Redacción El País
La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, envió a la Junta Departamental un proyecto de decreto en el que se crea un impuesto para gravar a los vehículos que "carguen o descarguen a granel, dentro de los límites del departamento, líquidos inflamables y gas licuado de petróleo para su comercialización".

El proyecto fue enviado semanas después de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declarara inconstitucional la tasa de seguridad y circulación de vehículos que transportan productos inflamables, que cobraba la intendencia. Con el fallo, la Corte hizo lugar a la demanda de Ducsa, empresa propiedad de Ancap.

La tasa pagada por las empresas financiaba el programa ambiental Montevideo Más Verde.

En el proyecto de decreto enviado a la Junta este lunes, se menciona que "históricamente la Intendencia de Montevideo cuando la Suprema Corte de Justicia ha declarado inconstitucional un tributo o precio por no ceñirse a las características propias de su especie tributaria, ha procedido –si lo entiende conveniente a los efectos del cumplimiento de sus fines- a reestructurar el mismo conforme a derecho".

Así, la comuna podría seguir recaudando el dinero de la tasa, solo que bajo el formato de un impuesto. "Lo reestructuramos a un cambio de instrumento tributario. Vamos a cambiar de tasa a impuesto", dijo el director de Recursos Financieros de la intendencia, Mauricio Zunino, en declaraciones recogidas por El Observador. El jerarca también mencionó que el proyecto se ampara en el Artículo 273 de la Constitución, que permite a las Juntas Departamentales "crear o fijar, a proposición del intendente, impuestos, tasas, contribuciones, tarifas y precios de los servicios que presten, mediante el voto de la mayoría absoluta del total de sus componentes."

La alícuota establecida por el documento enviado a la Junta es del 0,5% del valor de los bienes transportados, calculado con base en la cantidad de litros por el precio de venta de lo que se transporte, indica el proyecto.