El escribano Álvaro Fernández y su pareja Patricia Medina llegaron a un acuerdo de proceso abreviado con la fiscal Sabrina Flores por la maniobra para obtener pasaportes falsos para rusos, pero el fiscal especializado Enrique Rodríguez continuará investigándolos por lavado de activos, según supo El País. De hecho, ya prestaron su declaración en esa causa y en las próximas semanas hará lo mismo Alexey Slivaev, otro de los condenados por el caso Astesiano.
En la audiencia en la que se condenó a Fernández y a Medina, la fiscal Flores confirmó que intervinieron irregularmente en al menos 26 trámites para que rusos accedieran a la nacionalidad uruguaya cuando no les correspondía. La maniobra venía, al menos, desde el año 2015.
Con esto buscaban un provecho económico. “Nos hacemos millonarios”, le dijo en un mensaje Fernández al ciudadano ruso Alexey Slivaev que también formaba parte de la asociación. A su vez, Medina figuraba como apoderada de algunos rusos y participó en la creación de empresas para así generar residencia y domicilio en el país. Estos aspectos serán indagados por Rodríguez.
Para lograrlo, falsificaban partidas de nacimiento para demostrar que ciudadanos rusos que nada tenían que ver con Uruguay, figuraran como hijos o nietos de uruguayos y así beneficiarse de la “ley de nietos”.
A su vez, Flores y su fiscal adscripto Pablo Bardino, describieron el rol de Fernández, Medina y Slivaev en la organización. “Slivaev era quien captaba a clientes de nacionalidad rusa a través de redes sociales, aportando información sobre Uruguay y cómo gestionarse una nacionalidad. También realizaba traducciones, como traductor idóneo en los documentos que luego serían y fueron presentados ante instituciones nacionales, las autoridades indicadas, así como también receptor de transferencias”, sostuvieron.
Fernández, por su parte, “intervenía en la confección de los documentos, recepcionaba pagos, realizaba gestiones ante la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC)”. Medina, en tanto, hacía trámites y era apoderada de algunos de los ciudadanos rusos.
Tanto Fernández como Slivaev fueron captados por cámaras de seguridad ingresando a la DNIC para ayudar a sus clientes con los trámites.
Los 26 casos confirmados fueron comprobados de la misma forma: cotejaron las partidas de nacimiento con las reales y a su vez encontraron documentación en los allanamientos realizados al domicilio de Slivaev y al estudio de Medina.
Un caso
Del total de casos, la Fiscalía en audiencia describió ocho. Uno de ellos, a modo de ejemplo, fue el de dos ciudadanos rusos que se presentaron en la DNIC con intención de obtener una cédula de identidad ya que se decían hijos de un uruguayo de nombre Norberto, que ya era fallecido. El hijo real del uruguayo fue al lugar y negó que su padre tuviera un hijo ruso. Después de eso, los rusos manifestaron que habían sido “estafados” y que le habían pago US$ 10 mil a Fernández para realizar trámites. Fue Slivaev quien los había referido al escribano. Además, los documentos de estas personas fueron hallados en uno de los allanamientos.
Cómo sigue
Ayer se cerró el proceso para dos de los imputados iniciales del caso Astesiano: el escribano Fernández y su pareja Medina. De esta forma, los únicos que permanecen con el proceso abierto son los dos excónsules uruguayos en Rusia, Stéfano Di Conza y Gustavo Piegas.
Está en proceso la pericia caligráfica para certificar que las firmas son fidedignas. La Fiscalía tiene hasta octubre (en el caso de Di Conza) y hasta marzo (en el caso de Piegas) para resolver su situación.
La pena más alta fue para el excustodio Astesiano
El excustodio presidencial Alejandro Astesiano fue el integrante de la asociación que recibió más pena: cuatro años y medio de cárcel. Esto se debe a que se le imputaron más delitos que al resto, debido a que tenía funciones públicas. En el caso de los otros integrantes, Slivaev recibió una pena de seis meses de cárcel y 16 de libertad vigilada. El escribano 11 de cárcel y 13 de libertad vigilada y su esposa casi el mismo tiempo de prisión (ya lo cumplieron) y 12 meses de libertad vigilada.