A casi un mes de que la Fiscalía pidiera el desafuero del entonces senador Charles Carrera, a quien investiga por un delito de abuso de funciones, la referente de su sector político (el Movimiento de Participación Popular), Lucía Topolansky, afirmó que estaba “segura” de que no terminaría siendo imputado. Según reconstruyó El País, desde el Ministerio Público aún aguardan por la comunicación oficial de la renuncia del senador y tienen previsto tomar más declaraciones, antes de pedir la imputación.

La fiscal Silvia Porteiro solicitó al juzgado de Crimen Organizado que pida el desafuero de Carrera “a fin de proceder a solicitar su formalización por el delito de abuso innominado de funciones en casos no previstos por la ley”, esto es, su imputación. Finalmente, la decisión del propio Carrera fue que no se votara el desafuero, por lo que él mismo renunció. El Senado lo hizo efectivo el 2 de octubre.

Desde Fiscalía, esperan la comunicación oficial del Juzgado para poder seguir adelante. Según constató El País con documentación judicial, el Senado comunicó la renuncia a la Suprema Corte de Justicia el mismo 2 de octubre y la Corte lo informó al juzgado en un documento fechado el 11 de octubre y recibido tres días después. Luego de eso, es el juzgado el que debe notificar a la Fiscalía de que Carrera ya no tiene fueros.

Aunque el escrito de solicitud de desafuero tenía como objetivo que este se concretara para pedir la imputación, el mismo día que se conoció la noticia –el 25 de setiembre– el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, aclaró a pedido de Porteiro que la idea era “seguir adelante con la investigación, y ahí sí, eventualmente, solicitar” la imputación.

Esto coincide con lo señalado por el abogado de Carrera, Juan Manuel González Rossi, que dijo a El País que una vez que la Fiscalía reciba la comunicación oficial del juzgado de que Carrera ya no tiene fueros, está previsto que declaren más testigos e incluso el propio exsenador.

La amplia mayoría de las solicitudes de imputación son aceptadas por los jueces, puesto que para que esto suceda es necesario que haya “elementos objetivos suficientes que den cuenta de la comisión de un delito” y la participación de la persona. Es decir, todas las dudas que puedan surgir al respecto luego deben dirimirse en el juicio oral. Así, la imputación resulta una comunicación judicial al indagado de que lo están investigando.

Las irregularidades que, a juicio de la Fiscalía, cometió Carrera, partieron de un hecho ocurrido en La Paloma (Rocha) en el año 2013. Un hombre, Víctor Hernández, fue impactado por una bala perdida cuando estaba en su casa y se presume que el proyectil salió de una casa oficial del Ministerio del Interior donde varios oficiales estaban celebrando una fiesta.

Carrera dispuso que se lo atienda en el Hospital Policial, donde permaneció internado tres años, y en una oportunidad –al comienzo del caso– le otorgó a su familia tickets alimentación por $ 20 mil.

En total, el gasto fue de US$ 260.000, calculó la Fiscalía. Fue una situación "anómala, indebida e irregular", se advirtió en el escrito.

Lo que hizo Carrera es ilegal, sostuvo Fiscalía, porque solo pueden asistirse en el Hospital Policial los policías en actividad, retirados o pensionistas, aquellos que tengan un vínculo "funcional o previsional" con ellos o sean hijos, cónyuges, concubinos o padres a cargo del policía titular.

Es decir, "no existe ninguna norma legal o reglamentaria que habilite a incluir como usuario a quien no encuadra en esos requisitos".