La acusación en el Juzgado Penal contra cinco imputados del caso Penadés se desarrollaba en forma normal. Durante más de tres horas, la fiscal de Delitos Sexuales de 6° Turno, Alicia Ghione, secundada por las fiscales adscriptas Mariana Bentancor y Fulvia Favretto, relató los hechos investigados que afectaban a cuatro víctimas de la causa.

Según Ghione, del celular del exdirector del ex Comcar y de la Oficina de Información Táctica del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) Carlos Taroco surgió la existencia de “un plan” para “salvar al amigo” en referencia al exsenador Gustavo Penadés. Agregó que dicho plan consistía en investigar a los denunciantes Jonathan Mastropierro y Romina Celeste Papasso y seguirlos con el objetivo de llegar a las otras víctimas del caso. “La finalidad era amedrentarlas, extorsionarlas y convencerlas de no declarar (en la Fiscalía). La búsqueda de víctimas la hicieron durante meses, dentro y fuera de los centros de reclusión”, afirmó Ghione en la acusación.

En ese sentido, señaló la fiscal, Taroco podía acceder con “gran facilidad” a información relativa a presuntos damnificados privados de libertad, así como a ellos mismos proponiendo acuerdos y tratando de silenciarlos. De esta forma, agregó Ghione, Taroco y los restantes imputados comenzaron a vincularse el 3 de mayo de 2023 para llevar adelante ese plan. “Comenzaron a organizar allí la trama para como dicen ‘salvar al hombre’ refiriéndose a Gustavo Penadés”, señaló.

La fiscal afirmó en la acusación que el funcionario del Parlamento y del Parlasur, Diego Cuiñas, se contactó con Taroco para ayudar a Penadés a “cambio de dinero”. Posteriormente, Taroco “armó un equipo de trabajo” para investigar a las víctimas, sus vínculos entre ellas y confeccionar “una trama”.

Cuiñas, el funcionario del Parlamento, le dio participación a Matías C., quien le entregó tiempo después a Penadés un sobre cerrado conteniendo un flujograma con Mastropierro en el centro y flechas hacia cuatro víctimas que resultaron identificadas por el grupo.

Foto: Francisco Flores

“Se coordinaban reuniones en la casa de Marce (el imputado Marcelo G., un exfutbolista y entrenador). Allí se reunían los también investigados Marcelo G., Diego Cuiñas, Carlos Taroco y Gustavo Penadés”, explicó Ghione a la jueza de 36° Turno, Marcela Vargas.

Hasta aquí el relato de los tres civiles imputados. Luego Ghione se refirió al papel del policía Federico Rodríguez, mano derecha de Taroco, señalando que se acercó a Mastropierro con el objetivo de sustraerle información.

Y agregó que otro policía, Marcos Q., fotografió uno de los encuentros entre Mastropierro y Rodríguez.

“El trabajo de inteligencia fue costeado por Penadés. Se estaba haciendo una investigación paralela, irregular e ilegal y cada uno de los imputados cumplió un rol”, dijo la fiscal.

Al llegar a dos horas de comenzada la instancia judicial, Ghione informó a la jueza Vargas, que había llegado a un acuerdo de ir a un juicio abreviado con los abogados de los cinco imputados.

En ese momento, la abogada de las víctimas y del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, Soledad Suárez, advirtió que los imputados hicieron un “uso ilícito” del aparato del Estado para “agredir” a víctimas de explotación sexual.

“Se buscaba la impunidad de los delitos de explotación sexual por parte de una persona que ostentaba el cargo de senador. Acá estamos ante un caso de violencia de género”, agregó Suárez. Y exigió que los imputados cumplan con una pena pecuniaria -12 ingresos o 12 salarios mínimos- como lo establece la Ley de Género.

Los abogados de Cuiñas, Enrique Moller y Fiorella Gambarino, rechazaron el planteo y se generó un enfrentamiento a gritos en la audiencia.

Moller señaló: “Se acordó ir a un juicio abreviado con la Fiscalía. Llegamos acá de buena fe. Los abogados de la víctimas (Suárez y Juan Raúl Williman) son parte coadyuvante de la Fiscalía”.

La fiscal Favretto replicó señalando que la pena pecuniaria “viene después” de la sanción penal acordada entre ambas partes. “Nosotros no podemos dejar de lado”, advirtió.

Acto seguido, otros dos defensores de imputados se plegaron a la posición de Moller y anunciaron que iban a acordar el juicio abreviado pero presentarían recursos de apelación contra la sanción económica.

En ese instancia, la jueza Vargas decidió realizar una pausa de la audiencia. Era la tercera.

Al retomar la audiencia, uno de los imputados dijo a la jueza que aceptaba el acuerdo.

La fiscal Ghione advirtió a los defensores de Cuiñas y del policía Federico Rodríguez que iba a solicitar la prisión preventiva para ambos. Y señaló que Cuiñas, además, iba a ser investigado por otro ilícito.

En ese momento, uno de los imputados se agarró la cabeza con las manos. Ya estimaba que pasaría las fiestas de fin de año lejos de su familia.

Minutos más tarde, los dos abogados dijeron que sus defendidos no apelarían y que estaban dispuestos a pagar la pena pecuniaria a las víctimas. Finalmente, los cinco imputados enfrentarán penas de prisión domiciliaria y libertad a prueba.