Redacción El País
El crimen de Cecilia Fontana, que murió en 1978 envenenada tras beber de una botella de vino contaminada, tendrá una audiencia clave este jueves en un juzgado de la calle Bartolomé Mitre. Según informó el director de Comunicación de la Fiscalía, Javier Benech, irá a declarar en calidad de testigo uno de los hijos de Fontana, Fernando Heber, hermano del ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

La Fiscalía entiende que se trata de una “audiencia clave” dado que “la causa está realmente muy avanzada” y que “se espera que en el corto plazo pueda haber alguna solicitud de procesamiento”.

El fiscal especializado en delitos de lesa humanidad Ricardo Perciballe participará de la audiencia en la que declarará el testigo, que irá acompañado de su abogado, el edil nacionalista Javier Barrios Bove.

La audiencia, que fue informada por el diario El Observador, intenta saldar lo sucedido el 5 de setiembre de 1978 cuando, en plena dictadura, Fontana -esposa de Mario Heber, ambos dirigentes del Partido Nacional- bebió un vino contaminado con una sustancia denominada frosdryn, que había llegado como un obsequio.

Según consta en la ficha que contiene la historia de su caso y que está publicada en la web del gobierno, como todas las de los asesinados y desaparecidos en dictadura, el 29 de agosto Luis Alberto Lacalle Herrera, quien después sería presidente de la república, recibió en su casa tres botellas de vino blanco dirigidas a él, a Carlos Julio Pereyra y a Mario Heber, todos integrantes de la dirigencia del Partido Nacional.

Cada botella, envuelta en papel azul, tenía una tarjeta con una leyenda: “El jueves 31 brindaremos por la Patria, en su nueva etapa MDN”. Las botellas se repartieron, pero solo Fontana probó el vino en su casa, lo que causó su muerte debido a una elevada dosis del veneno. Nunca se supo fehacientemente a qué hacía referencia la expresión “MDN”.

La ficha recoge que días antes de estos sucesos el directorio del Partido Nacional había emitido un comunicado reclamando que se reintegraran los canales democráticos y habían tomado contactos internacionales para encontrar apoyo en esa causa. También habían defendido a Wilson Ferreira Aldunate, por entonces requerido por la Justicia Militar.

Las víctimas no dudan de que se trató de un ataque de los militares por motivos políticos y que se buscó dar muerte a tres de los principales referentes que por entonces tenía el Partido Nacional, y que Fontana no era una de las destinatarias específicas del vino envenenado.

El abogado Barrios Bove contó a El País que a partir de este jueves comenzarán una serie de audiencias que esperan den resultados. El caso se retomó inicialmente en 2006 a raíz de una denuncia de Carlos Julio Pereyra, y en 2010 una pericia caligráfica determinó que la leyenda que acompañaba las botellas había sido escrita por María Lemos, una funcionaria policial que en dictadura trabajó en la división de inteligencia.

Pero tiempo después, otra pericia realizada por el oficial Washington Curbelo determinó que Lemos no había sido la autora de los textos.

En 2021, a meses de haber asumido el cargo como ministro del Interior, Heber ordenó cesar a Curbelo como director de la Escuela Nacional de la Policía. De todas formas, el ministro negó en aquel momento que el relevo tuviera que ver con la investigación.

También el comisario Ricardo Zabala fue señalado en su momento porque una pericia encontró sus huellas dactilares en una de las botellas. El expolicía había sido procesado en 2012 como cómplice del asesinato del maestro Julio Castro en 1977, pero luego la Suprema Corte de Justicia lo absolvió.