Otro caso de explotación sexual de menores provocó revuelo en la ciudad de Treinta y Tres: una madre prostituía a sus dos hijas mellizas de 17 años con la asistencia de un vecino de 75 años. El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) tomó conocimiento del caso luego de que en mayo se realizara una denuncia a través de la línea azul -contacto que recibe denuncias por violencia o negligencia hacia menores- y el equipo de psicólogos y asistentes sociales comenzó a investigar.

Los técnicos del INAU recolectaron testimonios de los vecinos, que advirtieron que habían indicios de explotación sexual comercial. La madre era quien ofrecía los servicios sexuales de sus hijas a otros vecinos del barrio. Ellas vivían en un contexto de vulnerabilidad y pobreza y se detectó que las chicas, que iban a la UTU, interrumpían sus estudios constantemente. “Fue una actuación muy oportuna y eficaz de los equipos de territorio del INAU”, señaló a El País el presidente de la institución, Pablo Abdala.

A partir de eso se puso en conocimiento a la Fiscalía y en distintas oportunidades la Policía intentó detener a los adultos, pero ellos huían a distintas localidades de Treinta y Tres. Una vez que los lograron localizar y detener, la mujer de 54 años y el hombre de 75 fueron llevados ante la Justicia, tal como informó Canal 10.

Tras reunir las pruebas necesarias, la fiscal de Treinta y Tres de 2º turno, Ana Segovia, realizó un acuerdo abreviado con la madre luego de que ella reconociera el delito. La mujer fue condenada a dos años y ocho meses de prisión efectiva por contribución a la explotación sexual y tuvo el agravante por abuso de las relaciones domésticas. El hombre de 75 años, en tanto, está imputado y tiene prisión domiciliaria por 180 días, pero continúa en investigación.

Las víctimas fueron trasladadas al hogar femenino de 24 horas “La Cabaña” el pasado 20 de julio y reciben tratamiento psicológico. Cuando los técnicos las entrevistaron observaron “signos de inestabilidad y daño emocional”, pero también entendieron que las mellizas habían normalizado la situación e incluso no entendían por qué tenían que ser institucionalizadas. “Para ellas no era nada grave, normalizan a tal punto la situación que no lo ven con la gravedad que amerita”, explicó Rosario Barreto, la directora del INAU de Treinta y Tres, a El País.

En agosto las adolescentes cumplen 18 años, pero el INAU pretende continuar con las medidas de apoyo psicológico para la recuperación del daño junto con el equipo itinerante de la ONG Gurises Unidos, con quien tiene convenio. Por otro lado, tras el examen médico no se detectó ningún indicio de que además la madre las agrediera.

Uruguay está registrando niveles altos de explotación sexual de niños y adolescentes, con un aumento sostenido desde 2007. En 2022 se alcanzó un récord con 529 casos atendidos, más del doble de los que hubo en 2015. En 2021 hubo 494 intervenciones y en 2020 el total fue de 410, según datos del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees) a los que accedió El País.

Este organismo, que depende del INAU, lleva el registro a partir de las intervenciones de las asociaciones civiles que tienen convenio estatal y operan en el territorio. Estas son Gurises Unidos, El Paso y Travesía.

Al mismo tiempo que aumentan los casos de explotación sexual atendidos por estas organizaciones, las fiscalías especializadas en delitos sexuales también reciben cada vez más denuncias. Incluso, el fiscal de Corte, Juan Gómez, continuamente enfatiza que estas fiscalías están “desbordadas” e informó a El País que en Montevideo actualmente tienen 3.500 casos bajo investigación.

Es frente a este panorama que en esta Rendición de Cuentas el gobierno decidió destinar $ 29 millones para la creación de dos nuevas fiscalías especializadas en este delito a partir de 2024.