Por Eduardo Barreneche
El juez penal Alejandro Asteggiante Blanco validó ayer el acuerdo de ir a un juicio abreviado alcanzado entre la fiscal de Flagrancia de 12° Turno, Gabriela Fossati, y el abogado Marcos Prieto, defensor del excustodio presidencial, Alejandro Astesiano.

En la audiencia, que duró una hora, Fossati le relató al magistrado que dicho acuerdo determinaba que el excustodio reconocía que había cometido cuatro delitos: asociación para delinquir (se vinculó con personas que vendieron documentos de ciudadanía uruguaya apócrifos), tráfico de influencias (usar reparticiones del Estado para realizar favores a terceros), conjunción del interés público con el privado (utilizó su cargo para concretar negocios) y revelación de secretos (recibió partes policiales reservados y los entregó a privados). La fiscal solicitó, además, una pena de penitenciaría para Astesiano de cuatro años y seis meses, multa de 100 Unidades Reajustables ($ 150.200) e inhabilitación especial por cuatro años. Minutos más tarde, el juez Asteggiante Blanco preguntó a Astesiano y a Prieto si estaban de acuerdo con la exposición de la fiscal. Ambos dijeron que sí.

El magistrado insistió. Explicó a Astesiano que iba a refrendar el acuerdo alcanzado y luego le preguntó si iba a apelar el fallo sobre dicho arreglo. Astesiano respondió que no lo haría. En ese momento, Prieto le manifestó al juez: “Astesiano quiere ser un recluso más”.

Poco después, el juez Asteggiante Blanco hizo lugar al pedido de la fiscal y condenó al excustodio por los cuatro delitos ya reseñados. Mirando a Astesiano y a su abogado, el magistrado sostuvo que el excustodio presidencial pasará de imputado a condenado.

Las siguientes son las 10 preguntas y respuestas sobre el mediático caso:

El episodio es reseñado en la acusación de la fiscal Fossati. En 2021, el director y el subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil recibieron desde el exterior una noticia de que varios ciudadanos rusos se encontraban utilizando documentación uruguaya apócrifa que obtuvieron con la asistencia de un gestor caucásico cuyas iniciales son A.S., radicado en Uruguay. El expediente recayó en la Fiscalía de Fossati.

A partir del análisis de los expedientes de Identificación Civil, la fiscal pudo vincular dichas falsificaciones a un escribano de iniciales A.F. “Los “trabajos” para la extracción de información (para elaborar documentos de ciudadanía uruguaya falsos) comenzaron en 2013 y se extendieron hasta el 2022. En agosto de 2021, el escribano se contactó con Astesiano para que cumpliera un rol de “facilitador” dados sus contactos entonces como jefe de Seguridad Móvil del presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

Según la fiscal, el excustodio y el escribano se reunieron en varias oportunidades para afinar el rol que tendría el encargado de la seguridad presidencial. Las reuniones se realizaron tanto en el despacho laboral de Astesiano (en la Torre Ejecutiva) como en el estudio del escribano o en bares.

Astesiano recibió un adelanto por su actividad de parte del escribano de US$ 10.000, lo que se abonó en dos veces. Sus “socios” (el escribano y el gestor ruso ya mencionados) debían entregarle a Astesiano la documentación que tenía que facilitar o agilizar. El hoy condenado recibió alguna documentación pero no realizó ninguna gestión efectiva para el grupo, según la fiscal. Por los vínculos con el gestor ruso y el escribano, la Justicia le tipificó a Astesiano un delito de asociación para delinquir.

Fossati señaló que, en el marco de su rol como jefe de la Seguridad Móvil de Presidencia de la República, Astesiano mantenía comunicaciones fluidas con múltiples funcionarios de jerarquía de varias reparticiones. Esos contactos, según la fiscal, “en ocasiones referían a aspectos que no eran propios de su función”. Es decir, las conversaciones entre Astesiano y algunos jerarcas policiales excedían a las potestades de sus cargos. Por ejemplo, Astesiano accedía a las cámaras de videovigilancia ubicadas en Presidencia de la República y extraía información de su interés o de terceros; conseguía partes policiales para sí o para dárselos a otros y solicitaba información de los registros fílmicos de las cámaras de video vigilancia del Ministerio del Interior (Divaru). En ocasiones, le enviaban las respectivas filmaciones y recibía información de interés de terceros por parte de funcionarios públicos. Es decir, pedía y hacía “favores”, dijo la fiscal en la audiencia en el juzgado.

Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

Por lo menos en dos ocasiones, Astesiano utilizó su cargo para beneficio personal, según la fiscal. El 2 de abril de 2002, solicitó y pidió a un exjerarca del Ministerio del Interior información referida a una supuesta situación de abuso sexual a una menor de 16 años. En el parte policial, al que accedió Astesiano, se brinda datos de la víctima, de su madre y de los presuntos responsables. Se trataba de información reservada por ley para resguardar datos personales de víctimas de delitos sexuales.

En otra ocasión, el hijo de Astesiano fue víctima de una rapiña. Le sacaron una moto que había sido denunciada como robada días atrás, según la fiscal. Astesiano recibió de un exjerarca policial el parte del evento con toda la información de los presuntos involucrados, circunstancias, objetos incautados y resolución de la Fiscalía de Flagrancia de 14° Turno sobre el caso.

La fiscal dijo en el Juzgado: “Astesiano proporcionaba de manera oficiosa la información que recibía a su entorno de Presidencia, como por ejemplo, al secretario personal del presidente de la República o al propio presidente. En ocasiones y dado que siempre obtenía información, era consultado sobre distintos hechos”, señaló Fossati.

Y agregó: “(Astesiano) recibía pedidos de información para realizar gestiones de parte de civiles y de funcionarios públicos. Se comprometía a brindarla pero la mayoría de las veces no lo hacía. También procuraba beneficios para sus actividades civiles y particulares a partir de la información que obtenía”, según la fiscal.

En un principio, Astesiano se negó a brindar información a la fiscal Fossati y a su equipo integrado por las fiscales adscriptas Giuliana Realini y Gloria Nicolini. Luego, evolucionó colaborando con la Fiscalía. “A veces Astesiano proyectaba su responsabilidad en terceros y luego aceptó la misma, queriendo pagar su pena, cumplir con la sociedad y reiniciar su vida”, explicó Fossati en rueda de prensa luego de finalizada la audiencia.

Fossati expresó que el acuerdo implica que se ha llegado a una “solución general” de todos los hechos que se considera por la Fiscalía que tienen apariencia delictiva según su teoría del caso. “La Fiscalía -expresó Fossati- ha hecho una valoración completa de la evidencia en su poder. El acuerdo implica una asunción por parte de Astesiano muy importante. El delito más castigado de todos los que se le atribuyen, es el de asociación para delinquir que tiene una pena de cinco años. Y estamos hablando de que concretamos un acuerdo abreviado con una pena de cuatro años y medio de penitenciaría, una multa de 100 U.R. y una inhabilitación por cuatro años.

A partir de la investigación, sostuvo Fossati, se determinó que Astesiano no tuvo participación efectiva en la tramitación de documentación apócrifa de ciudadanías uruguayas. “Este acuerdo es entre la Fiscalía y Astesiano. Todas las demás causas siguen abiertas; todas las investigaciones siguen en curso. Puede haber otras personas responsabilizadas”, expresó.

Fossati dijo que se analizó toda la evidencia que se reunió. Alguna de esas pruebas -se refiere a chats del excustodio presidencial con jerarcas policiales y empresarios- fueron manejadas por la prensa y otros no. Y agregó que la investigación lleva cuatro meses de duración. “Esta es una investigación que se ha trabajado con mucha intensidad y ha avanzado gracias al trabajo del equipo que ha sido muy intenso”, sostuvo la fiscal. Ayer fue condenado un policía por revelación de secretos” y “conjunción de interés personal y público”.

Culminada la investigación sobre las actividades ilícitas de Astesiano, a la fiscal le resta cerrar dos líneas de investigación: la falsificación de ciudadanías uruguayas realizada en el extranjero y en Uruguay y los eventuales delitos de revelaciones de secretos por parte de algunos jerarcas policiales, quienes entregaron documentación reservada al excustodio. Ello excedía su función, según la fiscal.

Con respecto a la “línea Moscú”, Fossati ya investiga a dos cónsules que habrían participado en el otorgamiento de documentación de ciudadanía uruguaya apócrifa a rusos y ucranianos en la ciudad moscovita. Se presume que esos ilícitos comenzaron en 2013.