Redacción El País
El Parlamento tiene una tradición a la hora de discutir la Rendición de Cuentas. Los días viernes, en jornadas maratónicas, se recibe a decenas de organizaciones sociales, sindicatos y gremiales. En apenas 10 minutos, cada una deberá procurar la atención de los legisladores y que les concedan presupuesto para seguir llevando adelante sus emprendimientos o, directamente, cumplir la función que la Constitución y la ley les asignan.

Es el caso de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, viejos conocidos de los parlamentarios, que año tras año acuden a ellos para tratar de subsanar las omisiones en las que, a su juicio, incurre el mensaje presupuestal del gobierno. “Quizás estén cansados de que pidamos más recursos, pero lamentablemente vamos a continuar por ese camino, que denominamos ‘del hartazgo’”, dijo la dirigente Lucía Long, al exponer ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Representantes. “Es lo único que puede garantizar el acceso a la Justicia”, aseguró.

Este año el camino había comenzando con una luz de esperanza para sus planteos. El año pasado lograron financiamiento para 18 nuevos cargos. El problema es que en el mensaje del Poder Ejecutivo, la defensoría pública no es mencionada ni una sola vez. Solo establece que nueve de los cargos previstos en 2022 serán provistos este año y el resto en 2024.

Con ellos se llegaría a una dotación de 293 defensores públicos en todo el país. La asociación dice que se necesitarían en realidad 125 nuevos cargos: 68 para el interior y 57 para Montevideo. Todo, dicen, para poder brindar un servicio “básico”.

Según las más recientes estadísticas del Poder Judicial correspondientes a 2021, los defensores de oficio tuvieron ese año un total de 306.335 consultas y asistieron a 236.368 audiencias. Cada uno debe llevar adelante más de 1.100 casos nuevos al año. Según sus números, atienden al 90% de las personas que atraviesan el sistema penal, y patrocinan hoy a 11.200 de los más de 15 mil reclusos alojados en las cárceles.

No obstante, los casos penales apenas suponen el 12% de sus tareas. Más de la mitad de la actividad está dirigida a casos de Familia. Allí también asumen el patrocinio letrado del 90% de las personas involucradas en asuntos de ese tipo.

Además, hay situaciones, dicen, que las estadísticas no reflejan como el tiempo que debe dedicar cada defensor a audiencias de las más diversas materias. Lo que sí se sabe es que cada uno deberá afrontar entre tres y cuatro instancias de ese tipo por día. Tampoco el tiempo que les insume el trabajo administrativo que, muchas veces, afrontan ellos mismos. “En el interior, podría contar los dedos la cantidad de oficinas que tienen un procurador”, indicó la dirigente Carolina Camilo. “El estudio jurídico más grande de este país, la defensoría pública, trabaja sin procurador”, lamentó.

Con este escenario, Camilo les explicó a los diputados la razón de los 125 cargos nuevos que solicitan. “Ustedes año tras año aprueban leyes que tienen mucho que ver con el rol de defensor público”, dijo. Allí mencionó ejemplos: el Código del Proceso Penal, la ley sobre Salud Mental, la de Violencia Basada en Género o la recientemente aprobada sobre Corresponsabilidad en la crianza. “Se legisló sobre eso, pero no nos dieron recursos”, advirtió.

“Pedimos más cargos para que las madres que necesitan una pensión alimenticia no tengan que esperar dos o tres meses para sacar número en la defensoría”, dijo. “Para aquellos padres que quiere ver a sus hijos y que tienen que iniciar un régimen de visita puedan tener fecha en el corto plazo”, agregó. También para visitar a sus defendidos presos o atender a los que “van corriendo a la defensoría” porque acaba de recibir un cedulón de desalojo.

El Poder Judicial es uno de los organismos más “feminizado” del Estado. Más del 70% de la plantilla está conformada por mujeres. Según la gremial eso representa un grave problema a la hora de las licencias maternales. La solución que se encontró fue recurrir a lo que aplica en los casos de médicas o maestras: extender esa licencia seis meses. Para eso se necesitarían más recursos para cargos de defensores públicos suplentes.

Camilo señaló un gran debe que el Estado uruguayo mantiene desde siempre, incluso a nivel continental. “Somos el único país que no tiene un servicio de defensoría pública descentralizado”, dijo. Y agregó: “Necesitamos la autonomía del Poder Judicial y ser un servicio con independencia de recursos”.

Los legisladores le trasladaron sus planteos a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales, quien aseguró que el mensaje presupuestal de la corporación “refleja” varios de sus reclamos. De todas formas, Morales dejó en claro su postura. “No voy a pensar que todos somos superhéroes que podemos pasar por alto un número de trabajo excesivo, pero me cuesta escuchar que se diga que estos problemas pueden sobrepasar la verdadera obligación a la que somos llamados jueces y defensores: defender a las personas que piden defensa”.