La investigación que lleva adelante el fiscal de Delitos Económicos Alejandro Machado sobre posibles irregularidades en la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset a fines de 2021 está en una etapa de intensa actividad, con varias citaciones como indagados, lo que por estos días incluye a jerarcas de primera línea del gobierno.

Ayer compareció en Fiscalía el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel; hoy lo hará el titular de esta cartera, Luis Alberto Heber; mañana comparecerá la exvicecanciller, Carolina Ache; el viernes será el turno del canciller Francisco Bustillo; y en los días siguientes deberá responder las preguntas de Machado el abogado penalista Alejandro Balbi, figura crucial en el proceso administrativo que se llevó adelante en aquel momento para darle el pasaporte uruguayo al narcotraficante Marset, por entonces detenido en Dubái (Emiratos Árabes) por portar documentación paraguaya apócrifa. Y hasta el momento -y tomando en cuenta que también han declarado funcionarios de Cancillería que intervinieron en ese pasaporte- la tónica viene siendo la misma que cuando ambos ministerios hicieron sus respectivas investigaciones administrativas: concluir que la responsabilidad jurídica era de la otra Secretaría de Estado.

Pero la postura del fiscal es clara: en lo que respecta a determinar quién es el que “emite el pasaporte” en el exterior -que es este caso-, Machado no tiene dudas de que el responsable último es el Ministerio de Relaciones Exteriores, según indicaron a El País fuentes de la investigación.

¿En qué se basa la Fiscalía? En el artículo tercero del Reglamento relativo a la expedición de pasaportes comunes, títulos de identidad y de viaje, aprobado por el decreto 129 del 2014. Allí se establece que hay dos escenarios para determinar las “autoridades competentes para expedir Pasaporte Común”. Cuando el trámite se inicia dentro de “la República”, la autoridad es “el Ministerio del Interior por intermedio de la Dirección Nacional de Identificación Civil”. Pero si el proceso se inicia “en el exterior”, en ese caso es “el Ministerio de Relaciones Exteriores por medio de los Funcionarios Consulares”.

Este decreto, no obstante, fue modificado por otro de fecha 31 de julio de 2018, en donde se define que cuando el trámite comienza en el exterior ambas carteras son responsables “en el marco de sus atribuciones conforme a lo dispuesto en el presente decreto”, pero este cambio normativo fue dispuesto con posterioridad a la entrega del pasaporte en cuestión.

De todas formas, y aunque esto no le importa al fiscal, varias partes que intervienen en este caso ponen en tela de juicio esta conclusión -que es la misma a la que han llegado desde el principios las jerarquías del Ministerio del Interior-, como por ejemplo la defensa de Carolina Ache, que está a cargo del exfiscal de Corte, Jorge Díaz. Según supo El País, su convencimiento es sobre lo contrario, y entre otras normas tienen en cuenta la Ley Orgánica Policial, de enero del 2015, cuyo artículo 31 define que parte de los cometidos de la Dirección Nacional de Identificación Civil es “expedir la cédula de identidad, el pasaportes y constancias de la información registrada”. Otras normas, como el decreto 286 de 2015, indican que la Cancillería “expedirá” pasaportes pero los “tramitará” cuando estos son solicitados en el exterior.