El fiscal Diego Pérez denunció ayer ante el juez Fernando Islas la desaparición de documentos sobre pases en comisión a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) de profesionales funcionarios la Universidad de la República (Udelar). Uno de los pases en comisión involucra a una abogada vinculada al Movimiento de Participación Popular (MPP).

El fiscal pidió a Islas la audiencia para solicitar la prórroga de la investigación para Nicolás Cendoya y de otros imputados por 60 días, ya que en breves se alcanzaba el año de iniciada. Al cumplirse dicho plazo, el fiscal puede pedir la prórroga argumentando que le faltan elementos para investigar o pruebas para acusar.

En su momento, Pérez presentó su acusación de 32 páginas. Allí señaló, por ejemplo, que Cendoya incurrió en supuestos delitos por la destrucción de documentos de la Ursec por parte de un funcionario allegado a él, por la filtración de una denuncia penal elaborada por el penalista Jorge Barrera, y por el respaldo en forma irregular que otorgó a radios de Palmitas, Soriano y a Bemba FM de Salto.

En la audiencia de ayer, Pérez dijo que su investigación había detectado dos hechos de apariencia delictiva: el expediente “trancado” sobre Radio Bemba de Salto, ya que está emisora trasmitía con una potencia superior a la autorizada y que los inspectores evitaban hacer relevamientos en dicha emisora.

Sobre el segundo hecho de apariencia delictiva, el fiscal señaló que días antes del cambio de mando el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, solicitó un aumento de la potencia de “Uniradio”, que se otorgó en menos de un mes y a días del cambio de mando. “Eso hace que la Fiscalía profundice la investigación sobre ese hecho”, expresó Pérez.

En sus argumentos, el fiscal citó a la directora de la oposición en la Ursec, Silvana Olivera, quien reconoció que tal autorización a la Udelar era “inoportuna” porque aumentar la potencia de Uniradio implicaba la modificación de normas técnicas generales que “afectarán” la radiodifusión.

En otro tramo de la audiencia, Pérez volvió a referirse a los pases en comisión en la Ursec.

El fiscal recordó que un entonces secretario privado de Cendoya ingresó a la Ursec después de cesar su pase en comisión y presume que retiró documentos del organismo cuando ya había retornado a su cargo en el Poder Judicial. “No era funcionario cuando ingresó a la Ursec”, insistió Pérez.

Según el fiscal, surge el 15 de febrero de 2020 un “cúmulo de actuaciones” vinculadas a una abogada, afín al MPP, que también estaba en pase en comisión en la Ursec.

“El punto acá, señor juez, surge que los expedientes en comisión de esa abogada están perdidos. No están físicamente y no sabemos si están digitalizados”, alertó Pérez.

Sostuvo que ese es otro de los aspectos “no menores” que forman parte de esta investigación penal.

“Recordará la sede (el juez) que el 1º de junio de 2020 ingresó una persona en la institución (Ursec) y comenzó a destruir documentos, papeles”, dijo Pérez, en alusión a que en esa ocasión pudieron haberse eliminado los documentos sobre el pase en comisión de la profesional. Y reiteró que esa acción “también está siendo investigada” por la Fiscalía.

“Este tema no es menor. Y tampoco resulta menor cuando de las actuaciones desperdigadas surge una solicitud de prórroga del doctor Cendoya del pase en comisión de dicha abogada. Ese expediente tampoco lo tenemos”, insistió el fiscal.

Y agregó que tratará de ubicar ese expediente en la Udelar o en la Ursec, porque la abogada es funcionaria de la casa mayor de estudios.