Una mujer venezolana de 48 años fue condenada por haber participado como intermediaria en estafas realizadas vía internet. Las víctimas fueron hombres que se contactaron con trabajadoras sexuales por medio de páginas web, y luego fueron amenazados: o transferían dinero a una cuenta determinada, o contarían a sus familias que eran clientes.

La mujer, que compareció voluntariamente y no contaba con antecedentes, firmó un acuerdo abreviado con Fiscalía este lunes, admitiendo los hechos relatados por la fiscal Cecilia Bonsignore. Acordó una pena de siete meses de prisión por reiterados delitos de estafa, que cumplirá en el régimen de libertad a prueba y con cuatro horas semanales de trabajo comunitario en los primeros cuatro meses.

Su primariedad —no contaba con antecedentes— y haber admitidos los hechos fueron atenuantes a la hora de definir la pena. Además, si bien la mujer estuvo involucrada en la maniobra y por eso fue condenada, su participación fue como intermediaria: solo se encargaba de recibir y girar el dinero.

De igual manera, "debió haber sospechado que el dinero provenía de maniobras ilícitas", dijo la fiscal Bonsignore durante una audiencia a la que accedió El País.

Las estafas eran ordenadas desde el exterior. "Lo que tienen estos casos es que se pueden orquestar desde cualquier lugar. No necesitan estar en el mismo país que la víctima", dijeron a El País fuentes vinculadas a la investigación.

El departamento de Cibercrimen de la Policía investigó denuncias de un grupo de hombres que reportó haber sido víctimas de estas maniobras entre agosto y noviembre.

En todos los casos habían ingresado a dos páginas en las que se ofrecen servicios sexuales. Luego recibían mensajes y llamadas, en las que se les exigía dinero; de lo contrario contarían a sus familias de sus encuentros con trabajadoras sexuales.

También se registraron amenazas contra la vida, tanto de las víctimas como de sus familias, que llegaban a través de mensajes, llamadas e incluso videos en las que un hombre se mostraba armado y con la cara tapada.

En varios casos, las víctimas llegaron a transferir el dinero y de esa forma fue que se consiguió identificar a la mujer ahora condenada, ya que en una de las cuentas que recibían los depósitos figuraba su cédula.

Los investigadores presumen que hay más personas involucradas por actuar como intermediarias, y que el origen de las estafas está en el exterior, que es desde donde son enviados los mensajes a las víctimas y a donde los contactos en Uruguay giraban el dinero.

Si bien las cuentas bancarias eran proporcionadas desde el exterior, los números cambiaban constantemente con el objetivo de no ser ubicados por la Policía.

Según contó la fiscal Bonsignore durante la audiencia, no hay pruebas que involucren a la ahora condenada con las amenazas a las víctimas.