La audiencia de este lunes marcará el rumbo de los próximos meses en la causa que investiga al exsenador Gustavo Penadés y al profesor de Historia Sebastián Mauvezín por explotación sexual de menores. La fiscal de Delitos Sexuales Alicia Ghione pedirá tres medidas a la Justicia: la extensión del plazo para investigar, la imputación de más delitos y que Penadés se mantenga tras las rejas por más tiempo.

Hasta ahora, la decisión de imputarle los 22 delitos de índole sexual a Penadés y la resolución de haberlo mantenido tras las rejas durante casi un año, fueron tomadas por la jueza Marcela Vargas a pedido de la Fiscalía. Este lunes, la decisión no la tomará esta misma jueza —que es la titular del juzgado penal de 36^o Turno—; lo hará un juez suplente. Esto, dado que Vargas está de licencia.

Este juez suplente tomará la decisión luego de oír la petición de la Fiscalía —que también componen María José Brisco y Lucía Castro—, asistida por la Unidad de Litigación de la Fiscalía, y los argumentos de los abogados de las víctimas, que la mayoría está patrocinado por el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República. También presentarán sus fundamentos, defendiendo la posición contraria, los abogados de Penadés, Laura Robatto y Homero Guerrero, y las abogadas de Mauvezín, Daiana Abracinskas y Rosana Gavazzo.

La Fiscalía confirmó que pedirá que, en el caso de Penadés, se le sume la imputación por más delitos, principalmente vinculados a "la trama" montada para encubrirlo. Por esto, hay seis personas condenadas por acuerdos abreviados. Entre ellos, Diego Cuiñas (exfuncionario del Parlasur) y Carlos Tarocco (exdirector del Comcar).

En sus acuerdos abreviados, reconocieron haber participado de una investigación paraestatal para saber la identidad de las víctimas que denunciaron a Penadés. A juicio de la Fiscalía, esto fue ordenado por el exsenador. La reserva de la identidad de las víctimas está asegurada por un decreto judicial.

El 10 de octubre de 2023, cuando la Fiscalía pidió su imputación por los delitos sexuales, también pidió que se lo imputara por desacato, porque entendió que fue él quien divulgó el nombre de Jonathan Mastropierro. Se trataba de una víctima que, hasta que su nombre se mencionó en un informe en radio Universal, tenía su identidad reservada. De ese informe había participado Penadés dando una entrevista.

Estefanía Leal/Archivo El País

El 10 de octubre, se cumplirá un año de que Penadés y Mauvezín fueron imputados por la Justicia. Según el Código del Proceso Penal, desde el momento de la imputación la Fiscalía cuenta con un año para seguir investigando. Luego, tiene tres opciones: acusarlos (pedirles una pena) y llevar el caso a juicio oral, pedir su sobreseimiento (con el que resultarían libres de culpa) o celebrar un acuerdo abreviado por el que los imputados asumen su culpabilidad, renuncian al juicio y resultan condenados, a cambio de una rebaja de hasta un tercio de la pena.

Una cuarta opción que habilita el Código en las investigaciones complejas es pedir una prórroga para seguir investigando. Lo máximo que puede solicitarse es un año más. Es decir, el 10 de octubre de 2025 la Fiscalía debería definir qué hace con el caso.

Sin embargo, el abogado de las víctimas Juan Raúl Williman dijo la pasada semana en una entrevista en radio Uruguay que lo más probable es que la Fiscalía pidiera 90 o 120 días de prórroga. De todas formas, si cuando estuviera por vencerse ese plazo quisiera volver a pedir una extensión, podría hacerlo, pero nunca podría excederse del 10 de octubre de 2025.

Este pedido de la Fiscalía siempre es sujeto a debate con los otros actores del proceso —imputados y víctimas— y la decisión final es tomada por el juez.

Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Como Mauvezín y Penadés no están condenados, la Constitución garantiza que los ciudadanos puedan esperar sus juicios en libertad. Esto, siempre que no existan riesgos para el proceso o para las víctimas (según el Código del Proceso Penal). Se trata, de cualquier forma, de una medida preventiva.

En el caso de los imputados, se dispuso en octubre del año pasado, que sean encarcelados preventivamente, en principio, por seis meses. En ese momento se argumentó que las víctimas corrían peligro con ellos en libertad y que habían intentado frustrar el proceso con la aparición de "la trama".

En abril de este año, cuando estaban por vencerse los seis meses, se citó a audiencia para volver a debatir sobre el punto. Específicamente, si esos riesgos que existían en octubre, por los que se había dispuesto la prisión, seguían vigentes. La jueza Vargas entendió que sí y prorrogó su estadía en prisión otros seis meses.

Este lunes, se volverá a reeditar la misma discusión. El juez suplente que tome la audiencia deberá determinar si los riesgos para las víctimas y para el proceso siguen teniendo la misma fuerza que al comienzo como para renovar la medida o si no. Si entendiera que se debilitaron, podría optar por una medida más laxa, como la prisión domiciliaria.