El falsificador Matías Campero, quien dejó en evidencia al Poder Judicial al liberar de la prisión efectiva a tres narcotraficantes con certificados médicos apócrifos, hoy se encuentra recluido en la Unidad N° 25, una cárcel de máxima seguridad construida dentro del penal de Santiago Vázquez.

Su situación es de un alto nivel de aislamiento ya que a los reclusos allí alojados se les controla durante 24 horas y casi no tienen contacto entre sí.

El falsificador fue formalizado el 9 de setiembre de 2023 por la entonces jueza de Crimen Organizado de 2° Turno, María Helena Mainard, por reiterados delitos de usurpación de título, y cuatro delitos de falsificación de documentos privados con reiterados delitos de estafa.

Se le imputó haber logrado la prisión domiciliaria para el narcotraficante Juan Antonio González Bica, quien había sido detenido tiempo atrás con 400 kilos de drogas, mediante certificaciones apócrifas. Otros dos traficantes de drogas también salieron en libertad gracias a los “papeles” que Campero lograba introducir en los expedientes judiciales.

Poco antes de fin de año, la fiscal de Estupefacientes de 1er Turno, Mónica Ferrero -hoy cumple también el rol de fiscal de Corte adjunta- y las fiscales Gabriela Fernández (adjunta) y Patricia de Amorín (adscripta), ofrecieron a Campero, a través de su abogado defensor, Bruno Terra, un acuerdo de ir a un juicio abreviado.

En esa ocasión, Campero no accedió al acuerdo porque temía que este se transformara en un antecedente para un juicio que enfrenta en Maldonado por el supuesto secuestro del padre de un narcotraficante.

Ayer la abogada de González Bica, Mercedes Acosta, fue condenada por falsificación de documentos privados y por estafa. La Fiscalía presume que la profesional actuó en complicidad con Campero.

Según supo El País de fuentes del caso, el abogado de Campero, Bruno Terra, se contactó ayer con la fiscal De Amorín para informar que su cliente pretendía llegar a un acuerdo para ir a un juicio abreviado por las estafas procesales que generaron descrédito en el Poder Judicial en setiembre de 2023.

Además de no estar cómodo en una cárcel de máxima seguridad, el abogado de Campero sabe que los cuatro equipos fiscales de Estupefacientes ya están constituidos y que dentro de ocho días otra fiscal de esa materia podría subrogar a Ferrero y a su equipo. Es decir, esa fiscal podría no estar de acuerdo en ir a un juicio abreviado.

En tanto, la fiscalía dirigida por Ferrero sí está dispuesta a alcanzar un acuerdo con Campero porque el delito más importante lo cometió en Maldonado (el secuestro). A la Fiscalía y a la defensa del falsificador solo les falta acordar el plazo de la condena.

Como Campero no cometió un delito vinculado con el tráfico de drogas, es muy probable que sea condenado por un plazo que ronde los tres años, según las fuentes consultadas por El País, ya que los delitos que se le imputan no tienen penas de penitenciaría muy elevadas.

De todas formas, las estafas procesales elaboradas por Campero siguen teniendo repercusión en la Justicia uruguaya.

El jueves 8, en un dictamen, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) entendió que el Juzgado de Crimen Organizado de 2° Turno, cuya titular era la jueza Mainard -hoy en el Juzgado Penal de 33° Turno- actuó en forma correcta al decretar la prisión domiciliaria de González Bica.

No obstante, la Corporación inició un sumario para un médico forense que dictaminó que González Bica sufría de enfermedades renales graves que no podían ser tratadas en una prisión. En base a ese dictamen y en una audiencia, Mainard resolvió la prisión domiciliaria de González Bica. Poco después, el traficante de drogas rompió la tobillera y huyó.

Campero dijo a su entorno que no llegó a ningún acuerdo con el médico forense para que realizara su dictamen sino que se aprovechó de las falencias del sistema. Aseguró, por ejemplo, que los médicos forenses no revisan a los presos y solo miran las historias clínicas y las certificaciones médicas.

Si el forense hubiera revisado a González Bica como dijo que lo hizo en su certificado, hubiera visto que el traficante de drogas no tenía ninguna fístula o catéter para realizarse las diálisis. “Campero conocía las carencias del Poder Judicial. Las capitalizó a su favor”, explicó una fuente del caso.

Con el correr del tiempo, Campero “perfeccionó” su técnica. Pedía para ver un expediente sobre un preso en la baranda de un juzgado. Cuando nadie lo veía, arrancaba hojas y colocaba otras que había confeccionado en su computadora. Esas hojas, que tenían el logo del Instituto Técnico Forense, también contaban con el validado electrónico del Poder Judicial y la fecha. El “informe” decía que el recluso tenía enfermedades cardíacas y renales. Todos los informes de Campero siempre mencionaban esas dos enfermedades ya que el falsificador sabía que ninguna cárcel poseía condiciones para atender a presos con dolencias renales.

Con el correr de las semanas, ese informe pericial falso se transformaba en uno más y luego era utilizado por el magistrado de turno para fallar. Ese “sistema” fue usado por Campero en por lo menos tres juzgados penales de Montevideo, en Libertad (San José) y Maldonado.

La osadía del falsificador Matías Campero no tenía límites. El 30 de mayo de 2023, cuando se discutía en un juzgado penal la prisión domiciliaria del traficante de drogas Juan Antonio González Bica, Campero se sentó en una silla del público y siguió de cerca la audiencia. En ese expediente había informes médicos falsos elaborados por el propio Campero que aconsejaban la excarcelación de González Bica. El falsificador engañó a todos los operadores judiciales.