La investigación penal contra el senador del Partido Nacional Gustavo Penadés ingresa en una etapa definitoria. El pasado jueves un joven de 18 años concurrió al Consultorio Jurídico de la Universidad de la República solicitando ser asistido para presentar una denuncia penal contra el parlamentario.

Al día siguiente, la fiscal de Delitos Sexuales, Alicia Ghione, tomó declaraciones al adolescente, quien fue asesorado por los abogados del Consultorio Jurídico, Juan Raúl Williman y Soledad Suárez.

Durante su declaración, la víctima sostuvo que, al igual que otros seis casos, fue contactado por un “intermediario” amigo de Penadés. Se trata de un profesor del Liceo Militar, que hoy enfrenta una investigación ordenada por el ministro de Defensa, Javier García.

Según declaró el joven, el “intermediario” era el que negociaba las condiciones y el lugar del encuentro.

Es probable que esta denuncia acelere la citación de Penadés por parte de la fiscal Ghione. En la tarde de ayer, el director de Comunicación de la Fiscalía, Javier Benech, informó que Ghione le trasmitió que no había una fecha concreta sobre la declaración del senador ante la Fiscalía. De todas formas, Benech sostuvo que Ghione le indicó que había comunicado a la defensa del legislador que este iba a ser citado próximamente.

Para realizar esta citación, la fiscal no necesita solicitar un pedido de desafuero de Penadés al Parlamento. La convocatoria del legislador a la Fiscalía será en el marco de una investigación. Es decir, la Fiscalía todavía no llegó a una etapa de imputación. Si así hubiera ocurrido, la fiscal necesitaba que el Parlamento votara el desafuero antes de la audiencia.

La citación de Penadés a la Fiscalía es parte del derecho a la defensa del imputado. Allí el legislador podrá declarar y hasta mentir o abstenerse a testificar. Ello se basa en el principio de no incriminación de una persona.

De todas formas, la citación de Penadés es un hecho inédito en la historia judicial del país por dos razones: se trata de un parlamentario de amplia trayectoria y por el delito por el cual es investigado.

El Consultorio Jurídico de la Universidad de la República asesora a cinco víctimas. Otras dos presentaron denuncia en la Fiscalía sin contar con un abogado.

Los casos tienen coincidencias. Romina Celeste Papasso -la primera denunciante- y otros cuatro jóvenes fueron contactados en el pasado por el “intermediario” en la zona del Parque Batlle.

Tres de ellos se conocen entre sí, mientras que los otros dos no. De todas formas, sus perfiles son similares. Adolescentes que al caer la noche concurrían a la zona de Parque Batlle a esperar a personas adultas que los explotaban sexualmente a cambio de dinero. Los montos que recibían oscilaban entre $ 3.500 y $ 4.000.

Al igual que lo sucedido en Operación Océano, tres víctimas intercambiaron los números de teléfono del “intermediario” con el propósito de generar encuentros.

Entre los denunciantes todos coincidieron en que eran menores de edad cuando fueron contactados por “el intermediario”. Por ejemplo, Romina Papasso dijo que su vínculo con Penadés data de hace unos 16 años, por lo cual el delito podría haber prescrito. No obstante, otros jóvenes mantuvieron encuentros hace tres años o más y otros más recientes. La fiscal Ghione deberá probar que existió una promesa de retribución o una retribución del parlamentario al joven para que ejecute actos eróticos o sexuales. Ese delito tiene una pena de dos a cuatro años de cárcel.