El 9 de octubre, el ministro de la Corte Electoral, Arturo Silvera, solicitó una reunión de carácter extraordinario de las autoridades del organismo. Al conformarse el cuerpo, Silvera informó que una funcionaria habría incurrido en una irregularidad al buscar identidades de víctimas vinculadas al caso Penadés en el padrón de la Corte Electoral. Inmediatamente, y por unanimidad, el organismo aprobó realizar una investigación administrativa para saber qué ocurrió.

La indagatoria interna incluyó a una funcionaria que trabajaba en el despacho de Silvera y a otro empleado -exsecretario del entones senador Gustavo Penadés- que cumplía funciones en la “Sección Recursos”, una repartición que depende de la Secretaria de Corte y a la que el funcionario ingresó el 1° de setiembre. Su puesto era un lugar clave ya que se accede a información reservada de la institución.

La funcionaria de ANEP, en comisión en el despacho del ministro Silvera, buscó, a pedido del exsecretario de Penadés, identidades de las víctimas que declararon en la fiscalía de Delitos Sexuales de 6° Turno, cuya titular es la fiscal Alicia Ghione. Esa funcionaria es hija de una conocida dirigente que participó en la fundación de la Lista 71. Mientras se sustanciaba la investigación, la Corte Electoral decidió que la funcionaria investigada saliera de licencia, mientras que el exsecretario de Penadés fue trasladado al Servicio Médico donde no maneja información clasificada.

Según supo El País de una fuente de la Corte Electoral, otros tres funcionarios fueron investigados porque habrían estado involucrados de alguna manera con las investigaciones irregulares a víctimas del caso Penadés.

Las fuentes expresaron que en la investigación administrativa la funcionaria del ministro Silvera reconoció haber buscado datos de los jóvenes denunciantes en la causa penal.

En la reunión de ayer de la Corte Electoral, el tema no fue tratado. El expediente sigue a nivel del departamento jurídico del organismo, expresó la fuente. Y agregó que “todos los funcionarios de la secretaria del ministro Silvera fueron citados a declarar en la Fiscalía”. Dichas convocatorias aún no se efectivizaron.

La fuente afirmó que la Corte Electoral realizó, además, un relevamiento de los funcionarios que ingresaron a la base de datos con el propósito de saber quiénes buscaron los nombres de víctimas del caso Penadés.

Ayer trascendió que el equipo de la Fiscalía de Delitos Sexuales, integrado por la fiscal Ghione y las fiscales adscriptas María José Brizco, Fulvia Favretto y Mariana Bentancor declararon el martes 31 y en la pasada jornada, en el marco de una investigación administrativa resuelta por la Fiscalía de Corte, sobre chats divulgados por el periodista Ignacio Álvarez en el programa “Santo y Seña” de Canal 4.

Durante el programa, Álvarez divulgó conversaciones de WhatsApp entre Ghione y el denunciante en el caso Penadés, Jonathan Mastropierro, donde brindaba información sobre la marcha de la investigación. En uno de los chats, la fiscal hizo una referencia a una “logia” de la Masoneria, que estaría vinculada con el caso Penadés.

Una fuente de la Fiscalía dijo a El País que Ghione y su equipo declararon que no incurrieron en irregularidad alguna porque normas que rigen el funcionamiento del organismo señalan que los fiscales deben mantener informadas a las víctimas sobre la marcha de las investigaciones.

El 28 de octubre, El País adelantó que el fiscal de Flagrancia de 15° Turno, Raúl Iglesias, investiga desde hace dos semanas a la militante nacionalista Romina Papasso tras un pedido del fiscal de Corte adjunto, Juan Gómez, a raíz de un chat falso. Gómez fue informado sobre la existencia de ese chat por la fiscal Ghione. La intención del fiscal Iglesias es llegar a un acuerdo con Papasso de ir a un juicio abreviado donde ella reconozca su responsabilidad en la elaboración del chat falso, dijeron fuentes del caso.

En un juzgado penal trascendió que Iglesias pedirá dos años de prisión para la militante por ese delito. Por su parte, el abogado de Romina Papasso, Claudio Chaben, anunció que presentará un recurso contra Iglesias.

Investigadores policiales, que trabajan bajo las directivas de la fiscal de Delitos Sexuales de 6° Turno, Alicia Ghione, continúan realizando análisis de los contenidos de los celulares incautados a imputados y testigos de la causa. Uno de los celulares retenidos fue el del exsenador blanco Gustavo Penadés. Antes de la audiencia, Ghione se reunió con la jueza Marcela Vargas y le planteó la necesidad de que dispusiera el decomiso del aparato, en forma sorpresiva y en plena sesión. La fiscal explicó a la magistrada que temía que Penadés pudiera borrar contactos con algunas de las víctimas. La jueza hizo lugar al pedido fiscal.