A menudo Víctor Hernández se cruza en el balneario La Paloma con los policías que, según su teoría, jugaban al tiro al blanco en una fiesta, desde la que un tiro lo hirió por la espalda en el año 2012. Los agentes, dice, desvían la mirada cada vez que lo ven. Ese balazo es el origen del caso por el que en esta semana se pidió el desafuero del senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Charles Carrera, que comunicó la renuncia a su banca -algo que deberá ser en los próximos días aceptado por la cámara- y que también le pidió a la Corte Electoral no ser considerado en caso de que salga electo una vez más en los comicios del último domingo de octubre -ocupa el tercer lugar en la lista 609.

Hernández cuenta que esa misma bala, que impactó en su columna, se dividió en cinco pedazos. Una de las lascas de plomo cortó dos milímetros de su médula espinal y, junto con las otras cuatro, continúa alojada en su columna vertebral. Es decir, la bala nunca pudo ser extraída del cuerpo de Hernández. El cirujano que lo operó en el Hospital de Clínicas le dijo que el riesgo de sacar los pedazos era enorme, porque podía perder por completo la movilidad.

Por eso no hay forma de periciar la bala para cotejarla con las pistolas automáticas de los policías que estaban en la fiesta de cumpleaños del subcomisario Marcos Martínez, de cuya casa en La Paloma se presume que salió el disparo.

Para oscurecer aún más el asunto, dice, una de las armas sospechosas de haber sido la causante del daño desapareció del arsenal de la seccional policial de La Paloma.

Producto del tiro, Víctor perdió fuerza en las piernas; puede pararse solo con un andador y la mayoría del tiempo está en silla de ruedas.

“Esa bala también mató a mi familia. Mi padre era un enfermo cardíaco y el médico me dijo que esta situación que viví lo terminó de matar. Murió en 2017. Al año siguiente, mi madre se enfermó de gastritis nerviosa, sufrió derrames y también falleció”, cuenta Hernández.

“Es muy complejo lo que viví. El Ministerio del Interior me tiene que indemnizar -algo que la Justicia descartó al momento-. Se sabe que la bala salió de la comisaría. Y Carrera tiene que pagar los US$ 300.000 (al Ministerio del Interior) por haberme internado tres años en el Hospital Policial; yo no soy responsable de esa deuda”, señala.

Volvamos otra vez a 2012. El primer hospital a donde fue derivado Víctor fue el Clínicas. Un mediodía, cuando él estaba allí con su hermano Daniel, Carrera -según su historia- irrumpió en la sala. En aquel entonces, el hoy senador del MPP ocupaba el tercer cargo en importancia del Ministerio del Interior liderado por el ministro Eduardo Bonomi, hoy fallecido. Carrera era el Director General de Secretaría. Se ocupa de todas las cuestiones logísticas y administrativas de la cartera.

Acompañaba a Carrera la entonces directora de Asuntos Internos, Stella González. Asuntos Internos se encarga de investigar casos de corrupción en la Policía. En el momento en que llegaron los dos jerarcas del Ministerio del Interior, Daniel estaba desesperado. Sabía que Víctor estaba por recibir el alta en el Hospital de Clínicas, no tenían dónde ir y menos aún un lugar donde el baleado pudiera hacer la rehabilitación. En aquel entonces, en Rocha no había sitio para hacer fisioterapia.

Daniel observó a Carrera y luego apostó sus fichas a todo o nada. “Le dije a Carrera que buscara una solución para mi hermano, porque si no iba a tirar todas las cosas al cantero central de Avenida Italia e iba a llamar a la prensa”, recordó Daniel ahora, 12 años después, a El País.

Carrera se mantuvo, según su relato, en silencio. Se retiró del lugar junto a González. Tres horas más tarde, una ambulancia llegó al Hospital de Clínicas para llevarlos al Hospital Policial.

Víctor, harto de ocho meses de internación en el Hospital de Clínicas, no quería volver a un nosocomio. Pretendía que el Ministerio del Interior de la época le consiguiera, para él y su hermano, un pequeño apartamento frente al Hospital Policial, cada día cruzar la avenida José Batlle y Ordóñez y así realizar ejercicios de fisioterapia en el centro asistencial.

En una segunda conversación con Carrera y González, Víctor les trasmitió que no pretendía mucho. Aspiraba a un pequeño apartamento con un dormitorio, un baño y que estuviera frente al Hospital Policial. Eso fue el 13 de julio de 2013, y Stella González fue la que le dijo a Víctor -según lo que él hoy cuenta- que su ingreso al Policial iba ser provisorio, por dos o tres días, mientras buscaban un apartamento. Víctor no le creyó.

Recorriendo los pasillos del Hospital Policial en una silla de ruedas, Víctor le dijo a su hermano: “Nunca nos van a dar un apartamento”. Ambos fueron alojados en el quinto piso del centro de salud, en el que en realidad solo pueden atenderse policías. Tenían, sin embargo, todas las comodidades de un apartamento.

Durante tres años, tanto la víctima como su hermano utilizaron las instalaciones del Hospital Policial sin necesidad de abonar nada, según documentos a los que accedió El País.

El gasto generado por Víctor para su recuperación era enorme. “Carrera enseguida me ofreció dinero. En un principio me dio $ 10.000 en efectivo de su propio bolsillo. No sabemos las razones. Salió de él entregarnos ese dinero”, recuerda Víctor. En forma paralela, el entonces jerarca del Ministerio del Interior hacía gestiones para conseguir tickets de alimentación por $ 20.000 para Víctor y Daniel. “Al mes siguiente a la entrega del dinero ($ 10.000), aparecieron los tickets de alimentación. Son los mismos que dan a los policías”, explica Hernández.

En diálogo con El País, Víctor señala: “Para que nos dieran los tickets, Carrera firmó la orden. Después los mandaba por un cadete del Ministerio del Interior. El hombre iba y yo, que era un civil, tenía que firmar un papel como que recibía los tickets”.

Estos tickets y la deuda existente con el Hospital Policial, sostiene Víctor, “la tiene que pagar Carrera. Él incurrió en (presunta) malversación de fondos. Es la firma de él la que está ahí (en los documentos). Nuestro abogado (Roberto Ferreira) así lo señaló en un juzgado cuando el Ministerio del Interior nos reclamó el pago (de tickets de alimentación y la atención médica por tres años)”.

Daniel Hernández supone que el fin de los “beneficios” se debió a que estaba por prescribir el plazo para que su hermano demandara por el daño sufrido en la columna vertebral.

El caso tuvo repercusión política. A instancias del senador blanco Jorge Gandini el Parlamento creó una comisión investigadora sobre los gastos irregulares realizados.

El asunto también llegó a estrados penales. El miércoles 25, la fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2º turno, Silvia Porteiro, pidió el desafuero de Carrera. Según informó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, se investiga un “presunto delito de abuso de funciones”.

Foto: Archivo El País

El 31 de agosto de 2022, el director General de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria (Partido Nacional), renunció a su cargo luego de conocerse que él, como su esposa e hijos, se realizaron hisopados en el Hospital Policial. En la misiva, Calabria reconoció que además tuvo una consulta oftalmológica.

Poco después de la renuncia, al ser entrevistado por el programa “Lado B” de TV Ciudad, el senador del MPP, Charles Carrera, lamentó la decisión de Calabria. “Ellos (parlamentarios del Partido Nacional) crearon la tesis de que si una autoridad del Ministerio del Interior se atendía en el Hospital Policial, eso era ilegal”, dijo Carrera, explicando la motivación que llevó a Calabria a dimitir. Según el senador del MPP, las autoridades del Ministerio del Interior se atendían en el Hospital Policial desde antes de la gestión del ministro Eduardo Bonomi. “No es ilegal que (jerarcas de esa cartera) se atiendan en el Hospital Policial”, remarcó.

Ante la pregunta del periodista sobre si ello debería ser debatido por el sistema político, Carrera dijo que “hay que discutirlo” y que por ley se debería disponer que los jerarcas de dicha cartera se atiendan allí. El senador también sostuvo que autoridades del Ministerio de Defensa se asisten a menudo en el Hospital Militar.

Con respecto al caso de Víctor Hernández, Carrera dijo que las decisiones que tomó el gobierno del FA “son totalmente legítimas”.