LAS DENUNCIAS DEL MSP

La denuncia presentada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) contra las autoridades de lo que fueCasa de Galicia -y sus respectivas ampliaciones- alertan sobre una larga lista de irregularidades. Estas van desde la emisión de cheques sin fondos por millones de dólares, a la adquisición de una clínica por tres millones y medio de dólares sin una tasación previa, y a una maniobra a través de una casa de cambios por la cual su expresidente, Alberto Iglesias, habría retirado en efectivo el equivalente en pesos de US$ 180.000. La defensa del exjerarca sostiene que todo lo denunciado por el MSP tiene una explicación.

Gilberto Rodríguez, el fiscal de Delitos Económicos que trabaja en la causa, solicitó el 8 de julio pasado al MSP agregar a la denuncia penal información contable producida en auditorías, además de datos que fueron relevados por los síndicos de la exmutualista. También pidió que le proporcionaran las conclusiones a las que arribó una consultora privada que analizó la situación económica.

La denuncia penal contra Casa de Galicia fue redactada por el abogado penalista Gustavo Bordes y presentada el 3 de diciembre del año pasado. Luego, el 29 de diciembre, el director general de la Junta Nacional de Salud, Alberto Yagoda, y el director de la División de Servicios Jurídicos, Martín Thomasset, presentaron una ampliación. El texto señala que fueron las interventoras de Casa de Galicia las que le hicieron llegar a la cartera de Salud Pública un informe donde se detallan una “serie de hechos de apariencia delictiva”.

“Si bien Casa de Galicia tenía una Comisión Directiva en funciones, en los hechos era dirigida y gerenciada por quien era el presidente de la misma, el señor Alberto Iglesias. En el transcurso de la labor que nos encomendara, fuimos detectando y documentando un conjunto de hechos y circunstancias irregulares que venimos a poner a vuestro conocimiento”, señala la denuncia del MSP, citando a las interventoras, y enumera las nueve irregularidades.

Primero dice que “se liberaron cheques (en Casa de Galicia) por millones de dólares que no tuvieron fondos”. Además, se encontraron cheques que “fueron firmados en garantía, con doble cobertura, ante la devolución de préstamos a acreedores financieros”.

En segundo término, la cartera advirtió que “se pagaban tasas de usura a acreedores financieros”, y que “en algunos casos se utilizaba un procedimiento por el cual se firmaban contratos a tasas legales, pero luego se pegaban sumas superiores que no reflejaban las tasas realmente acordadas”.

Luego, en tercer lugar, se advierte que a los pocos días de que se presentara la solicitud de concurso, Iglesias “firmó órdenes irrevocables de pago a acreedores financieros y otras para ser abonadas por un Fideicomiso de Administración acordado con República Afisa, lo que implicó la cesión de créditos hasta entrado 2024”.

El cuarto punto se refiere a la adquisición de una clínica de los doctores Leborgne, una operación que según el MSP fue por tres millones y medio de dólares, y que se hizo sin tasaciones previas del equipamiento ni de la marca en cuestión. No hubo “informes técnicos de ningún tipo”, se advierte.

“En Casa de Galicia no hay documentación al respecto y no se conoce el nombre de las personas que asesoraron en el proceso de compra. Resultado de ello, Casa de Galicia quedó con el 51% de las acciones y dos personas con el restante 49% del paquete accionario, cuyo aporte está asociado a un crédito del Banque Heritage, el cual es amortizado por la propia clínica”, agrega.

En quinto término, la denuncia de Salud Pública advirtió que el ingreso de dinero por préstamos financieros a la institución por sumas millonarias “carecía del debido control sobre el origen de los fondos”. Y en sexto lugar que “no existía oposición de interés dentro del proceso de compras (...) La detección de una necesidad, la elección del proveedor, la negociación, la firma de contratos o acuerdos, la conformación de la factura y la autorización para el pago, todo pasaba por Iglesias y una persona de su confianza, el cual lamentablemente se quitó la vida dos días después de efectivizada la intervención del Poder Ejecutivo”.

En séptimo lugar, la denuncia señala que las retenciones efectuadas sobre los sueldos de los funcionarios de Casa de Galicia -ya sea por alquileres, cuotas del Banco Hipotecario, de cooperativas de ahorro y crédito, o de la Agencia Nacional de Viviendas- “no fueron vertidas a los organismos e instituciones correspondientes”.

El octavo punto vuelve a referirse a un local de la Clínica Leborgne, ubicado en el barrio de Punta Carretas, que fue alquilado -sostiene el MSP- a través de “un contrato entre particulares”, aunque “el pago lo realizó Casa de Galicia”.

El noveno y último ítem se refiere a un Centro Oftalmológico, ubicado en el inmueble de Casa de Galicia sobre la Avda. Centenario, que según la denuncia debía realizarse a cuenta de un médico a cambio de un comodato por 10 años, pero finalmente la obra fue pagada por la mutualista.

Al finalizar el informe, se señala que los hallazgos “son algunos graves” y otros de “extrema gravedad”, y que estos “podrían haber incidido” en la situación financiera que provocó el cierre de la institución.

Por su parte, el abogado de Iglesias, Enrique Moller, afirmó a El País que su cliente “ya está preparado para la audiencia” y que allí “dará todas las explicaciones” sobre lo ocurrido durante su gestión al frente de la institución.

El 30 de diciembre del año pasado, el MSP presentó una ampliación de denuncia y dijo al fiscal que había recabado nuevas pruebas. Sucede que el 8 de diciembre las interventoras, Alicia Rossi y Nuria Santana, habían presentado un nuevo informe acerca de otro hecho que la cartera definió como “gravísimo”. Según allí se detalla, en medio de la crisis -el 11 de octubre de 2019- Casa de Galicia había comprado un inmueble en las calles Centenario y Luis Alberto de Herrera por US$ 800.000.

La institución, se advierte, entregó cuatro letras de cambio por US$ 50.000 cada una de un banco de plaza como forma de pago. Los restantes US$ 600.000 se debían depositar en diversas cuentas de los vendedores. La mitad se pagó a través de la cesión de un fideicomiso de la mutualista Gremca.

Para los restantes US$ 300.000 se pidió un préstamo de US$ 480.000 a un grupo de clientes de Corredores de Bolsa. Con esto se cerró la compraventa del inmueble.

Por el saldo de US$ 180.000, el contrato del préstamo establecía que debían ser depositados en la cuenta de un cambio. Las interventoras reclamaron, entonces, que este dinero fuera enviado a las arcas de Casa de Galicia. Sin embargo, el cambio les informó que este había sido retirado por Iglesias luego de cambiarlo a pesos, llevándose así $ 7.596.000.

“(El cambio) llamativamente informó que esa importante suma de dinero se habría entregado en efectivo a Iglesias el 10 de febrero de 2021”, dice el documento entregado al fiscal. Y concluye: “Carece de total sentido y resulta inexplicable que el presidente de la institución concurra personalmente a una casa de cambio, ordene se cambie el dinero a pesos y los retire en efectivo sin que existan indicios, según lo que se sabe hasta el momento, que ese dinero haya ingresado a Casa de Galicia”.

Finalmente, la denuncia del MSP considera que en la gestión de la mutualista “prima facie” se podría estar ante los delitos de estafa, apropiación indebida, asociación para delinquir, libramiento de cheques sin provisión de fondos, libramiento de cheque en garantía y usura, sin perjuicio de otras figuras penales, las cuales se analizarán en su momento.

Un informe fechado el 26 de agosto de 2021, elaborado por el expresidente de la Junasa, Luis González Machado, y elevado luego a la Justicia, es el primer mojón de cara a lo que fue el cierre de Casa de Galicia.

En el documento se advierte que la histórica institución -que solicitaba se le prestase dinero- ya había accedido a dos fideicomisos a través del Fondo de Garantía para mutualistas, uno en 2012 y otro en 2019 -fuentes del MSP sostienen hoy que este último fue negado por el entonces ministro, Jorge Basso, en varias oportunidades, pero el presidente Tabaré Vázquez finalmente decidió otorgarlo.

El informe de González Machado dice que para cada fideicomiso la mutualista presentó planes de reestructura “con medidas que solo fueron cumplidas (en) muy escaso grado, no logrando en 10 años desde el otorgamiento del primer fideicomiso una mejora de la situación económico financiera”.

En este sentido, a setiembre de 2020 (poco más de un año después de otorgado el segundo fideicomiso), el pasivo total de Casa de Galicia era de $ 3.232 millones, equivalentes en ese entonces a US$ 75 millones.

González Machado añadió que “la institución incumplió sistemáticamente con la obligación de aportar información” sobre sus gastos, al tiempo que “derivó el forma inconsulta parte de los fondos a nuevos emprendimientos”, entre ellos la compra de parte de una clínica de radioterapia.

En la demanda presentada por el MSP se da cuenta de que a partir de este informe es que se decide, en octubre de 2021, la intervención de Casa de Galicia. Y desde ese momento es que se empieza a hacer un “relevamiento de diversos aspectos financieros, contables, asistenciales, contractuales y de gestión” de la institución, que llevaron -señala la cartera- a denunciar los “hechos de apariencia delictiva”.