Redacción El País
El falsificador Matías Campero, que generó una tormenta en el Poder Judicial, es un hombre audaz. No vacilaba en sacarle US$ 60.000 a un narcotraficante con la promesa de conseguirle la libertad dos años antes de la fecha prevista por la Justicia.

Elegante, de elevada estatura y con un discurso entrador, Campero se ganaba fácilmente la confianza de aquellos que lo conocían por primera vez.

Todo indica que tuvo varios oficios. En la Fiscalía consta que fue enfermero y tiene familiares que se dedicaron a esa profesión. Eso explica la terminología médica utilizada en informes médicos apócrifos.

Estuvo en dos ocasiones en la cárcel por estafas. Salió la última vez hace unos cinco años. Es probable que ahí “descubriera” que podía hacer dinero fácil con el ejercicio de la abogacía. Campero falsificó un carnet de abogado y salía a conseguir clientes entre los presos y sus familiares.

Decía que estaba inhabilitado para ejercer y solicitaba a abogados amigos que firmaran los expedientes por una suma de dinero. Cuando un abogado se alejaba harto de sus fechorías, llegaba otro. Así comenzó Campero sus primeras “actuaciones” en el ejercicio del derecho penal.

Alguien -un amigo abogado- le advirtió que iba a terminar en la cárcel por un delito de usurpación de título. Ello lo obligó a confeccionar tarjetas que decían que era director de un estudio jurídico.

“Mis abogados lo atenderán y le solucionarán el problema”, decía según expresó a El País una fuente que trató con él.

El falsificador cobraba honorarios muy elevados. Por cada promesa de libertad, US$ 50.000 al recluso, aunque en cuotas. Por ejemplo, le pedía unos US$ 20.000 para empezar, luego otra cifra para “plantar” (falsificar) una prueba y otro monto por un certificado.

Mediante esos métodos poco ortodoxos, Campero llegó a estar desbordado de trabajo. Sin embargo, con el correr de los meses, algunos de sus clientes comenzaron a hartarse de sus promesas incumplidas. Ahí empezaron los acosos en un edificio de la calle Juncal, donde Campero tenía su “estudio”. El portero del edificio acostumbraba contar a los vecinos: “A este tipo (por Campero) lo viene a buscar todos los días gente pesada para cobrarle. Va a terminar mal”.

Pero Campero logró sortear todas esas dificultades. Se alió con una abogada -hoy investigada. Él buscaba clientes y ella firmaba los escritos. El negocio era el mismo: prometer la libertad de las personas. Hace unos dos años, Campero decidió subir un “escalón” más en ese peligroso juego. Comenzó a presentar supuestos informes médicos de instituciones privadas sobre la salud de sus clientes en prisión y el Instituto Técnico Forense (ITF) los homologaba sin percibir que eran falsos.

Según la fuente, Campero dedicaba horas a buscar logos e informes para parle credibilidad a los “documentos” que presentaba ante el ITF. Es decir, el falsificador indujo a error al organismo cuyos dictámenes son utilizados por los jueces para fallar.

Por ello, la fiscal de Estupefacientes de 1er Turno, Mónica Ferrero, investiga un informe del ITF que fue clave para que la jueza de Crimen Organizado de 2° Turno, María Helena Mainard, otorgara la prisión domiciliaria al narcotraficante Juan Antonio González Bica, quien había sido detenido tiempo atrás con 400 kilos de drogas.

Ferrero también indaga sobre la autenticidad de “múltiples informes” presentados por Campero y otros abogados para otorgar libertades a presos mediante falsas reducciones de pena por trabajo.

Con el correr del tiempo, Campero decidió subir un “escalón” más. Pedía para ver un expediente sobre un preso en la baranda de un juzgado. Cuando nadie lo veía, arrancaba hojas y colocaba otras que había confeccionado en su computadora. Esas hojas, que tenían el logo del ITF, también contaban con el validado electrónico del Poder Judicial y la fecha. El “informe” decía que el recluso tenía enfermedades cardíacas y renales. Todos sus informes siempre mencionaban esas dos enfermedades. Campero sabía que ninguna cárcel poseía condiciones para atender a presos con dolencias renales.

Con el correr de las semanas, ese informe pericial trucho agregado al expediente era uno más y luego era utilizado por el magistrado de turno para fallar. Ese “sistema” fue utilizado por Campero en por lo menos otros dos juzgados penales de Montevideo.

Según supo El País, Campero realizó en un juzgado penal de Montevideo una falsificación de una liquidación de pena para un preso que saldría en 2026. En ese caso también trabajó con la abogada hoy investigada.

Campero le dijo a la familia que iba a sacar al preso en 2023. “En un descuido sacó una hoja del expediente. A la media hora vino con el padre del muchacho y le mostró que este saldría en libertad en 2023. Y cobró los honorarios”, explicó una fuente de la investigación a El País.

Una actuaria revisó el libro de penas y detectó que el preso debía salir dentro de tres años. El juez actuante ordenó una investigación administrativa. Se detectó que la hoja introducida por Campero tenía el escudo de Uruguay en colores cuando el del Poder Judicial es en blanco y negro. El caso terminó en la Suprema Corte de Justicia y en la Fiscalía.

Su daño no es cuantificable por el momento. El jueves 14, la Suprema Corte emitió una circular a todos los jueces del país para que informaran sobre todas las prisiones domiciliarias otorgadas a presos.

En junio de este año, el falsificador Matías Campero secuestró a la mujer de un estafador que le había cobrado US$ 3.000 a su madre con la promesa de construirle una cabaña. Campero fue imputado en Maldonado por secuestro, privación de libertad especialmente agravada por las amenazas y por reclamar un pago para su liberación, lesiones personales, rapiña especialmente agravada por la pluriparticipación, porte de arma de fuego y tráfico interno de armas. También se le tipificó hurto. Pocas semanas después, Campero estaba en libertad con una tobillera, algo impensable para un imputado por delitos tan graves. La fiscal de Estupefacientes de 1er Turno, Mónica Ferrero, investiga si Campero usó la misma estrategia para sacar de la cárcel al traficante Juan Antonio González Bica. Es decir, si usó documentos falsos o adulterados. Campero también facilitó la internación en una clínica de un líder narco de Villa Española. En su “informe”, el falsificador dijo que el traficante de drogas sufría enfermedades renales y cardíacas.

Su osadía no tenía límites. El 30 de mayo de este año, cuando se discutía en el Juzgado Especializado de Crimen Organizado de 2° Turno la prisión domiciliaria de González Bica, Campero se sentó en una silla del público y siguió de cerca la audiencia. En ese expediente había un informe del comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, que en realidad era falso. Allí se “aconsejaba” una prisión domiciliaria para González Bica. Cuatro meses después de la audiencia, Petit concurrió al Juzgado y confirmó que él no había hecho ese informe. Luego presentó una denuncia penal que desencadenó las detenciones del propio Campero, de la abogada de González Bica, Mercedes Acosta, y del narco de Villa Española. El sábado 9, la jueza María Helena Mainard imputó a Campero por reiterados delitos de usurpación de título, cuatro delitos de falsificación de documentos privados con reiterados delitos de estafa. El narco de Villa Española fue formalizado por un delito de falsificación y estafas en calidad de coautor. Mientras, Acosta fue imputada por un delito de falsificación de documentos privados en calidad de coautora con un delito de estafa en calidad de autora. La investigación de la fiscal Ferrero continúa.