El excanciller Francisco Bustillo declarará a las 11 horas de la mañana de hoy ante el fiscal de Delitos Económicos de 1er Turno, Alejandro Machado, quien investiga la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset el 30 de noviembre de 2021, en momentos en que este estaba en prisión en Emiratos Árabes. Marset había sido detenido 40 días antes por intentar ingresar a ese país con documentación paraguaya falsa.

Bustillo, quien será acompañado por los abogados penalistas Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez, será indagado por el fiscal Machado sobre la tramitación y expedición del documento al narcotraficante, cuyo paradero es hoy desconocido.

La postura jurídica que sostendrá Bustillo es clara: la Cancillería envío el pasaporte a Marset pero quien lo tramitó fue el Ministerio del Interior. Así, señalará, lo sostiene el marco jurídico, pues la Dirección de Identificación Civil y la Policía Científica del Ministerio del Interior realizan los procedimientos de confección de esos documentos.

Una fuente cercana a Bustillo dijo a El País que la Cancillería no se apartó un ápice de la normativa sobre expedición de pasaportes y agregó que no había ningún impedimento legal para otorgar el pasaporte de Marset solicitado por su abogado Alejandro Balbi. Y que luego se supo que Marset era buscado por la Justicia paraguaya.

El 28 de agosto de 2022, en una interpelación a los ministros Luis Alberto Heber y al entonces canciller Bustillo por la concesión del pasaporte a Marset, trascendió que el gobierno había cesado en sus funciones al subdirector Nacional de Identificación Civil, Alberto Lacoste. En forma simultánea, se abrió una investigación administrativa por su actuación en cuanto a la expedición del pasaporte de Marset.

A su vez, la Cancillería también inició una investigación interna para detectar la existencia de eventuales irregularidades. El senador frenteamplista Mario Bergara fue el miembro interpelante. El miércoles 1°, Búsqueda consignó que Carolina Ache, asesorada por el abogado y exfiscal de Corte, Jorge Díaz, declaró ante el fiscal Machado que el asesor presidencial Roberto Lafluf le pidió a ella y al subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, borrar una conversación de WhatsApp entre ellos dos en la que hablaban, en 2021, de la peligrosidad de Marset.

Fuentes de la investigación sugieren que si fuese cierto lo que mencionó Ache sobre que tenía conocimiento de la destrucción de un documento del expediente de Cancillería, tendría la obligación de denunciarlo por ser funcionaria pública.

Ache sostuvo en la Fiscalía que dicha petición de Lafluf ocurrió a fines de noviembre de 2022, antes de ser llamada a declarar por la instructora de la investigación administrativa que se llevaba adelante en la Cancillería. Agregó que, como ya tenía un respaldo del chat que Lafluf estaba interesado en que desapareciera, aceptó borrarlo. Maciel, según declaró Ache, también lo borró. Luego Lafluf pidió que se labrara un acta con escribano dejando constancia de que no había hablado con Maciel sobre Marset. Pero Ache se negó y dijo que no cambiaría “el protocolo” entregado en la investigación de Cancillería.

En un diálogo telefónico ocurrido al otro día, Lafluf le dijo, siempre según Ache: “Presentá todo como está. Lo único que te voy a pedir es que vuelvas a entregar el protocolo”. Ache habría preguntado a Lafluf por qué debía presentar un nuevo protocolo. Y, según testificó la exvicecanciller, este le respondió: “Porque no está más; porque lo destruí”. Ache dijo al respecto: “Cómo llegó el protocolo desde el despacho del ministro a las manos de él, desconozco”.

Según las fuentes, de ser cierto lo que declaró Ache, la exvicecanciller está omisa hace casi un año en denunciar un delito -la destrucción realizada por Lafluf de un documento que integraba un expediente de la Cancillería- y tenía la obligación de denunciar ese ilícito porque había ocurrido en un área de su competencia, la Cancillería. Como no lo hizo podría haber violado el artículo 177 del Código de Proceso Penal (Omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos).