PREOCUPACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS

La denuncia de violación grupal a una mujer de 30 años en un apartamento en la zona del Cordón volvió a poner en uno de los primeros lugares del debate de la opinión pública la capacidad de respuesta del sistema de justicia para los casos de delitos sexuales. Y, además, expuso los reclamos de los fiscales por las limitaciones y demoras que enfrentan al procesar denuncias.

En el caso ocurrido en la madrugada del domingo, la fiscal Sylvia Lovesio espera informes de forenses y cotejar distintas muestras de ADN en busca de avanzar hacia la imputación de los tres denunciados. Pero más allá de este caso y de sus tiempos, que además comprende el estado de la víctima para poder declarar, los fiscales que trabajan en delitos sexuales advirtieron sobre un “embudo” al momento de llevar adelante las investigaciones.

Ese “embudo”, según las fiscales, se trasluce tanto en demoras para recopilar informes o pericias, así como en el tiempo disponible para preparar pruebas y juicios, o la solicitud de medidas cautelares en medio de cientos de indagatorias.

En las tres fiscalías especializadas en Delitos Sexuales se acumulan un total de 2.800 investigaciones que están en trámite. En diálogo con El País, Lovesio y otra de las fiscales de Delitos Sexuales, Darviña Viera, insistieron con la creación de más dependencias para atender las denuncias crecientes.

Lovesio, fiscal de cuarto turno, dijo ayer en radio Sarandí que su equipo tiene en trámite unas 800 denuncias. Viera, en tanto, que estaba hasta el año pasado en quinto turno -donde entre otros casos actuó en la Operación Océano- dijo que en esa dependencia tenía unos 1.100 casos y que su nuevo destino, la fiscalía de sexto turno, tiene en el entorno de 900.

Entre enero y octubre del año pasado hubo 2.017 denuncias por delitos sexuales y el 88% de los indagados fueron hombres, según los últimos datos desagregados presentados por el Ministerio del Interior el pasado 29 de noviembre. La cifra representó un aumento de 7,7% en relación a las 1.873 denuncias de 2020.

Entre febrero de 2019 y diciembre de 2020, según datos de Fiscalía, hubo 1.440 personas imputadas por delitos sexuales, lo que representó un 5% del total de imputaciones logradas por la Fiscalía en el período.

Por su parte, la línea 0800 4141 para la orientación de casos de mujeres en situación de violencia recibió 12.180 llamadas el año pasado. En 2020 habían sido 13.459.

Lovesio dijo a El País que hubo un aumento “exponencial” de casos que generaron “un embudo” en Fiscalía. Como una de la soluciones, sugirió reorientar recursos de otras fiscalías a las de Delitos Sexuales para fortalecer los equipos de investigación, así como a Policía Científica “para que pueda actuar más rápido” y el Instituto Técnico Forense “para que tenga más técnicos y los informes no demoren tanto”.

“Son muchas investigaciones que paralelamente vamos llevando y es imposible llegar con las respuestas que nos gustaría tener a tiempo”, dijo.

Las pericias, para este tipo de indagatoria, resultan fundamentales. Viera señaló que las tres fiscalías de Delitos Sexuales “están todas parejas” en cuanto a investigaciones, aunque remarcó que “son un montón de casos” y que por sus características “llevan mucho más tiempo”.

“A veces tenés todo pronto y no podes formalizar porque te llega el agua al cuello con el trabajo posterior. Porque formalizas un caso, después tenés que seguir con pruebas que te faltan, se te van venciendo los plazos, las medidas, y se te acumulan las audiencias. Casi todo va a juicio, entonces la preparación es cuatro veces más que en otros casos”, agregó.

La fiscal dejó el año pasado la Operación Océano por motivos de salud y en su lugar fue designada Mariana Alfaro. Viera, que aún continúa con licencia médica, fue trasladada al juzgado de sexto turno. Su actuación en Océano recibió distintas críticas por parte de penalistas defensores de los acusados. Alejandro Balbi fue uno de los que trabajó en ese caso.

Consultado por El País sobre las investigaciones de delitos sexuales, Balbi insistió en la relevancia de cotejar distintas pruebas, más allá del testimonio de la denunciante.

“Me alegra escuchar a la fiscal (Lovesio) en cuanto a que la declaración de la presunta víctima no es la prueba más relevante, porque eso fortalece el sistema”, dijo Balbi. “Los abogados hemos venido criticando que en muchos procedimientos se ha dado especial preponderancia a lo que la víctima declara. Aquello de que la víctima no miente no es así”, agregó.

El jurista hizo mención a la relevancia de cotejar pruebas biológicas, testimoniales y de cámaras de seguridad de la zona de los hechos, y cuestionó que “a veces los movimientos sociales llevan a interferir en el dictado de la verdadera Justicia”.

“Desde Operación Océano para acá la balanza lamentablemente está inclinada en contra de los presuntos involucrados por la presión social que existe”, señaló.

Además, Balbi recordó como “un antes y un después” el caso de los tres jóvenes acusados de violación en el camping de Valizas en 2019, que sin embargo fueron absueltos en segunda instancia. La fiscal del caso, Jessica Pereira, reclamó que la Justicia no había tenido en cuenta la “perspectiva de género” para evaluar la responsabilidad penal de los indagados. Un tribunal respondió que esa “perspectiva” no debe actuar “como un correctivo para suplir manifiestas carencias probatorias”.

La fiscal Sylvia Lovesio solicitó habilitación a la Justicia para poder tomar la muestra de ADN de los dos mayores denunciados y emplazados en el caso que investiga el presunto abuso en el marco de una violación grupal ocurrida en una apartamento de Jackson y Charrúa. En el caso del tercer emplazado, que acompañaba a los hombres y es menor de edad, la muestra de ADN ya fue realizada. Esta prueba así como las pericias forenses son claves para Lovesio, que espera reunir todos los elementos en busca de solicitar la imputación. Sin embargo, fuentes de la investigación estimaron que por los procesos tanto administrativos como de espera de resultados de los muestreos, la resolución llegará al menos la próxima semana. Los tres denunciados, que fueron detenidos en primera instancia, permanecen emplazados. Esto implicó que debieron fijar domicilio y tienen prohibida la salida del país. Al menor de edad le fue retirado el teléfono celular, dijeron a El País fuentes del caso.