Apelaciones dio plazo de 90 días para que Interior informe su "plan" para reducir el hacinamiento en exComcar

El juez de primera instancia había dicho que el hacinamiento debía bajar en un plazo "razonable" y el demandante había apelado la decisión solicitando que se fijara un tiempo concreto

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Comcar
Puerta de ingreso del Complejo Penitenciario Unidad 4 Santiago Vazquez del Instituto Nacional de Rehabilitacion.
Leonardo Mainé/Archivo El País.

Redacción El País.
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1er Turno fijó un plazo de 90 días para que el Ministerio del Interior informe cuál es su "plan de acción" para reducir el hacinamiento en el exComcar. Esto vino a complementar la resolución tomada por el juez Ruben Etcheverry, quien intimó a Interior a que “lleve adelante acciones” que “permitan bajar el hacinamiento” en cinco módulos de la cárcel de Santiago Vázquez — exComcar— “a niveles tolerables en un plazo razonable”.

El Sindicato de Trabajadores Penitenciarios de Uruguay (Sitrapen) y Luis Parodi, exdirector de la cárcel de Punta de Rieles, fueron quienes presentaron la demanda. A su vez, luego apelaron la decisión y pidieron, entre otras cosas, que la Justicia fije un plazo para disminuir hacinamiento carcelario. Sostuvieron que las expresiones del juez, quien habló de "niveles tolerables" y "plazo razonable" es subjetivo y debía constar una fecha concreta. El Ministerio del Interior argumentó contra el pedido.

Sin embargo, el Tribunal entendió que "si bien no se percibe razonable poner fin al hacinamiento en 250 días, tampoco se aprecia razonable dejar de fijar un plazo para que el demandado informe las acciones concretas destinadas a esos efectos, como para los demás". Por lo que fijó el plazo en 90 días, según consta en la sentencia a la que accedió El País.

Etcheverry ya había pedido que el departamento de arquitectura del INR “realice un informe técnico en un plazo de 90 días” para diagnosticar los “principales problemas edilicios” de cada módulo. También solicitó que se haga un “plan de obras” para “mejorar las condiciones de habitabilidad” en cinco módulos de Santiago Vázquez.

El sindicato demandante había afirmado que la cárcel “presenta condiciones de reclusión que han sido clasificadas como crueles, inhumanas y degradantes, y que las carencias actuales a nivel edilicio, de falta de personal y hacinamiento extremo, generan un serio riesgo inminente para la salud, la integridad física y la vida para la población privada de libertad”.

Así, también hicieron énfasis en la falta de personal y cómo ello afecta la asistencia a los presos.

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