La Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió de forma dividida la condena a un complejo de apartamentos de Punta del Este por el despido abusivo de un gerente. La empresa argumentó que el motivo de la destitución habían sido reiterados episodios de mala conducta, pero los ministros de la Corte entendieron que esto no podía probarse.
Si bien ya habían existido desencuentros entre el demandante y la administración del Ocean Drive, el episodio que terminó en el despido ocurrió a comienzos de 2022. Este fue reconstruido a partir de múltiples testigos que brindaron su relato, a veces contradictorios, ante la Justicia.
Ocurrió en el marco de una visita de una inspectora del Banco de Previsión Social (BPS), en la que, según planteó la empresa y finalmente fue desestimado por la Corte, el gerente habría tenido "conductas inapropiadas" con dos empleados de administración, así como habría tomado "decisiones que, de haberse concretado, hubieran causado graves perjuicios al titular" de uno de los apartamentos.
El día anterior, tras ser informados de la visita de la inspectora, los trabajadores del edificio pidieron autorización a los propietarios de los apartamentos para poder ingresar a las viviendas. Para esto debían dejar sus llaves en recepción. Si bien esto se concretó, al momento de entrar a uno de los apartamentos se dio una situación de conflicto cuando no lograron abrir la puerta.
Según la versión de la empresa y una de las testigos, en medio de discusiones el gerente le echó la culpa a una empleada y la acusó de no querer cumplir con su labor. Además, señalaron que se lo escuchó hablando mal de ella e insultándola a través de una llamada telefónica con otra persona. Esto último no quedó acreditado para la Justicia, ya que no se pudo comprobar qué fue realmente lo que dijo el gerente durante la llamada.
Además, alguien declaró que el ahora exgerente en un momento intentó "tirar abajo" la puerta, lo que tampoco pudo ser probado, e incluso la inspectora del BPS dijo que esto no fue así.
Además de este episodio, el hombre ya había tenido cruces con la empresa. Anteriormente se lo había investigado de forma interna por un presunto acoso sexual, que no fue verificado, y se lo había suspendido administrativamente por 14 días, en una instancia en la que incluso hubo un encuentro de conciliación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Fallo dividido
Luego de años de proceso judicial, el juez de Maldonado de 7º Turno falló a favor de abonar al hombre una indemnización por despido abusivo, salario vacacional y licencia, más 10% de daños y perjuicios sobre los rubros de naturaleza salarial.
En julio de 2024 un Tribunal de Apelaciones revocó el pago por despido abusivo, entendiendo que la destitución se basó en "una acumulación de situaciones y hechos irregulares".
En respuesta, el demandante presentó un recurso de casación, argumentando que la prueba había sido mal valorada. Entre otros puntos, volvió a destacar su postura de que el despido había sido una represalia a raíz de un reclamo promovido ante el MTSS y que el empleador orquestó acusaciones falsas, realizando un "complot" para despedirlo por mala conducta.
Finalmente, los ministros de la SCJ ratificaron la sentencia de primera instancia, dejando sin efecto la resolución del Tribunal, y volviendo a decretar una indemnización por despido abusivo. En la sentencia, a la que accedió El País, expresaron que para determinar que existió mala conducta, el Tribunal contempló hechos que estuvieron por fuera de los alegados por el empleador, lo que no corresponde en esta instancia judicial.
La parte demandada explicó el despido a raíz del episodio desencadenado por la visita de la inspectora de BPS, el que no quedó acreditado como mala conducta, según la visión de la mayoría de los ministros de la Corte. Por su parte, el Tribunal contempló más elementos, como la denuncia por acoso y otros conflictos entre las partes.
El ministro Tabaré Sosa mostró su discordia parcial, entendiendo que corresponde un despido común, mientras que John Pérez tuvo discordia total, asegurando que los elementos presentados en el juicio consiguieron probar la mala conducta del demandante.
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