Fue hace un mes que la polémica se desató durante una de las audiencias judiciales que se realizaron en el marco del denominado caso Penadés. El 11 de setiembre el abogado del exdocente del Liceo Militar Sebastián Mauvezín, el penalista Juan Carlos Fernández Lecchini, planteó que no entendía por qué la Fiscalía demoraba en pedirle a Instagram y a la Policía datos sobre diversos chats relacionados con encuentros sexuales.

En uno de esos chats, que hoy se califican como falsos, el menor supuestamente le dijo a Mauvezín que estaba de acuerdo con mantener un encuentro con el entonces senador nacionalista Gustavo Penadés porque su madre estaba sin trabajo.

Desde que inició el caso, las miradas de los abogados de Penadés y de Mauvezín, César Vega y Fernández Lecchini, apuntaron contra la militante nacionalista, Romina Papasso, quien denunció públicamente a Penadés por un abuso sexual supuestamente cometido hace 16 años.

Esa denuncia pública de Papasso generó luego la causa penal contra el exsenador que hoy tiene 10 víctimas y un testigo.

Durante la audiencia, el equipo de la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6° Turno -integrado por la fiscal Alicia Ghione y las adscriptas María José Brisco, Fulvia Favretto y Mariana Bentancor- informó a la jueza de 36° Turno, Marcela Vargas, que ya había pedido a Instagram -cuya empresa administradora se llama Meta- informaciones sobre los IP de los chats referidos a encuentros sexuales.

La fiscal Ghione solicitó a Meta datos sobre una serie de perfiles de Instagram relacionados con dichos chats tras aclarar que esas conversaciones son reales porque surgen de una cuenta de la red social y de un IP.

De todas formas, la fiscal advirtió que sus contenidos sí podrían ser falsos.

La multinacional respondió enviando información a Fiscalía sobre varios perfiles. En el documento, Meta afirmó que los chats fueron enviados desde un teléfono celular perteneciente a un preso alojado en una cárcel en el interior del país, dijo Ghione al ser consultada ayer por El País.

La fiscal declinó informar el nombre o el lugar donde está recluido ese delincuente. Aunque sí expresó que el preso fue condenado por hurtos.

El 22 de mayo de este año, Ghione pidió también a la jueza Vargas que habilitara a la Fiscalía a solicitar información a la Policía sobre los IP de computadoras para poder conocer de dónde surgieron esos chats.

Esta semana también se dieron nuevos episodios. El miércoles 4, Ghione citó a un secretario y a otros dos exsecretarios de Penadés para solicitarles informaciones relacionadas con la causa. Sin embargo, solo uno de los citados testificó.

El 11 de setiembre, a la salida del Juzgado y en una improvisada rueda de prensa, el exsenador Penadés dijo que no tiene “la menor duda que son falsos” los chats de Instagram que están en la carpeta investigativa de la fiscal.

El exlegislador nacionalista insistió en que no conoce las identidades de ninguna de las víctimas que testificaron en su contra.

Por su parte, la abogada del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, Soledad Suárez, defendió la postura de la jueza y de la Fiscalía de mantener en reserva de los denunciantes.

Sí reconoció que había una nueva víctima -identificada con la letra k en el expediente judicial- y agregó que esta es defendida por el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República.

“La Sede y el Tribunal de Apelaciones han confirmado la reserva de las identidades de las víctimas”, resaltó.

El próximo martes 10 se realizará ante la jueza Vargas una audiencia que puede ser determinante. La fiscal Ghione y su equipo solicitarán la formalización de la investigación de Penadés por 10 delitos de promesa de retribución o retribución a menores de edad para que ejecuten actos eróticos.

Este ilícito tiene una pena de dos a 12 años de penitenciaría. La tipificación de ese delito podría ser clave para que el exsenador enfrente una prisión preventiva mientras se desarrolla el juicio penal.

La Fiscalía tiene un gran volumen de evidencias recolectadas en las declaraciones de las víctimas y de un testigo, además de materiales documentales como filmaciones y pericias.

Pero como presume que la solicitud de formalización será apelada por la defensa de Penadés, Ghione pretende contar con la mayor cantidad de pruebas en esa instancia. Por eso esperaba que la Policía Científica terminara con los análisis de los contenidos de los celulares de Penadés y de Mauvezín para pedir la audiencia de formalización a la jueza Vargas.