La Suprema Corte de Justicia dejó firme la condena de 12 años de prisión a una pareja que, en un intento de aborto, tuvo un hijo y lo envolvió en toallas provocando su muerte. La versión de los condenados y la de Fiscalía difieren en gran parte de la historia. El entorno de la mujer intentará conseguir la prisión domiciliaria.

Los ahora condenados tuvieron una relación de pareja, en la que ella quedó embarazada. Al reportar síntomas de un posible embarazo, concurrieron a la Policlínica El Vigía, en Maldonado, ya que se encontraban en una cabaña ubicada en Playa Hermosa.

Su intención era interrumpir el embarazo, pero el médico les dijo que no era posible ya que ella llevaba ya 35 semanas, según la versión brindada por el centro asistencial y recogida por Fiscalía, la que no coincide con la de los condenados. Según ellos, se los atendió de forma rápida, y el profesional les dijo que el embarazo era de 18 o 20 semanas.

El 21 de marzo de 2021, la mujer consumió misoprostol —fármaco utilizado con fines abortivos—, "provocando el parto en el que nació una criatura de 46 centímetros de talla y con un peso de 2,5 kilos", según surge de la sentencia a la que accedió El País, en la que se asegura que el niño nació con vida.

Producto de esta situación, el hombre envolvió al recién nacido en toallas y lo dejó al lado del inodoro, mientras que ellos partieron hacia el Hospital de Maldonado debido a que ella presentaba mucho sangrado, estaba en estado de shock y requería asistencia médica.

Fue en el centro de salud que los médicos detectaron que el grosor del cordón umbilical y el volumen de la placenta eran demasiado grandes, por lo que sospecharon sobre la situación e interrogaron a la pareja por el aborto. Ante supuestas respuestas evasivas, notificaron a la Policía y pidieron buscar al bebé. Ingresaron a la vivienda con una orden de allanamiento, y allí lo encontraron, ya sin vida.

El caso se caracterizó por el choque de versiones entre las defensas de la pareja y Fiscalía, que reunió los testimonios de los trabajadores del hospital.

Para empezar, los relatos difieren en la primera consulta, cuando el médico habría informado sobre un embarazo de 35 semanas, pero la pareja contradice esto y asegura que se les dijo que era de 18 o 20 semanas. Si bien esto también significaría un aborto por fuera de la ley, castigado con un máximo de nueve meses de penitenciaría, la pareja asegura que nunca creyeron que iba a nacer con vida.

Este es otro punto fuertemente discutido. Pericias e informes presentados por el equipo fiscal demostraron que el bebé respiró y murió por asfixia provocada por las toallas, aunque las defensas presentaron testigos que hablaron sobre las técnicas utilizadas para determinarlo, diciendo que no eran del todo fiables.

"Se la condenó a pesar de que las pruebas no eran plenas y existen dudas razonables", planteó la abogada de la mujer, Marina Morelli.

También apuntó contra "estereotipos y ausencia de imparcialidad", que a su criterio tuvieron los jueces que intervinieron en el proceso.

Por último, apuntó contra la actitud de los profesionales que atendieron a la mujer luego del parto, asegurando que existió una "vulneración del secreto médico profesional", ya que revelaron información a la Policía, que a su criterio debió ser reservada. Los ministros de la Corte desestimaron este argumento, explicando que "las particularidades del caso, demuestran la existencia de una causa de justificación que exonera del deber de guardar secreto médico".

Finalmente, si bien las defensas aseguraron que, en todo caso, debía imputarse el delito de aborto, los ministros de la Suprema Corte de Justicia confirmaron la resolución del Tribunal de Apelaciones, que fijó la condena por homicidio en 12 años de prisión para cada uno.

Fuentes del entorno de la mujer, dijeron a El País que intentarán que sea enviada a prisión domiciliaria.