Redacción El País
Los abogados de los inversores en Conexión Ganadera vieron con buenos ojos la decisión del el juez de Concurso Leonardo Méndez de decretar la disolución de la empresa. En su mayoría entienden que es la única forma de que la firma no siga perdiendo dinero.

A partir de ahora, entonces, comenzará un proceso de venta de los activos de Conexión Ganadera, es decir, todo el ganado con el que cuenta, y el dinero juntado se repartirá entre los acreedores de la empresa que otrora dirigían Pablo Carrasco y Gustavo Basso.

Juan Pablo Decia, defensor de un grupo de inversores, dijo a El País que inicialmente por obligación legal se debe presentar la venta de la empresa en bloque, por si hubiere algún interesado, pero en la situación en la que está parece prácticamente imposible.

"No es una empresa que sea atractiva adquirirla", resumió y señaló que una vez quede desierta esa licitación, con la guía que en su momento presentará el síndico Alfredo Ciavattone habrá que "vender los bienes" y depositar el dinero "en una cuenta que va a quedar a la orden del juzgado" y a la espera de que se determinen los criterios de distribución.

Se estima que hay unos 4.000 inversores afectados, pero hasta el 24 de abril hay tiempo para realizar lo que se llama "verificación de créditos". En este plazo los abogados deberán presentar los contratos que firmaron sus clientes con Conexión Ganadera.

Este proceso servirá para saber con exactitud cuántos son los inversores afectados que reclaman su dinero y cuál es el monto total de la deuda. También para ver cuánto dinero puso cada uno y, posteriormente, analizar cuánto le corresponde de lo que se logre recaudar por ventas.

Foto: Darwin Borrelli.

Otro abogado de inversores, Leonardo Costa, dijo a El País que la resolución del juez es correcta porque "esta empresa es inviable", entonces la idea debería ser "liquidarla y vender lo que hay".

"Fue bastante razonable lo que ocurrió. Mantener esta empresa en funcionamiento lo único que implica es generar más costos. Desde el punto de vista del interés de los acreedores, es lo mejor que pudo pasar", señaló.

Esto porque, mientras la empresa sigue en funcionamiento, sigue pagando por arrendamiento de campos, salarios de trabajadores y gastos veterinarios, entre otros costos.

Según Decia, "el funcionamiento operativo de la empresa" ronda los US$ 180.000 mensuales, por tanto hay que ir disminuyendo ese costo. Esto se lograría vendiendo parte del ganado, reduciendo la cantidad de hectáreas arrendadas y la masa de trabajadores.

Con este proceso los inversores esperan recibir al menos una parte del monto que pusieron. Pero "la perspectiva real de cobro" recién se sabrá una vez esté pronto el inventario de bienes, que se presentará 30 días después de vencido el plazo para verificar las deudas.

Es decir, "recién sobre fines de mayo" se tendrá un panorama más claro de las perspectivas de cobro para los acreedores, según Decia.

Foto: archivo El País

Los directores de la empresa, además, también podrían ser sancionados al final de este concurso de acreedores.

El abogado Costa explicó que, luego de este proceso en el que las autoridades fueron desplazadas para que el síndico se encargara de la administración, el juez de Concurso deberá determinar si se trató de un concurso culpable o uno fortuito.

Los defensores de los inversores esperan que sea considerada la primera de esas categorías. La Ley de Proceso Consursal establece en su artículo 192 que "el concurso se calificará como culpable cuando en la producción o en la agravación de la insolvencia hubiera existido dolo o culpa grave del deudor o, en caso de personas jurídicas, de sus administradores o de sus liquidadores, de derecho o de hecho", mientras que "en los demás casos se calificará como fortuito".

"No me cabe duda que este concurso va a ser culpable", dijo Costa, y agregó que esto acarrearía sanciones para los directores y cómplices, una categoría que también está definida en la ley y que podría abarcar a los mandos medios de la empresa, como gerentes. Una de esas sanciones puede ser la inhabilitación para ejercer el comercio por determinado plazo.

Decia considera lo mismo. "Todas las presunciones absolutas de culpabilidad se dan", dijo y añadió que los directores, en ese caso, serán sancionados. "La inhabilitación para los administradores y directores para administrar bienes propios o ajenos en caso de concurso culpable es de 5 a 20 años. También puede ir acompañada de la obligación de tener que cubrir el déficit con su patrimonio personal", mencionó.