Gustavo Penadés, exsenador nacionalista luego de que la cámara votara su desafuero por unanimidad, continúa siendo investigado por abuso y explotación sexual de menores. Hasta ahora son nueve las víctimas que lo han denunciado en Fiscalía y cuatro de ellos todavía son menores: tienen 15, 16 y dos 17 años. Otras dos personas ofician como testigos. Una de las cosas en la que más insistió la fiscal Alicia Ghione es en la reserva de identidad de todas estas personas, algo que además fue solicitado por ellos mismos cuando realizaron la denuncia.

El abogado que representa a varias de las víctimas, Juan Raúl Williman, dijo a El País que se trata de personas “especialmente vulnerables” y, por tanto, “el pasaje por el sistema debe ser el menos revictimizante posible”. En este sentido, indicó que dos varones menores de edad se niegan a declarar en caso de que se levante la reserva de identidad y cree que otras de las víctimas, incluso algunos mayores de edad, tampoco hablarían si no tuvieran esta garantía. El anonimato “es determinante para que haya declaraciones”, apuntó.

Javier Vega y Juan Carlos Fernández, abogados de Penadés y del profesor de Historia Sebastián Mauvezín (respectivamente), impugnaron la reserva de identidad de las víctimas, pero esta solicitud fue rechazada por la jueza Marcela Vargas. Estos, entonces, decidieron apelar. La decisión final la tomará un Tribunal de Apelaciones y, hasta que se manifieste el veredicto, el equipo fiscal decidió no tomar declaraciones a los jóvenes.

La reserva de identidad (que no se divulguen nombres, domicilios u otros datos identificatorios) implica que se tomen declaraciones anticipadas, es decir, que las víctimas no declaren en juicio oral frente a los denunciados, los abogados de ambas partes y el equipo fiscal, sino que lo hagan con anterioridad. Un funcionario especializado del juzgado será quien les hará las preguntas y también estará presente un juez de garantías.

La declaración, que será filmada y grabada, se realizará una sola vez y se utilizará un distorsionador de voz y la imagen desenfocada de los denunciantes.

Cuando la fiscal Ghione solicitó el desafuero de Penadés, también argumentó por qué es imprescindible que no se divulgue la identidad de las víctimas en este caso. En primer lugar, señaló que algunas continúan siendo menores de edad y el Código del Proceso Penal, la Ley de Violencia Basada en Género y el Código de la Niñez y la Adolescencia -entre otras normas- establecen que es el deber de la Justicia protegerlos frente a esta asimetría de poder con la persona a quien denuncian. Pero la medida también se solicitó porque se detectaron amenazas hacia denunciantes.

“Tenemos información de las víctimas que han declarado respecto a que fue amenazada la familia de uno de los adolescentes (víctima “F”) que iba a venir a declarar; dado que el mismo fue identificado a través del programa de televisión ‘Santo y Seña’, del periodista Ignacio Álvarez. Por esa razón la familia no quiso acercarse a prestar declaración e incluso se lo impidieron a su hijo”, establece la solicitud de reserva de Fiscalía del 19 de mayo pasado.

“De allí que tengan las víctimas temor a las represalias, en especial aquellas que con sus declaraciones pueden ser fácilmente identificadas (por fechas o lugares)”, continúa el texto.

Ghione también hizo referencia al homicidio de un joven de 17 años, Sebastián Barbieri Franco, cuyo cuerpo fue hallado con 13 impactos de bala el 17 de abril en el barrio Sayago.

“Algunas de las víctimas declarantes aseguran que había salido muchas veces con el senador Penadés y estaba dispuesta a realizar la denuncia en sede Fiscal”, apuntó. Pero este homicidio, según dijo, provocó que otros adolescentes allegados a Franco “se asustaran y no quisieran acercarse a prestar testimonio, tal como lo han manifestado dos víctimas”. Sin embargo, la fiscal aclaró que el homicidio todavía no está resuelto y podría tratarse de un conflicto por venta de drogas.

En ese mismo documento, Ghione detalló que uno de los denunciantes, de 15 años, fue a hablar con la Unidad de Víctimas y Testigos para contarle a las técnicas que lo habían amenazado: “Nos manifestó muy asustado que había sido amenazado por Instagram (red social) a través de un perfil que le solicitó amistad y él desconocía”. El usuario le dijo que “no venga a declarar contra Penadés y Mauvezín”, indica el documento.

Además, la fiscal del caso destacó que los dos indagados utilizaban este mismo mecanismo para ponerse en contacto con los adolescentes explotados, “por lo que presumiblemente pueda estar relacionado”.

Por otro lado, semanas atrás fue vandalizado el muro de la casa de Romina Celeste Papasso, la denunciante que dio inicio a la investigación contra el exsenador. “Andate de acá, en este barrio no te queremos y callate la boca”, escribieron en el muro, algo que para Ghione es “un claro intento de silenciar a la denunciante”.

¿Cómo funciona la declaración anticipada para así preservar el anonimato de las víctimas? Dado que las preguntas hacia las víctimas las haría un funcionario especializado del juzgado por fuera de la investigación, lo primero que se debe hacer es determinar qué preguntas se le harán a los denunciantes. Para eso, la Justicia dispone una audiencia de debate de preguntas en la que participan los abogados de ambas partes y el equipo fiscal. Finalmente, el juez resuelve cuáles de ellas son las definitivas.

La declaración de las víctimas se videograba y esa filmación luego se reproduce en el juicio. Una vez que las partes ven la declaración, en donde la voz de la víctima está distorsionada y la imagen desenfocada, el funcionario especializado va a la sala donde están los acusados, abogados y el equipo fiscal para saber si alguna de las partes desea repreguntar (preguntas aclaratorias) y de ser así vuelve al salón donde está la víctima y le hace estas otras preguntas. La ley establece que siempre que la víctima sea menor de edad, nunca puede declarar en juicio, siempre lo hace en un salón aparte.