El fiscal Alejandro Machado archivó la investigación en la que se indagaba si hubo irregularidades en la expedición del pasaporte al narco uruguayo Sebastián Marset. Así consta en el dictamen fiscal al que accedió El País.

Para hacerlo, se amparó en el artículo del Código del Proceso Penal que indica que una investigación debe archivarse si la causa no constituye delito. Aún sigue abierta la causa que surgió a raíz de la declaración de la exvicecanciller Carolina Ache, quien denunció que el entonces asesor presidencial Roberto Lafluf había destruido documentos públicos vinculados a este hecho.

El pasaporte se le otorgó cuando Marset estaba preso en Emiratos Árabes Unidos por haber ingresado con un documento falso. Por este caso estaban investigados su abogado, Alejandro Balbi, y varios funcionarios de Cancillería, entre los que estaba la cónsul uruguaya en ese país Fiorella Prado.

También Luis Alberto Heber (en ese entonces ministro del Interior), Guillermo Maciel (subsecretario), Carolina Ache (vicecanciller) y Francisco Bustillo (canciller), quienes dejaron sus cargos a raíz de este hecho.

La cónsul Fiorella Prado, que fue quien asistió a Marset en Emiratos Árabes, fue una de las figuras más cuestionadas en el caso. Su defensor, Eduardo Sasson, abogado de DDS Law Firm, dijo a El País que del archivo se desprende que su clienta "actuó de forma sumamente correcta, acorde a la legalidad".

"Además de ello, requirió en todo momento directrices a sus superiores", explicó. Así también criticó declaraciones de Jorge Díaz, abogado de Ache. "Lamentamos las manifestaciones de un colega quien de forma liviana y ligera, realizó una conferencia de prensa a los efectos de pretender deslizar un actuar incorrecto a nuestra defendida", expuso.

Por otra parte, Jorge Barrera, que defendió a la exdirectora de Asuntos Consulares y Vinculación Pauline Davies, señaló que “era el único resultado posible ya que no existió ninguna conducta que tuviera repercusión penal".

"La Fiscalía no es el ámbito para debatir asuntos políticos sino conductas que vulneren las normas penales y en este caso hasta el propio interpelante manifestó que eran asuntos políticos y no legales", indicó.

Barrera explicó a El País que este caso no será revisado por otro fiscal. Cuando un caso se archiva, el denunciante puede pedir a la Justicia que el expediente sea revisado por un nuevo fiscal, si este segundo fiscal ratifica la decisión, se torna definitivo.

Pero en esta oportunidad esto no será así, fundamentó Barrera, porque la investigación fue abierta de oficio por quien era el fiscal de Corte, Juan Gómez.

"La facultad de revisión la tiene solamente quien inicia la investigación. El hecho de comparecer aportando pruebas posteriormente, no te da la calidad de denunciante", explicó.