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La Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) demandó al Partido Colorado y al Partido Nacional porque no pagaron las multas por cartelería electoral que colocaron en la vía pública (y no retiraron) tanto en los últimos comicios presidenciales de 2019 como en los departamentales de 2020.

Los colorados perdieron el juicio y fueron condenados a pagar 1.814 multas aplicadas por la comuna, a partir de lo que la IMM reclama el pago de 7.262 Unidades Reajustables ($ 10.948.428, que equivalen a US$ 264.982 al tipo de cambio promedio de setiembre de este año). Ante esta resolución, el partido político decidió apelar a la sentencia.

El Partido Nacional, por su parte, ganó el juicio y entonces no deberá pagar las 1.743 multas por cartelería electoral impuestas por la comuna, las cuales se traducían en 7.051 Unidades Reajustables ($ 10.534.194). De todas formas, el triunfo de los blancos fue en primera instancia dado que la intendencia también decidió apelar a la sentencia.

En 2021, cuando la comuna capitalina embargó a ambos partidos, fuentes de la IMM indicaron a El País que estas multas fueron aplicadas por infracción de cartelería que se colocó de forma irregular en árboles, semáforos, tapando alguna señal de tránsito o que no se retiró tras la elección.

Sin embargo, cuando los blancos respondieron la demanda en setiembre de 2021, argumentaron que los carteles a los que hacía referencia la intendencia no fueron puestos por el partido (como persona jurídica), sino por personas simpatizantes a este. Resaltaron que la intendencia no podía demostrar que el Partido Nacional haya sido el que imprimió y colocó esos carteles.

Para fallar a favor de los blancos, la jueza civil de 4º turno, Ana María Bello, hizo lugar a la falta de legitimación pasiva e inhabilidad del título. Lo primero hace referencia a que el partido no es responsable de esa cartelería y lo segundo quiere decir que no había un funcionario público (escribano) que certificara que la demanda estaba firme desde el punto de vista jurídico.

Una fuente jurídica dijo a El País que el único motivo por el que los colorados perdieron el juicio y los nacionalistas lo ganaron fue porque los jueces fueron distintos y existe la independencia técnica.

Lo cierto es que los argumentos que cada partido expuso para demostrar su inocencia fueron prácticamente los mismos.

El abogado Pablo Díaz, representante de los nacionalistas, expuso sus argumentos para oponerse a la demanda y detalló “problemas de forma” en la demanda de la comuna. En primer lugar, señaló que no hubo una intimación de pago al deudor, es decir, un aviso previo de enjuiciamiento.

A su vez, evidenció que las sumas de dinero involucradas en el reclamo no tienen naturaleza tributaria sino que constituyen sanciones por supuestos incumplimientos no tributarios. Y también sostuvo que las multas aplicadas no son la consecuencia de un incumplimiento en el pago, declaración o manejo de obligación tributaria de algún tipo.

En este sentido, puntualizó que esta demanda judicial no cumplió con los requisitos o condiciones para que se inicie o se desarrollo un proceso judicial válido (presupuesto procesal).

Según el demandado, tampoco surgen antecedentes que haya considerado la IMM para adoptar las resoluciones de obrados, ni tampoco actuación del Partido Nacional para que este resulte obligado a pagar las multas. Resaltó que las multas están “carentes de respaldo legal alguno” y que los blancos no cometieron ninguna infracción. Solicitó, por lo tanto, la medida cautelar del embargo.

En respuesta a lo expuesto por los blancos, la intendencia argumentó que no existió ningún incumplimiento -de forma- en el proceso civil y desestimó todas las “excepciones” planteadas.

También sostuvo que las resoluciones de la intendencia son firmes porque no se interpuso ningún recurso administrativo y subrayó que los nacionalistas fueron informados de todo el trámite de cobro de multas y no presentaron objeción alguna ni se interpuso ninguna medida.