que la Intendencia de Maldonado quiere demoler tuvo un nuevo capítulo este lunes. En esta ocasión, la cita fue ante la fiscal Fabiana Corbo, que debe indagar sobre una denuncia presentada por la familia de los moradores en las viviendas, que aseguran que el intendente Enrique Antía y las demás autoridades de la comuna fernandina involucradas incurrieron en un delito de abuso de funciones.

Esto porque, a entender de los moradores, antes de dar la directiva de demoler las casas -que hasta ahora no se cumplió- debieron solicitar autorización expresa a la Justicia, situación que no ocurrió. La orden para demoler las casas indicaba que la acción debía llevarse a cabo el 15 de noviembre, pero en medio de una disputa judicial que había iniciado, y luego de que el caso se conociera públicamente, la acción quedó sin efecto. En ese momento, desde la comuna adujeron que Bethy Molina, directora de Medioambiente de la comuna y quien supervisa este tipo de situaciones, tenía covid. No obstante, pasó casi un mes y la situación permanece incambiada.

Entre esa instancia y hoy acontecieron algunos episodios judiciales de relevancia. En un fallo de primera instancia, el juez Federico Rodríguez desestimó una acción de amparo presentada por los moradores de las viviendas.

También el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) falló a favor de la Intendencia de Maldonado y no dio lugar a la solicitud de suspensión de la demolición de las casas.

Este lunes lo que tuvo lugar fue una audiencia por la denuncia penal contra Antía y otros jerarcas que interpusieron los habitantes de las viviendas. Según supo El País, otra de las comparecientes fue la directora general de Asuntos Legales de la intendencia, Adriana Graziuso.

De momento, la fiscal del caso no tomó una definición y seguirá investigando. Pablo Donnángelo, abogado de los denunciantes, dijo a El País que, a su entender, “quedó claro” que “ni la intendente ni la directora de Asuntos Legales tienen la más mínima de intención de ajustar su conducta conforme a derecho y consecuentemente recabar la autorización judicial que exige la ley para proceder, en caso de que corresponda, al derribo de estos inmuebles”.

Según el abogado, Antía “incurre en un error al argumentar que la Justicia ha laudado este tema” porque “si existe esa decisión judicial, que la exhiba”. En este sentido, se expresó sobre el reciente fallo del TCA y dijo que ese tribunal “lo que desestimó fue una medida cautelar, pero no se pronunció todavía sobre el fondo del asunto”.

Por eso, entiende que “lo prudente sería esperar a que se dicte sentencia para proceder”, e incluso una vez que el TCA falle, para Donnángelo será necesaria “una orden de un juez para demoler”.

Por su parte, el abogado defensor de Antía y jercarcas de la intendencia fernandina, Jorge Barrera, pidió el archivo de la investigación. En diálogo con El País, el abogado expresó que "las resoluciones judiciales del TCA y del Tribunal de Apelaciones con respecto al amparo presentado por los moradores ratifican la legitimidad de los actos del intendente".

Barrera aseguró que "la intendencia no se apartó de lo establecido en la Justicia ni en los informes técnicos" y que actuó legítimamente. "Para que haya delito se requiere de un accionar ilegítimo, y no es el caso", aseveró.

Foto: Ricardo Figueredo/El País