Por Fabián Cambiaso
Un grupo de ocho peritos convocados especialmente ante la comisión investigadora del Senado coincidieron ayer en que no existen pruebas que permitan concluir que la bala que dejó paralítico a Víctor Hernández -un civil que residía en La Paloma y fue herido en 2012- salió de la casa en que vivía el entonces subcomisario de esa localidad, Marcos Martínez.

El tema viene siendo analizado por una comisión que indaga específicamente sobre las “presuntas irregularidades” ocurridas en la Dirección General del Secretaría del Ministerio del Interior entre 2010 y 2017 -cuando esa oficina fue dirigida por el actual senador frenteamplista Charles Carrera- y que tiene a este episodio como parte central de la investigación parlamentaria.

El autor de la denuncia que dio origen a este ámbito fue el senador nacionalista Jorge Gandini, que en diálogo con El País señaló que todos los técnicos se mostraron de acuerdo sobre un aspecto: faltan pruebas fundamentales para llegar a un resultado fidedigno sobre el origen del disparo, lo que echaría por tierra la tesis que de manera oficial siempre se sostuvo sobre el asunto.

Por un lado, los técnicos marcaron ante los legisladores que la bala que hirió a Hernández nunca pudo extraerse de su cuerpo, y que en las pruebas que se le realizaron aparece aplastada y fragmentada -con lo cual no pudo determinarse su calibre. Tampoco se pudo identificar el arma del disparo, así como tampoco se consiguió ubicar ninguna vaina en la escena del hecho.

Lo único que se pudo determinar, señalaron los técnicos ante los senadores, fue la posición en que estaba ubicada la víctima a la hora de recibir el disparo. Posición que se basó en el testimonio que aportó el propio Hernández para definir una posible trayectoria que pudo haber recorrido el proyectil.

Siete de los especialistas integraban el equipo del Ministerio del Interior que realizó la pericia original. Entre ellos estaba Jorge Rodríguez Aguilar que, según Gandini, aseguró haber recibido “presiones” por parte de las entonces autoridades del Ministerio del Interior de la época para que “diera un informe diferente” al que fue presentado. En concreto, señaló por esas presiones a la directora de Asuntos Internos, Stella González, con quien dijo haber tenido una “reunión muy dura” por el tema. Rodríguez Aguilar se retiró de la cartera poco después de ese hecho.

El octavo en comparecer ante la comisión fue el perito que realizó un informe a cargo de la familia Hernández, tras el resultado de la prueba original. Se trata de Washington Curbelo, que hizo un informe sin concurrir al lugar y basado en los datos que les fueron proporcionados por la víctima y su familia. A partir de esa información, el experto había afirmado que la bala había salido de la casa del policía, un resultado que fue cuestionado por la defensa de Martínez, al alegar que Curbelo nunca se constituyó en el lugar y que desconocía la topografía y la escena.

Por lo tanto, señaló Gandini, todo se basa en “conjeturas”.

Por otra parte, la comisión recibió los resultados de una tercera pericia, realizada el año pasado a pedido de un planteo que la familia de la víctima efectuó ante la Justicia de Rocha. Realizada con una docena de armas de distinto calibre, tampoco tuvo un resultado concluyente.

“Nadie pudo confirmar nada”, reflexionó Gandini, para luego hacerse una pregunta, que es la que procurará responder la comisión: ¿Por qué Carrera siempre mantuvo su convicción de que la bala que dejó paralítico a Víctor Hernández fue disparada efectivamente desde la casa de Martínez? Una postura que, recordó, Carrera volvió a repetir ya siendo senador por el Frente Amplio en este período.

Gandini remarcó que lo afirmado por los peritos contrasta en forma radical con la versión del legislador frenteamplista y aventuró que, tal vez, esa afirmación le sirvió al dirigente del Movimiento de Participación Popular para justificar su “solidaridad” hacia Hernández, que se tradujo en su internación al margen de la normativa en el Hospital Policial por casi tres años y el pago de tickets de alimentación por un total de $ 940.000 a lo largo del período que recibió la ayuda.

En las últimas horas había llegado a esta comisión una carta del abogado Ariel Sosa, que representa legalmente a Martínez y en la que sugiere a los senadores algunos elementos “importantes” a la hora de analizar la situación.

Por ejemplo, dijo Sosa, debería prestarse atención sobre la actividad previa que desarrollaban los hermanos Hernández antes del hecho.

El abogado de Martínez también apuntó que nunca se procedió a practicarle una prueba de parafina a la entonces compañera de Víctor Hernández -un análisis para determinar rastros del arma en la mano de quien disparó-, que según su testimonio era la única persona junto a él en el momento de ser herido.

Sosa también dijo que varios vecinos habían atestiguado que la mujer se terminó yendo a los pocos días del lugar.