INVESTIGACIÓN

A pedido del fiscal de Chuy, Andrés Moller, la Justicia imputó a tres individuos por asociación para delinquir y trata de personas con fines de explotación laboral, según informó ayer la Fiscalía de la Nación en su cuenta de Twitter.

La Justicia dispuso como medida cautelar la prisión preventiva para los tres procesados por 150 días mientras continúa la investigación de Moller y de un equipo de la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol.

En el caso debió intervenir la Unidad de Víctimas de la Fiscalía de la Nación, ya que había 11 damnificados, de los cuales cinco son menores.

“Se trata de una organización integrada por dos ecuatorianos y un venezolano. Las víctimas eran venezolanos que eran captados a través de internet”, dijo a El País el director de comunicación de la Fiscalía, Javier Benech.

Con la promesa de un buen trabajo, los interesados viajaban de Venezuela a Uruguay. Se trataba de personas que enfrentaban una difícil situación social y económica en su país de origen.

Benech dijo que, al arribar a Uruguay, las víctimas eran alojadas en un hostel. Y agregó que luego los venezolanos eran obligados a salir a la calle a buscar donaciones para una supuesta protectora de animales.

Cada uno de ellos recaudaba un promedio de $ 2.000 por día. Tanto los adultos como los niños salían a pedir las donaciones, señaló Benech. Ello significaba que los ingresos que tenía la organización rondaban los $ 20.000 diarios. “Las víctimas trabajaban por el alojamiento y un plato de comida”, dijo Benech.

Dada la situación que vivían en Venezuela, los damnificados no se daban cuenta que se encontraban en una situación de esclavitud o semiesclavitud.

Benech afirmó que en ningún momento estos se visualizaban como perjudicados, lo que obligará a la Unidad de Víctimas de la Fiscalía a realizar un trabajo con ellos. “Era una organización piramidal. Ahora se tratará de ubicar a los cabecillas”, agregó.