Una investigación de la fiscal de Estupefacientes de 1° Turno, Mónica Ferrero, en conjunto con la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, permitió la detención de Luis Alberto Suárez, peligroso delincuente.

“Betito”, como se le conoce, fue capturado el pasado miércoles en su casa, acusado de colaborar y ser parte de un grupo criminal liderado por su medio hermano, Ricardo Cáceres, desde el Penal de Libertad. La detención de “Betito” se dio a partir de indagatoria a su medio hermano, apodado “Ricardito”, que desde el centro penitenciario comandaba la banda que se dedicaba al narcotráfico, entre otros delitos que se investigan. “Ricardito”, que estaba cerca de cumplir su pena en prisión y salir en libertad, fue formalizado el miércoles. La jueza María Helena Mainard hizo lugar al pedido de la fiscal Ferrero y dispuso el inicio de una investigación penal contra el conocido delincuente por el delito de lavado de activos y por ser presunto autor de un delito de organización de actividades del narcotráfico.Su medio hermano “Betito”, en tanto, declaró ayer ante Ferrero y luego fue condenado por la Justicia. Mediante un proceso abreviado, “Betito” fue condenado a dos años y cuatro meses de penitenciaría por un delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercialización.“Betito” había estado preso entre 2006 y 2017 por delitos cometidos como integrante de la “superbanda”, en la década de 1990. Luego, a finales de 2017, volvió a estar tras las rejas y quedó en libertad en 2018.

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y el fiscal de Corte, Jorge Díaz, brindaron ayer una conferencia de prensa para dar detalles de la detención y el posterior procesamiento de los hermanos. “Se ha dado un nuevo golpe al narcotráfico, llevando adelante la formalización y condena de dos conocidos narcotraficantes, partícipes de la banda más significativa en Montevideo de importación de droga y distribución al narcomenudeo”, aseguró Larrañaga. El ministro explicó que el grupo criminal “venía azotando al país” y era investigado por la Policía, ya que “preocupaba” el método violento utilizado por los delincuentes”. “El Estado da un mensaje claro, contundente: manda la ley, no mandan los delincuentes”, enfatizó Larrañaga.

El fiscal de Corte, a su turno, aseguró que “se trata de una organización de larga data” en el país. Además recordó que el primer procesamiento por crimen organizado en Uruguay se dio en 2009 contra esta organización.El jerarca explicó que estos delincuentes se dedican a la importación y distribución de pasta base. “Lo que nos ocupa es la utilización de medios violentos para asegurar el resultado de su actividad, medios violentos que son más comunes en otros países”, dijo, y agregó que esto también es objeto de investigación.