Redacción El País
Lo que más quiere el Partido Nacional en relación al caso judicial del senador Gustavo Penadés -indagado por presunta explotación sexual de menores- es que el tema se resuelva lo más rápido posible para reducir al máximo los daños a la fuerza política -algo que también desea el propio involucrado, como lo dejó en claro en su declaración de prensa del 29 de marzo pasado.

Pero por más que la Fiscalía ha actuado con celeridad -ya cuenta con la declaración de ocho víctimas- y el Poder Judicial ya solicitó al Parlamento el desafuero del legislador, el asunto seguirá estando en el orden del día de los nacionalistas porque es un problema que deberá tratarse en el seno del directorio del partido, y porque el sistema político acordó ayer que la solicitud sea analizada primero por la Comisión de Constitución y Legislación y luego por el plenario de la cámara alta.

Esto último será así porque fue un requisito que planteó el Frente Amplio en las últimas horas. La bancada de la oposición pretende conocer con detenimiento los fundamentos de la fiscal Alicia Ghione para quitarle a Penadés la protección constitucional y habilitar así -21 votos mediante- que continúe la investigación penal.

En poder de la presidenta del Senado, Beatriz Argimón, está el dictamen fiscal de varias páginas que envió la Suprema Corte de Justicia, con la fundamentación del pedido de Ghione e información vinculada a los testimonios de las víctimas recogidos en la indagatoria, pero con menor detalle al que tendrá el dictamen de formalización, según supo El País.

De modo que, tal como pretendió la oposición, esta información será revisada en comisión, lo que implica que los integrantes de este ámbito puedan acceder a la carpeta elaborada por la fiscal. Frente a esto, los parlamentarios asumieron el “compromiso” de manejar el asunto con “prudencia” -que no es lo mismo que reserva-, como comunicó ayer en la tarde la senadora frenteamplista Amanda Della Ventura.

Por eso hay nacionalistas que entienden que Penadés debería renunciar al Partido Nacional -que tratará este tema en la sesión del directorio que se hará el próximo lunes- y a la banca que ocupa en el Senado -en el lugar del ministro Luis Alberto Heber- y permitir que el asunto se resuelva sin pasar por el proceso de desafuero. “Hay que tener sentido de la realidad”, afirmó uno de los legisladores blancos que mantiene esta posición.

También, aunque de momento no están los votos necesarios, en el Partido Nacional también se busca que el asunto se trate como “grave y urgente” y el desafuero pueda votarse a inicios de la semana próxima.

Desde que el 29 de marzo Penadés desmintió toda la acusación, negó ser un “pedófilo” e incluso aventuró que iniciaría una demanda por difamación, el senador herrerista no volvió a hacer declaraciones públicas, a excepción de las dos frases que pronunció a la salida de la declaración que hizo ante la fiscal en calidad indagado, el 25 de mayo pasado: “No tengo nada de lo que arrepentirme, no cometí ningún delito”.

Y esa es la firme posición que mantiene el senador en este proceso y que ha ratificado incluso en conversaciones con su círculo más cercano: que no tuvo relaciones sexuales con ningún menor y que es víctima de una red de “falsedades”.

Pero Penadés también ha manejado en conversaciones privadas, según supo El País, que entiende que el proceso tanto judicial como parlamentario adolece de algunas “irregularidades” que lo tienen molesto con la situación.

La principal crítica del legislador -y que es compartida con la defensa del profesor de historia del Liceo Militar que también está implicado en la causa- es que ni él ni su abogado conocen el nombre de las víctimas, lo que a su criterio lo deja en un estado de “indefensión”. Eso es algo que, para el senador, impacta también en el proceso que se seguirá en el Parlamento, pues la Constitución sostiene que “ningún Senador o Representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aún por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93, sino ante su respectiva Cámara”, y para que eso ocurra en el entorno de Penadés sostienen que quien va a ser acusado tiene que, al menos, “conocer el nombre de los denunciantes”.

Pero no será así, y los nombres de las víctimas no se harán públicos ni siquiera con las partes que intervienen en la causa, porque la Justicia declaró su reserva en atención a la vulnerabilidad de las víctimas y su posible “riesgo”, por al menos otros 120 días, como se decretó la semana pasada.

Penadés también se ha mostrado molesto con el hecho de enterarse de las “novedades” de su caso a través de la prensa o la televisión, y el poco tiempo que tuvo su abogado de estudiar la carpeta investigativa, a la que pudo acceder menos de 24 horas antes de su declaración ante la fiscal Ghione.

En el Herrerismo, mientras tanto, procesan desde hace semanas el impacto que ha supuesto este caso, que implicó el apartamamiento del sector de uno de los dirigentes más importantes de la agrupación, encargado de la articulación y liderazgo de gran parte de la estructura de Montevideo -es decir, de la Lista 71.

Entre quienes rodean al senador hay dirigentes que confían en su inocencia y tienen la esperanza de que todo será “aclarado” con el devenir de la investigación. Otros, en cambio, se mantienen al margen del avance de la causa, pero le dan respaldo y apoyo personal.