Redacción El País
El juez Fernando Islas dio lugar a la solicitud del fiscal Gilberto Rodríguez de formalizar la investigación contra el expresidente de la antigua mutualista Casa de Galicia, Alberto Iglesias. Los delitos por los que lo acusa son los de insolvencia societaria fraudulenta y fraude concursal.

Se decidió la retención de documentos de viaje de Iglesias, deberá fijar domicilio y tiene prohibido salir del país. Las medidas cautelares son hasta el 21 de mayo, cuando Fiscalía presente la acusación.

En rueda de prensa tras la audiencia, el fiscal Gilberto Rodríguez señaló que "cuando alguien dirige una empresa y tiene acreedores tiene que pagar las deudas o créditos siguiendo un orden determinado". "No se puede preordenar o privilegiar a acreedores de una empresa. Es como tener números para ser atendidos en una sociedad médica y que alguien ingrese por la ventana a cobrar un crédito que tiene con posterioridad. Eso prevalece o privilegia un crédito de un acreedor para cobrar, cuando se altera eso se puede cometer ese delito", añadió con respecto a la insolvencia societaria fraudulenta, que se le tipificó a Iglesias.

En relación al fraude concursal, Rodríguez explicó que "es cuando se oculta una información en el ámbito de un concurso". "Un concurso es un ámbito judicial cuando una sociedad no puede pagar, hacer frente, a sus deudas y pide la asistencia al Poder Judicial, para designar a sus técnicos y hacer frente a los pagos en el ámbito judicial. Cuando esos pagos se esconden se puede cometer ese delito", añadió.

Por ahora el único implicado es el expresidente de la antigua mutualista, señaló Rodríguez, aunque "Fiscalía está analizando otras eventuales responsabilidades".

Días atrás el fiscal había adelantado que pediría la formalización de Iglesias porque firmó en 2021, dos días antes de solicitar el concurso de Casa de Galicia, dos órdenes de pago a los acreedores Marcelo Bonanata y Juan Carlos Lousada, por un valor superior a US$ 2 millones, que tenían un vencimiento “bastante lejano”, que “altera el orden y la prelación” de los acreedores en un concurso.

En su llegada al juzgado, Iglesias dijo a la prensa que ya sorteó otras 12 denuncias penales por el cierre de Casa de Galicia, ya que no hay ninguna en la que "se haya encontrado ningún mérito para formalizarse".

Iglesias dijo sentir "tranquilidad" por ya haber sorteado otras causas "armadas" por el Poder Ejecutivo. Por tanto, afirmó que "de ninguna manera" aceptará un juicio abreviado, lo que implica reconocer la comisión del delito a cambio de una pena menor. "No tengo culpa de nada", lanzó.

Además, adelantó que "cuando se supere toda esta etapa" va a iniciar demandas que "contra el Poder Ejecutivo y contra los principales actores que firmaron resoluciones y que decidieron el destino de Casa de Galicia". "Van a tener que explicar por qué se cometieron esos abusos contra Casa de Galicia, que no pueden ser inocentes porque es gente profesional", sostuvo y concluyó: "A la comunidad gallega nos van a tener que reparar el daño que nos hicieron".