La fiscal Mónica Ferrero dijo ayer a la jueza de Crimen Organizado, María Helena Mainard, que en poco tiempo pedirá la detención de una segunda abogada por generar la liberación de narcotraficantes mediante certificados médicos adulterados.

“La Fiscalía está denodadamente investigando la situación de otra profesional. Fue reinterrogada. Es inminente que la Fiscalía va a pedir la prisión respecto de esa persona, pero no será ahora”, dijo ayer Ferrero a Mainard en una audiencia en el Juzgado de Crimen Organizado de 2° Turno.

El caso se remonta a mediados de mayo de este año cuando se descubrió que el falsificador Matías Campero, haciéndose pasar por abogado, había adulterado documentos médicos para obtener la libertad domiciliaria de por lo menos dos traficantes de drogas, Juan Antonio González Bica -hoy prófugo- y de Antony Suárez. La Fiscalía investiga, además, si el propio Campero adulteró certificados para salir en libertad vigilada del penal de Las Rosas luego de tres meses de prisión cuando había sido imputado por secuestro y privación de libertad.

En la audiencia se discutió la prórroga de la prisión preventiva para Matías Campero y Antony Suárez.

Las fiscales Ferrero y Patricia Amoretti (adscripta) recordaron a la jueza Mainard que las medidas cautelares para los tres imputados vencían el 8 de enero de 2024. Es decir, durante la feria judicial mayor.

Amoretti dijo, además, que la Fiscalía tiene negociaciones avanzadas con los abogados defensores de los imputados Bruno Terra, Marcelo García y Pablo Suárez Mansilla, para llegar a un acuerdo abreviado.

Según supo El País, Campero iba a firmar ayer un acuerdo con la Fiscalía donde reconocía la autoría de ilícitos y poco antes a la audiencia lo rechazó.

De todas formas, la fiscal Amoretti explicó a la magistrada que estaba “en tratativas” con los imputados para acordar un juicio abreviado.

Las negociaciones están más avanzadas en los casos de Antony Suárez y de Mercedes Acosta. Ayer la jueza Mainard autorizó las conducciones de ambos imputados a la sede de la Fiscalía en los primeros días de febrero, cuando se reanude la actividad judicial, para firmar dichos acuerdos de ir a un juicio abreviado con las fiscales Ferrero y Amoretti.

En la audiencia, la fiscal Ferrero argumentó sobre los motivos que obligaban a la Fiscalía a pedir ayer a la jueza Mainard una extensión de la prisión preventiva para Campero, Suárez y Acosta. Estos son: entorpecimiento de la investigación y el riesgo de fuga. Y luego solicitó 90 días de medidas cautelares para Campero y Suárez, las que vencerán el 21 de marzo de 2024. En tanto, el pedido de extensión de la prisión preventiva para Acosta fue por 60 días. Es decir, hasta el 21 de febrero del próximo año.

Los abogados Terra y García, defensas de Matías Campero y de Antony Suárez, respectivamente, no se opusieron al planteo de la Fiscalía. Sin embargo, Suárez Mansilla, asesor legal de Acosta, objetó la solicitud fiscal señalando a Mainard que esta “estaría vulnerando” los presupuestos del Código de Proceso Penal, que señalan que los imputados tienen derecho de aguardar los resultados de una investigación en libertad. “No se configuran los elementos que justifiquen la prisión preventiva de mi defendida”, dijo Suárez Mansilla, en alusión al peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. “La Fiscalía posee todas las pruebas. Y acá no hay víctimas”, agregó.

Suárez Mansilla afirmó que hay otros implicados que ejercen el Derecho con responsabilidad en más de 15 prisiones revocadas gracias a certificados médicos truchos. “Esta defensa va a solicitar por lo menos un abatimiento de la prisión preventiva para mi defendida (Acosta) de 60 días”, dijo.

Ferrero reconoció que negociaba con Suárez Mansilla un acuerdo abreviado para la abogada Acosta y señaló que había pedido un plazo genérico de medida cautelar.

Tras sostener que el Tribunal de Apelaciones no se había expedido aún por un cambio de medida cautelar para Acosta, Ferrero estuvo de acuerdo en disponer para la profesional un plazo de prisión preventiva de 60 días. No obstante, discrepó con García Mansilla sobre que en el caso no había ninguna víctima. “Sí hay una víctima. La víctima mayor es el Poder Judicial”, señaló Ferrero en alusión a que las certificaciones médicas falsas indujeron a error a jueces y estos otorgaron liberaciones a narcos.

Al finalizar la audiencia, Mainard hizo lugar al pedido de la Fiscalía y otorgó una prórroga de las tres prisiones preventivas.