Redacción El País
Un enfermero fue enviado a la cárcel por una condena de abuso sexual, luego de que se confirmara que cometió este delito en un hospital público de Montevideo. Según informó la Fiscalía en un comunicado, fue la oficina encargada de investigar delitos sexuales, violencia doméstica y violencia basada en género de 8° turno, a cargo de Maximiliano Sosa, la que obtuvo la condena.

El episodio ocurrió en 2021. El trabajador se desempeñaba en un hospital del Banco de Seguros del Estado (BSE) en el que estuvo internada una mujer de la que abusó en dos oportunidades. “El acusado ingresó solo a la habitación y, al efectuarle el baño en la cama, abusó sexualmente de ella en dos oportunidades, en diferentes días, efectuándole tocamientos en su cuerpo acompañados de comentarios inadecuados”, indica el comunicado de la Fiscalía.

Primero hubo una investigación administrativa en el centro asistencial, pero fue archivada, según narra la comunicación. Pero el juez que finalmente decidió sobre el futuro del acusado, el magistrado Alejandro Asteggiante, destaca en su sentencia que el sanatorio “poco hizo para no revictimizar a la víctima, debiendo relatar los acontecimientos padecidos a varios funcionarios y autoridades del hospital, e incluso se le solicitó que lo hiciera por escrito contando esta con dificultades para movilizar normalmente sus extremidades superiores y aún fue visitada por una escribana de la institución para la investigación administrativa y la volvió a interrogar, todo alejado de cualquier protocolo institucional en protección a los derechos de víctimas de violencia hacia la mujer”.

La Fiscalía logró llegar a sus conclusiones en base a la declaración anticipada de la víctima, declaración de testigos, historia clínica de la víctima, pericia psicológica y documentos del sumario administrativo, entre otras pruebas.

El hombre fue condenado como autor penalmente responsable de dos delitos de abuso sexual en régimen de reiteración real a la pena de tres años y seis meses de penitenciaría de cumplimiento efectivo. También se dispusieron otras penas como la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad o tenencia de niños o adolescentes o personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia. Tampoco podrá ejercer funciones públicas y privadas en el área de la salud ni de la educación por un plazo de diez años.

Además tendrá la obligación reparar patrimonialmente a la víctima por un monto equivalente a doce sueldos mensuales. Por último, ingresó al Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales.

José Amorín Batlle, presidente del BSE, dijo a El País que cuando se supo de la situación se inició la investigación administrativa y un sumario, y que fue separado del área en el que se desempeñaba.

Ya la Justicia había dispuesto la prisión preventiva del hombre cuando se formalizó la investigación, en 2022. Ahora, con esta nueva resolución judicial, el tema pasará a la división Jurídica del BSE, que deberá definir sobre el futuro laboral del enfermero. "Haremos lo que diga la ley que tenemos que hacer", dijo Amorín Batlle.