Comienza hoy el juicio en el que discutirán si existió "legítima defensa" en homicidio de joven de 22 años

Fiscal pide 20 años de cárcel y dice que el imputado tiene "fobia a los más desfavorecidos"; defensa asegura que mató para "defender su integridad y la de su familia

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Operativo policial.
Operativo policial.
Foto: Estefanía Leal.

Hoy comenzarán las audiencias de un juicio por un homicidio registrado en julio de 2022, donde la fiscal, Bárbara Zapater, pedirá 20 años de prisión por “homicidio muy especialmente agravado y receptación”. Según ella, el accionar del imputado fue una “respuesta violenta y fóbica a las personas más desfavorecidas”, mientras que para sus abogados se trató de “legítima defensa”.

El hecho se desarrolló en julio de 2022, cuando un hombre de 35 años mató a otro de 22 en Las Piedras, Canelones. Según dijo a El País el abogado Rodrigo Rey, defensa del matador, se trató de un caso de “legítima defensa”, ya que su representado “había sido amenazado de muerte” y vio que el joven “tenía intenciones de entrar a su casa luego de haberle robado a su vecina”.

Pero, según la acusación fiscal a la que pudo acceder El País, Zapater considera que se trató de un “homicidio con premeditación” y que el hombre actuó de forma “fría” y “calculadora”, atacando al joven “sin motivo alguno”.

Relato

En la madrugada del 31 de julio de 2022, el ahora imputado estaba durmiendo cuando fue despertado por ladridos de perros. Enseguida revisó las cámaras de seguridad de su casa y vio que en la calle había “una persona que transportaba objetos en una carretilla” y los llevaba hacia un camión.

Al ver luego que se dirigía hacia el terreno de su vecina, separado del suyo por un muro de un metro, el hombre tomó una escopeta calibre 16 y salió al balcón.

Desde allí vio al joven de 22 años, a quien reconoció como el nieto de su vecina -dueña de los objetos que estaban siendo robados-, el cual había salido de prisión hace pocos días y contaba con varios antecedentes penales.

Si bien el joven estaba en la calle, el ahora imputado contó que “se abalanzó sobre su reja” -aseguró que “con intenciones de entrar” a su casa. También dijo que tanto él como su familia -esposa, dos hijos menores y un bebé de cuatro meses- fueron amenazados de muerte.

“En respuesta”, efectuó un disparo que impactó en el tren inferior del joven, que al huir cayó en una cuneta, donde terminó falleciendo.

Interpretaciones

Según surge de la acusación fiscal, Zapater entiende que no hay lugar para la interpretación de legítima defensa, debido a que considera que existió “premeditación” y “odio a la víctima”, ya que el imputado conocía al hombre y, según la fiscal, estaba esperando el momento para darle muerte.

“De ninguna manera existió premeditación, intentó defender su integridad y la de su familia”, dijo el abogado Rodrigo Rey a El País. “En todo caso, si el juez entiende que existió homicidio doloso, creemos que la pena tendría que ser la mínima que es dos años por legítima defensa incompleta”, dijo, y aseguró que la pena solicitada por la fiscal es “tan absurda como desproporcionada”.

Consultada por El País, Zapater dijo que prefiere no dar declaraciones hasta que terminen las audiencias fijadas para el 19 y 20 de febrero.

Desde que se formalizó la investigación en agosto de 2022, el imputado cumplió 20 días de cárcel y luego prisión domiciliaria hasta noviembre de 2023.

Actualmente solo tiene fijación de domicilio, debiendo presentarse todas las semanas en una seccional.

Además

Fiscal acusa de utilizar una escopeta hurtada

En el petitorio de su acusación, la fiscal del caso, Bárbara Zapater, no solicitó únicamente la condena por un delito de homicidio muy especialmente agravado, sino que también agregó el de receptación. La fiscal argumentó que la escopeta calibre 16 utilizada en el hecho está registrada como hurtada desde febrero de 2006. Además, aseguró que el hombre ya cuenta con un arma reglamentaria, por lo que conoce los trámites para regularizarla.

En respuesta a esta acusación, la defensa del imputado dijo a El País que la escopeta fue comprada por su padre en 2006. Además, consultado por el tiempo transcurrido desde la compra del arma hasta hoy, el abogado Rodrigo Rey dijo que “pasaron casi veinte años”, por lo que entienden que el delito “ya prescribió”.

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