El juez Matías Porciúncula condenó al líder de una banda que se dedicaba a clonar tarjetas bancarias, tras robar los números de pin con cámaras en los cajeros. Las maniobras se realizaron por al menos dos meses y en ese lapso se hicieron de más de $ 250.000. El hombre llegó a un acuerdo abreviado con la Fiscalía de Flagrancia que encabeza Bettina Ramos y terminó siendo condenado por asociación para delinquir y reiterados delitos de estafa a la pena de 18 meses de cárcel.

La investigación comenzó a partir de un reporte que hizo la Gerencia de Prevención de Fraude del Banco República (BROU), en el que se señalaba que se había logrado determinar que había un grupo de al menos 10 personas que estaba realizando maniobras delictivas en cajeros automáticos.

Colocaban skimmers, que según explicó la fiscal son “aparatos que se instalan con una cámara donde los usuarios van a sacar dinero”, o sea en los cajeros, y con esta es que los delincuentes logran “grabar las contraseñas”, para luego clonar las tarjetas.

La Fiscalía e Interpol identificaron que realizaron esta maniobra entre junio y agosto de 2024. Obtuvieron $ 258.466, según dijo en la audiencia judicial la fiscal.

Hubo otros condenados por este hecho, pero este último tuvo un rol más preponderante. Fue “uno de los promotores” —en palabras de Ramos— porque trasladó a otros participantes en su vehículo, les dio alojamiento y participó “activamente” en varios shoppings y otros lugares que fueron escenas de los delitos.

En la banda había “una clara división de roles”, señaló la Fiscalía. Así fue que este cabecilla “junto a otros imputados, algunos ya condenados, otros no habidos, dirigían las operativas mientras otros eran los encargados de instalar y retirar los aparatos en los cajeros y probar las tarjetas, y otros realizaban extracciones de dinero y compras utilizando las tarjetas clonadas”.

Se acordó una pena de 18 meses de cárcel. De esta forma, el imputado renunció a su posibilidad de ir a juicio oral, donde la fiscal hubiera tenido que presentar las pruebas que lo inculpaban. Al aceptar el acuerdo, él admitió que es responsable de los hechos. A cambio, obtuvo una rebaja que puede ser de hasta un tercio de la pena.

La Justicia, además, dispuso que se decomisen mochilas, plásticos, tarjetas, skimmers, cables, USB, celulares, laptops y otros artefactos informáticos por considerarse herramientas del delito.

Cuando se desbarató la banda, en agosto de este año, el Ministerio del Interior informó que ocurrió en el marco de la Operación Brazilian II y que el grupo delictivo era de carácter “internacional”. De este esquema participaban ciudadanos uruguayos y brasileños.

En ese momento, se había detenido a uno de los responsables in fraganti en un cajero del BROU en el Shopping de Punta Carretas. A partir de esa detención, se había logrado identificar a tres personas más, además de oredenarse allanamientos. Se incautaron varios objetos, como dispositivos de clonación y un celular.

En total hay cuatro personas condenadas, entre ellos un ciudadano brasileño a 15 meses de arresto domiciliario (los primeros tres meses durante todo el día y los otros 12 solo por la noche).

El año pasado hubo 443 imputaciones por delitos de estafa y 382 condenas, según consta en el visualizador de estadísticas de la Fiscalía General de la Nación. Los datos están publicados desde el año 2019 y, desde entonces, es la cifra más alta tanto en imputaciones como en condenas.

El mayor índice de condenas cada 10 mil habitantes está en Durazno y, en lo que refiere a franjas etarias, la que cuenta con más condenas es la de 26 a 35 años.

La estafa está regulada por el artículo 347 del Código Penal y la comete “el que con estratagemas o engaños artificiosos indujere en error a alguna persona, para procurarse a sí mismo o a un tercero, un provecho injusto, en daño de otro”. La pena mínima prevista es de seis meses de prisión y la máxima es de cuatro años.