Era siempre igual. Pasaba en su auto y con las mismas excusas -darles trabajo, dar una vuelta, llevarlos a su casa- lograba que adolescentes se subieran. Después de ahí, todo iba in crescendo: el ofrecimiento de dinero por ir a cenar o ejecutar algún acto sexual menor, para después presionarlos o directamente forzarlos a tener sexo. Esa escena, que se repitió muchas veces, después comenzó a tener pequeñas diferencias: era Sebastián Mauvezín quien, por medio de engaños u ofrecimientos de dinero -algunos similares a los que hacía el exsenador y otros diferentes, como la organización de un partido de fútbol- generaba el vínculo de Gustavo Penadés con los menores.

Así consta en varias de las declaraciones anticipadas de las víctimas que recoge el Tribunal de Apelaciones de 4º Turno en la sentencia a la que accedió El País. Allí también se mencionan declaraciones de las partes en audiencias judiciales, en donde manejaron la posibilidad de que otro legislador esté involucrado en la “trama” para salvar a Penadés, que haya un “hacker” que aún no esté identificado e hicieron referencia a una denuncia que presentó el INAU en el marco del caso.

En la sentencia del Tribunal de Apelaciones se hace un resumen de lo debatido en la audiencia del 8 de abril, en la que se extendió el plazo preventivo que tanto Penadés como Mauvezín deberán pasar en prisión -lo que fue confirmado por el tribunal. Uno de los fragmentos que reproduce, fue algo que mencionó la defensa de Penadés -los abogados Homero Guerrero y Laura Robatto- quienes a la solicitud del fiscal contestaron: “Decir que continúa la trama o investigación paraestatal, llámese como se quiera, me alude”.

El fallo no reproduce la parte en que la Fiscalía alega eso, pero sí la contestación de la defensa, quien hizo especial hincapié en que no iba a permitir que se dijera que ellos formaban parte de una trama. Después de eso, la Fiscalía -liderada por Alicia Ghione- aclaró que no pretendía que se infiriera que si la trama continuaba, ellos formaban parte.

La defensa de Penadés versó en que si había existido una investigación “paraestatal” y las cárceles dependen del Estado, sería más seguro que Penadés permaneciera en su casa. “Lo único que nos queda es llegar a la pena de muerte de Penadés, antes que sea declarado o no culpable”, es una de las frases suyas que recoge la sentencia. Sobre este punto, el tribunal dijo que la última referencia a la muerte es “inadecuada, completamente fuera de lugar”.

Cuando le tocó contestar a las defensas de las víctimas, el Consultorio Jurídico de la Universidad de Derecho, dijeron que el exlegislador montó toda la trama desde su casa y “ahora lo que falta” es devolverle la logística. Además, en otro momento, sostuvieron: “Quedan las declaraciones de personas muy cercanas a Penadés, esto en cuanto al entorpecimiento, es relevante que se tenga en cuenta, (Ximena) Portillo, (Horacio) Tejera eran sus colaboradores inmediatos, estos casos no fueron cerrados. Además otra persona que tiene fueros, es un legislador”. Así lo transcribió el tribunal. Sobre ese punto, no se ahonda más.

A su vez, la Fiscalía menciona una denuncia que realizó el INAU “como parte de la trama”, por lo que incluso fue una directora a declarar y un psicólogo resultó despedido (esto último, de acuerdo a la sentencia, lo menciona la defensa de Penadés).

Foto: Estefanía Leal

“Lo estamos investigando porque surge de la computadora información relativa a las víctimas y al caso. Es de una computadora que fue incautada y que hoy en día está para periciar. Sabemos que la persona, que la doctora (Robatto) dice trabaja para ellos, es un expolicía que trabajó en proyectos de privados de libertad en el Ministerio del Interior del gobierno anterior. Por lo tanto, podría claramente conocer a (Carlos) Taroco, cumple una función similar. También se sabe que en los primeros días de febrero le solicitó a un sector político ocupar ese cargo en Inisa”, recoge el tribunal de lo que dijo Ghione.

En otra parte de su exposición, la fiscal se refirió al tiempo que llevará la investigación y explicó que la aparición de la trama significó mucho trabajo extra. En ese contexto, expuso que “quedan personas que todavía no están identificadas, entre ellas un hacker”. “Seguramente Penadés sabe de quién se está hablando”, afirmó.

Pese a que la trama cada vez reúne más integrantes, Ghione enfatizó: “No fue una trama para nada sencilla, no queríamos un (Operación) Océano. Estábamos concentradas en Penadés y Mauvezín pero nos topamos con esto y solamente nosotras teníamos la información como para investigar”.

La defensa del profesor Mauvezín se basó en argumentar que él no formó parte de la “trama” y por eso pidieron la libertad. Sin embargo, Ghione argumentó en audiencia que de las conversaciones entre Penadés y Mauvezín se desprendía que hablaban de nombres de posibles víctimas. Además, el abogado Juan Carlos Fernández Lecchini, defensor del exprofesor del Liceo Militar, dijo en audiencia que Mauvezín tenía el flujograma que buscaba identificar víctimas.

Cuando el tribunal revisó si los riesgos procesales que se habían dado inicialmente seguían presentes como para extender la prisión preventiva, tuvieron una posición tajante. Aunque todos los ciudadanos tienen derecho a esperar su juicio en libertad, si existen riesgos para la causa pueden ser sometidos a medidas cautelares.

En este caso, los ministros expusieron: “Si se pretendiera explicar a una persona ajena al sistema qué son los riesgos procesales, cómo se configuran, la forma de evaluarlos y si dan mérito a la medida cautelar más gravosa o en su caso la prórroga, no sería necesario acudir a conceptos doctrinarios o exposiciones magistrales, sería suficiente hablar de este caso”.

También le contestaron a la Fiscalía, que en su alocución dijo que en este caso estuvo “el Estado contra el Estado”. Sobre ello, consideraron: “No es el Estado contra el Estado, es el sistema de Administración de Justicia, verdadera garantía del Estado democrático constitucional de derecho, contra personas desleales que actuando con desviación o abuso de poder han olvidado las obligaciones inherentes a los cargos que se han confiado para frustrar o intentar frustrar la investigación”.

Esto porque, “no han dudado en acudir a contactos, obtener información reservada, realizar pesquisas secretas como estrategia para conocer la identidad de las víctimas y así acceder a ellas, obviamente con fines espurios”.

Estefanía Leal/Archivo El País

La sentencia recoge que a Penadés se lo señala por ofrecer “dinero o comida” a cambio de sexo con menores. Allí relata varias situaciones, entre ellas un abuso a un niño de nueve años cuando él tenía 13 a cambio de jugar en un equipo de fútbol. Años después, cuando ya intervenía Mauvezín, fue el profesor el que -según Fiscalía- se acercó a unos adolescentes que estaban jugando al fútbol para participar del campeonato de una iglesia. Cuando se contactaron por redes sociales, les dijo que antes tenía un “trabajo” para ellos. Uno de ellos declaró: “En ese momento yo pensaba en la plata, porque estaba mal quería ayudar a mi madre”.

Hay varios pasajes que demuestran las carencias económicas que tenían quienes denunciaban. Uno de ellos contó que después de que el exsenador le pagó, se compró una hamburguesa y una gaseosa en un carrito. Aunque no siempre pagaba. Muchos de ellos declararon que si no lograba la penetración, no cumplía con lo prometido. A uno de ellos, por ejemplo, le compró solamente un paquete de cigarrillos. Algunos de los declarantes contó cómo fue que se atrevieron a denunciar. Puntualmente dijeron que vieron a Romina Papasso en la televisión y ahí constataron que quien los había explotado había sido Penadés. “Se había armado flor de lío, por eso se asustaron y pensaron que iban a terminar todos presos”, recoge el tribunal que dijeron.