Redacción El País
El caso de Yamandú Orsi sacudió la escena política y judicial en las últimas horas. Tanto Romina Celeste Papasso, que lo denunció públicamente, como Paula Díaz, que presentó una acusación formal ante la Policía, desmintieron sus versiones iniciales y desligaron al exintendente de Canelones de la presunta agresión.

"La denuncia a Orsi es falsa. Esta persona (Díaz) es una consumidora de pasta base. Yo la acompañé a la seccional 10. A esa persona nadie la obligó a nada. La persona fue porque quiso ir”, sostuvo Papasso al periodista Diego Martini el viernes. “Toda la historia de la nariz es de ella. Esa es una denuncia y un testimonio falso”, añadió.

"No fue Orsi. No lo conozco ni personalmente”, dijo Díaz al programa Santo y Seña de Canal 4 este domingo. “Romina fue un día a mi casa, y no estaba bien, y me dijo: ‘Vamos a denunciar a Orsi’. Cuanto más lo enchastres, mejor va a ser”, contó y luego añadió: “Al otro día de hacer la denuncia me cayó la ficha de lo que había hecho”.

El País confirmó que Papasso fue detenida este lunes, y se realizaron allanamientos y se incautaron dispositivos electrónicos en el marco de la investigación. También rige un pedido de captura para Díaz.

Ambas pidieron disculpas a Orsi, pero el tema podría no terminar acá. Reconocidos abogados penalistas aseguraron a El País que en este caso podrían caber diversas figuras delictivas tanto a Díaz como a Papasso, que tiene un antecedente penal por un delito de atentado contra una funcionaria de la Intendencia de Montevideo a la que escupió durante un acto en la explanada de la comuna en el que participó Luiz Inácio Lula da Silva.

Foto: Juan Manuel Ramos

El abogado Juan Fagúndez opinó en diálogo con El País que "las dos personas que intervinieron en este simulacro" incurrieron en "por lo menos dos delitos, uno el de difamación, y otro el de simulación de delito", también conocido como de calumnias.

El delito de difamación, descrito en el artículo 333 del Código Penal, indica: "El que ante varias personas reunidas o separadas, pero de tal manera que pueda difundirse la versión, le atribuyere a una persona un hecho determinado, que si fuere cierto, pudiera dar lugar contra ella a un procedimiento penal o disciplinario, o exponerla al odio o al desprecio público, será castigado con pena de cuatro meses de prisión a tres años de penitenciaría o 80 U.R. (unidades reajustables) a 800 U.R. (unidades reajustables) de multa".

El de calumnia y simulación de delito, que es el 179 del Código Penal, indica: "El que a sabiendas denuncia a la autoridad policial o judicial, o a un funcionario público el cual tenga la obligación de dirigirse a tales autoridades, un delito que no se ha cometido, o que simule los indicios de un delito, en forma que proceda la iniciación de un procedimiento penal para su averiguación, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión".

Consultado acerca de si a ambas le cabrían los mismos delitos, Fagúndez respondió que sí porque, según se desprende de las declaraciones de Díaz, "una repite lo que le pone en la cabeza la otra".

Fagúndez también aseguró que, para el caso de la difamación, tendría que haber una denuncia de Orsi, en caso de que se haya sentido difamado. No así para el caso de la simulación de delito, que a su entender debe tomarse de oficio por el fiscal de Flagrancia que esté de turno.

Según Fagúndez, el pedido de disculpas al precandidato no modifica en nada la eventual figura delictiva. Esto porque Orsi podría aceptar las disculpas y no hacer una denuncia por difamación, pero de todas formas la Fiscalía debería investigar la presunta comisión de una simulación de delito.

Foto: Juan Manuel Ramos/Archivo El País.

Otro abogado especializado en la materia, Ignacio Durán, dijo a El País que en este caso hubo "una muy clara simulación de delito y un eventual delito de estafa".

El delito de estafa, tipificado en el artículo 347 del Código Penal, señala: "El que con estratagemas o engaños artificiosos indujere en error a alguna persona, para procurarse a sí mismo o a un tercero, un provecho injusto, en daño de otro, será castigado con seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría".

De todas formas dijo que ambos delitos son "perseguibles a instancias del ofendido". Es decir, si Orsi se sintiera víctima de alguno de estos dos delitos, podría presentar una denuncia que debería ser estudiada.

A su entender, "no podría ser la Fiscalía la que de oficio inicie una acción" por ninguno de estos dos delitos.

Pero, por otro lado, Durán dijo que "por cómo estuvo planeado esto y cómo trascendió en el programa Santo y seña", la fiscal del caso de Orsi, Sandra Fleitas, debería profundizar y analizar si hay más personas involucradas en la trama. "Las debería de haber porque esto no parece ser orquestado solamente por Romina Celeste, y si de la investigación resultare que sí las hay y son por lo menos cuatro, tipificaría una asociación para delinquir".

El delito de asociación para delinquir, del artículo 150 del Código Penal, apunta: "Los que se asociaren para cometer uno o más delitos serán castigados, por el simple hecho de la asociación, con seis meses de prisión a cinco años de penitenciaría".

"Me resisto a pensar que una denuncia y todo esto como se orquestó salga solo del pienso de Romina Celeste", consideró el abogado.

Por su parte, aseguró que en este caso el delito de difamación "no cabe".

Foto: Archivo El País

Ambos abogados consultados por El País esgrimieron críticas a la ley 19580 de violencia hacia las mujeres basada en género, que entienden que en este caso jugó en contra de Orsi y, por tanto, a favor de la falsa acusación.

"Es la parte más urgente de reparar porque está generando daños muy grandes", dijo Fagúndez respecto a la legislación vigente, aunque añadió que "el sistema en sí no está funcionando bien".

Durán, en tanto, dijo que "hoy es Orsi y la caja de resonancia es muy grande porque es precandidato y tiene grandes chances de ser presidente, pero todos los días son Juan Pérez y no podemos permitir que en un país democrático estas cosas sigan pasando, y realmente pasan".

Deseó que esta situación "irrite el celo del legislador y que de una vez por todas se pongan a trabajar en los enormes problemas que genera la ley".