Redacción El País
Se sospecha que el narcotraficante Juan Antonio González Bica –prófugo tras cortar su tobillera electrónica cuando estaba bajo prisión domiciliaria– pagó U$S 60.000 para conseguir certificados del Instituto Técnico Forense (ITF) que facilitaran su excarcelación, dijeron a El País fuentes del caso.
En el marco de la Operación César, en las últimas horas se dispuso la detención de cinco personas. El control de detención ya terminó en el juzgado especializado de Crimen Organizado, cuya titular es la jueza María Helena Mainard.
La investigación de la fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero, y la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid) continúa porque se sospecha que podría haber más casos en el departamento de Maldonado.
Hay un falsificador hoy preso que cobraba esos U$S 60.000 por falsificar informes médicos para que privados de libertad obtuvieran domiciliaras y tobilleras electrónicas, y salgan de la cárcel.
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