ATENTADO

Tenencia no autorizada de armas, y porte y tenencia de armas en lugares públicos. Esos fueron los delitos por los cuales se inició ayer una investigación judicial contra el representante de futbolistas G.A.. Mientras la Fiscalía de Flagrancia de 5° Turno continúa con la investigación, se dispuso que G.A. cumpla con la medida cautelar de prisión domiciliaria con tobillera electrónica por un lapso de 30 días, mientras que el fiscal Diego Pérez prepara una acusación final.

La detención del empresario, tal cual informó El País en su edición de ayer, fue en el marco de la investigación que lidera el fiscal Pérez para tratar de esclarecer dos hechos: el ataque contra la sede de la Brigada Antidrogas, el pasado 9 de mayo, y la amenaza que recibió la fiscal de Estupefacientes de 1° Turno Mónica Ferrero, 24 horas después del atentado.

En ese contexto fue que el pasado 11 de septiembre se libró una orden de detención hacia el hijo del empresario, de 38 años, y se dispusieron una serie de allanamientos para capturarlo e indagarlo, según indicó el fiscal Pérez durante la audiencia judicial que se llevó a cabo ayer y a cuyo registro tuvo acceso El País.

Al día siguiente de librarse la orden de detención contra el hijo del contratista, la Policía allanó el domicilio de G.A.. Si bien allí no estaba su hijo, los oficiales le preguntaron al empresario si había armas en su casa a lo que él contestó que sí.

Fue allí que la Policía incautó armas dentro de un bolso y una escopeta que estaba en el interior del vehículo conducido por G.A..

Según surge de la investigación, se pudo demostrar que si bien G.A. tenía los portes de las armas, los mismos estaban vencidos. “Respecto a la escopeta, está prohibida su tenencia por parte de particulares así como también la importación y adquisición”, indicó durante la audiencia el fiscal Pérez. Agregó que en 2013 “el imputado fue objeto de un procedimiento e indagado por porte y tenencia de armas”.

En ese sentido, Pérez solicitó la formalización de la investigación contra el empresario, y pidió la medida cautelar de prisión domiciliaria por un lapso de 45 días y la utilización de tobillera electrónica.

El abogado defensor del representante, Ignacio Durán, discrepó en el lapso del tiempo de arresto y en la utilización de dispositivos electrónicos. “Tanto mi cliente como su familia se han mostrado contestes en contribuir con la instrucción permitiendo y facilitando el ingreso a su hogar, proporcionando celulares, proporcionando debidamente las contraseñas para que Policía y Fiscalía puedan investigar”.

Durán argumentó también que al ser su representado un empresario del fútbol, se encuentra en “plena zafra” y por tanto la medida de 45 días le resulta “excesiva”. “Si no logramos un abatimiento de dicho plazo, pueden llegar a frustrarse (algunos negocios) y puede haber consecuencias económicas irreparables tanto para clubes como para futbolistas que el representa”, alegó.

En contrapartida, solicitó una medida cautelar de 20 días de arresto domiciliario y sin uso de dispositivos electrónicos. La Fiscalía, por su parte, cedió en que el lapso de tiempo fuera menor (lo bajó a 30 días), pero insistió en la necesidad del uso de la tobillera para así asegurar que la investigación que tiene su curso no se vea entorpecida.

Finalmente, la Justicia hizo lugar al pedido del fiscal y decretó la medida cautelar de arresto domiciliario por 30 días, así como el uso de dispositivo electrónico.

La Fiscalía no encontró ningún elemento para vincular a G.A. en el ataque a la sede de la Brigada Antidrogas, el pasado 9 de mayo, ni a la amenaza a la fiscal Mónica Ferrero.

Durán dijo tras la audiencia que “de lo que surge hasta ahora, quedó claro que él (por G.A.) no tiene absolutamente nada que ver en esa investigación”. Por otro lado, señaló que el hijo de su defendido “tuvo vinculación en su momento por el rubro automotor, ya que se dedica también a la venta de automóviles, con una persona que está siendo investigada por el ataque a la Brigada y la amenaza a la fiscal Ferrero”. Y agregó: “Aparentemente habría un teléfono que el hijo utilizó en determinado momento y desde esa IP se habría mandado la amenaza a la doctora Ferrero”.

El hijo del empresario se entregó en sede de Fiscalía para ser indagado, según surgió en la audiencia celebrada ayer. En esta etapa el fiscal del caso deberá determinar si está o no involucrado en las amenazas que recibió la fiscal o en el atentado a la sede de la Brigada Antidrogas.