Por Eduardo Barreneche
En uno de los primeros días de enero, cuando el calor sacudía a los periodistas que se agrupaban frente a la sede de la Fiscalía en la Ciudad Vieja y que esperaban novedades sobre el caso Astesiano, una mujer se acercó a ellos llorando a mares.

Era oriunda de Minas de Corrales (Rivera), y muy nerviosa, sin parar de lagrimear, relataba que había sido víctima de una rapiña y que quería hacer una denuncia.

Como la Fiscalía ya había cerrado, un periodista le informó que debía dirigirse a la Fiscalía de la Nación, ubicada en Paysandú y Yaguarón. Sacudiéndose las lágrimas, la señora agradeció y dijo: “Yo solo quiero que esto no quede impune. Nada más”.

Tras recibir la dirección de la Fiscalía General de la Nación en un papel, añadió: “Yo creo en la Justicia. Voy a ir a hacer la denuncia. Muchas gracias”.

Su denuncia seguramente pasó a englobar la importante cifra de novedades policiales que llegan a la Fiscalía cada mes: entre 25.000 y 27.000, según los datos a los que accedió El País.

La mayoría de esas denuncias son asuntos que no configuran ilícitos: peleas entre vecinos, familiares o socios; roturas de vidrios o incumplimientos de acuerdos entre, por ejemplo, un carpintero y la persona que le entregó una seña por un trabajo.

También hay denuncias de supuestos delitos, pero son casos en los que se cuenta con poca información de calidad para asignarlos a un fiscal para que los investigue. Por ello, el Departamento de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) de denuncias de la Fiscalía de la Nación analiza cada reclamo y depura.

Finalmente, entonces, el número de casos mensuales que ingresa a las bandejas electrónicas de los 344 fiscales son aproximadamente 5.000 por mes.

Esos expedientes son derivados a los fiscales en función de sus turnos y estos las investigan priorizando los caos de mayor gravedad.

Al mes siguiente, se repite el fenómeno. Es decir, otros 5.000 casos deben ser repartidos. Y así sucesivamente.

Cada año, los fiscales formalizan las investigaciones contra 1.700 personas, de las cuales el 92% (1.564) son condenadas por juicios abreviados gracias a acuerdos alcanzados entre los fiscales y los imputados.

Varios fiscales señalaron a El País que estaban al borde del agotamiento y realizaban tareas inclusive en sus casas y fuera de horario laboral. Es el caso de la fiscal Gabriela Fossati, que ahora está con licencia médica, y que además del caso Astesiano tuvo a su cargo 519 casos más.

La sobrecarga de trabajo de los fiscales es evidente: muchos piden licencias médicas, como Fossati, e incluso existe el caso de una funcionaria que falleció durante su horario laboral. Esto pasó el 9 de mayo de 2019 y se trataba de la fiscal adjunta de Delitos Sexuales, Susana Rivadavia. La fiscalía donde trabajaba tenía en investigación alrededor de 600 casos, según supo El País en aquel momento.

El fiscal de Corte, Juan Gómez, reconoció la existencia del problema. “Todo repercute en el sistema de la Fiscalía. Y me preocupa el panorama que hoy viven los fiscales. Pretendemos que cada denuncia (que llega a la Fiscalía) sea atendida. Hoy no se puede garantizar esa respuesta”, dijo a El País. Y agregó que cada una de las 16 fiscalías de Flagrancia promedia las 520 investigaciones.

Las Fiscalías de Flagrancia no solo indagan sobre pequeños hurtos, rapiñas o riñas, entre otros delitos menores. En ocasiones deben investigar casos complejos.

La fiscal de Flagrancia de 12° Turno, Fossati, debió encargarse del llamado caso Astesiano que involucra al excustodio presidencial, Alejandro Astesiano, supuestas falsificaciones de pasaportes uruguayos en Rusia y eventuales delitos de violación de reserva de información por parte de policías, al mismo tiempo que trabajaba en otra pila gigantesca de expedientes.

Mientras el fiscal del Flagrancia de 5° Turno, Diego Pérez, que investiga irregularidades cometidas en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) por el exdirector del Frente Amplio, Nicolás Cendoya, también tiene que tener en vista otros cientos de casos. Y lo mismo pasa con el fiscal de Flagrancia de 9° Turno, Fernando Romano, que indaga sobre delitos vinculados al deporte, y también el caso Astesiano ha recaído sobre él durante la licencia de Fossati..

Según Gómez, en el interior hay fiscalías que también tienen 500 casos. Y agregó que, en algunos departamentos, los casos rondan esas cifras porque los fiscales titulares llevan dos o tres años certificados por enfermedad.

En la próxima Rendición de Cuentas, que el gobierno deberá presentar antes del 30 de junio y será la última de este período, la Fiscalía de Corte pretende la creación de nuevas fiscalías para dar pelea y solucionar al menos un poco el problema de la falta de personal.

Gómez aspira que se le asigne recursos para nuevas fiscalías especializadas en cárceles y anticorrupción, y una o dos fiscalías de ejecución que controlen el cumplimiento de penas dispuestas por la Justicia. “Hoy ese trabajo recae en las fiscalías que están llenas de casos”, dijo Gómez.

La Fiscalía, según Gómez, tiene también la necesidad de más funcionarios administrativos y técnicos. Hoy son 683, incluidos los fiscales.