A partir de la próxima semana, la fiscal de Delitos Sexuales, Alicia Ghione, y las fiscales adscriptas María José Brisco y Mariana Betancourt prepararán las declaraciones anticipadas de ocho víctimas que figuran en el expediente referido a eventuales delitos sexuales cometidos por el senador blanco Gustavo Penadés.

El expediente, que contiene el desafuero votado por el Parlamento, ingresó ayer a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y luego será remitido al juzgado de 36° Turno cuya titular es la jueza Marcela Vargas.

La Fiscalía pretende que, al concretarse el desafuero de Penadés, la magistrada fije una urgente audiencia de “Prueba Anticipada” de las declaraciones de las víctimas con “reserva de sus identidades A, B, C, D, E, F, G” y de Romina Papasso, con citación de las partes.

“Teniendo presente que a la fecha de la audiencia de ‘Prueba Anticipada’, la Fiscalía agregará el orden de las declaraciones de las víctimas, con el pliego de preguntas correspondientes”, explica el documento de la Fiscalía enviado al Parlamento.

En casos de delitos sexuales que involucran a menores, los testimonios de los damnificados se hacen mediante una Cámara Gesell. Los denunciantes se ubican en un espacio aparte que cuenta con el apoyo de un psicólogo, con audio y video. En otra habitación, abogados de Penadés y del profesor del Liceo Militar escucharán los testimonios y podrán hacer preguntas.

En otras ocasiones, los abogados defensores podían conocer la identidad de las víctimas para poder llevar a cabo una efectiva defensa de los acusados. En esta instancia, Vargas deberá pronunciarse sobre el planteo de la Fiscalía de ocultar los datos filiatorios de las víctimas.

En el escrito de desafuero del senador blanco, la Fiscalía explicó sobre el motivo que la llevó a pedir la protección de las identidades de los damnificados. Sostuvo que, como investigadores y responsables también de los denunciantes, la Fiscalía “tiene la necesidad de que se levanten los fueros de Penadés a fin de que el mismo pueda comparecer a instancias judiciales con las debidas garantías y que las víctimas puedan declarar anticipadamente ante la Justicia Penal, con la libertad necesaria”.

Asimismo, esta Fiscalía “necesita poder continuar la investigación y pedir evidencias que le son negadas o no se pueden solicitar, sin previo desafuero. Es necesario solicitar la prueba anticipada (declaración) de las víctimas a la brevedad; para luego de ello proceder a solicitar la formalización de los imputados”, sostiene el documento de la Fiscalía de Delitos Sexuales enviado al Parlamento.

Y advirtió que “sin duda” los derechos de los niños y adolescentes a proteger con el avance de la investigación “están por encima” de los derechos de otros adultos, según lo expresan las normas internacionales de derechos humanos y el propio Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA).

Después de una sesión con varios cruces entre legisladores de la coalición y el Frente Amplio, se aprobó en unanimidad el desafuero de Penadés, solicitado por la fiscal Alicia Ghione. Minutos antes de que concluyera la jornada, la vicepresidenta Beatriz Argimón comunicó a los presentes que el Parlamento había notificado la resolución de la cámara a la Suprema Corte de Justicia. De esa manera (y después de casi cuatro horas de discusión), terminó el tratamiento de un asunto histórico para el Parlamento.

Durante la sesión, el Frente Amplio cargó contra el ministro de Interior, Luis Alberto Heber, y Presidencia de la República por la actitud que se tomó ante las denuncias contra el senador. En concreto, el senador José Carlos Mahía acusó al líder de la cartera de “priorizar su vínculo personal” y de obviar su “responsabilidad que incluye, entre otras artistas, la protección de las víctimas”.

En defensa salió el senador blanco Rodrigo Blás, quien ocupará el lugar de Penadés. A su turno, señaló: “¿Por qué transformamos la opinión de un amigo, que todos en distintas circunstancias de compañeros complicados hemos dicho de darle la derecha?”. Y añadió: “Si de este desafuero resulta la culpabilidad de la persona, habrá sido el autor de uno o varios hechos aberrantes e indignos de cualquier ser humano. Si de la Justicia resulta que no fue así, habremos -prensa, nosotros y todos- destruido la reputación y moral de un ser humano”.

Una de las intervenciones que más críticas generó de la oposición fue la de Guillermo Domenech. El presidente de Cabildo Abierto indicó que “se está sentando un antecedente peligroso” al votar el desafuero que pidió la fiscal, y argumentó que hay que cuidar el “principio de inocencia”. También apuntó contra Fiscalía, como lo ha hecho en reiteradas oportunidades: “A mí no me merece confianza”, dijo y añadió que, en su opinión, “se condena a un senador sin haber podido compulsar una sola prueba”.

También aclaró que no le importa el “condimento de sexo que se le ha puesto a este asunto” y enfatizó que repudia los delitos sexuales.

Después de la intervención de Domenech, el senador frentista Charles Carrera defendió el accionar de Fiscalía, y opinó que no se puede “permitir un ataque” al trabajo que realiza esta institución ni al “sistema de Justicia”. Por su parte, su correligionaria Liliam Kechichian aseguró que consideran “serio” el documento que les llegó en la tarde de ayer por parte de la Suprema Corte de Justicia. “Contiene las garantías que la Justicia debe dar”, añadió.

Por su parte, el senador colorado Adrián Peña, tercero en tomar la palabra, afirmó que era un “momento difícil” para el Parlamento por la “persona que involucra” la causa. Horas más tarde, su par Carmen Sanguinetti aclaró que la decisión de votar el desafuero de la bancada no era a raíz del pedido de Penadés ni de los legisladores del Partido Nacional. “Lo hacemos porque entendemos que es lo que hay que hacer”, añadió la integrante de Ciudadanos.