Redacción El País
Familiares del preso Marcelo Ayala (20), fallecido en 2021 dentro de una celda luego de una serie de actuaciones judiciales que terminaron en su encarcelamiento, presentaron el 19 de diciembre de 2023 una demanda contra el Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior exigiendo una indemnización de US$ 300.000.

El reclamo, que ingresó en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 4° Turno, sostiene que el Poder Judicial y la Fiscalía son responsables por enviar a prisión a un joven que padecía “evidentes” trastornos psiquiátricos, y también lo es el Ministerio del Interior, porque debió brindarle seguridad y garantizar su vida.

El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, elaboró un informe sobre la muerte de Ayala, en el que establece posibles fallas en los organismos demandados.

Cuando Ayala cumplió 18 años, se fue de la casa de su padre en la localidad de la Capuera, donde vivían su madre y su hermana. Pasó a residir en una pieza al fondo, sin luz ni agua. Siendo mayor de edad, dejó de tomar la medicación psiquiátrica que le habían recetado y su comportamiento empeoró.

Según Petit, Ayala caminaba muchos kilómetros de ida y de vuelta para ver a su padre, que tenía pájaros y gallos para la venta. A veces jugaba con ellos, a veces los agredía y a veces los liberaba. Tras esto fue denunciado por su padre y terminó recibiendo una orden de no acercamiento por un Juzgado de Familia.

“No hay registro ni noticia de que (Ayala) haya cometido actos de violencia contra terceros (ni hurtos ni rapiñas, ni similares)”, sostiene el informe de Petit reproducido en el escrito presentando por los familiares ante la Justicia. O sea, no hay prueba de que haya agredido a una persona.

El constante deambular de Ayala tuvo un nuevo giro el 31 de diciembre de 2021, cuando su padre, temeroso de nuevos incidentes, lo denunció por acercarse a su casa. El joven había incumplido la medida judicial de no acercamiento. Luego de una pericia que determinó que Ayala no requería de una internación psiquiátrica y que era capaz de comprender el carácter de sus actos, el joven fue condenado sin prisión por un delito de desacato.

Como no tenía luz en su pieza, Ayala cargaba la tobillera electrónica de control en una comisaría o en un supermercado. En dos ocasiones el aparato se rompió. Tras esto, el 12 de febrero de 2021, la Justicia Penal de Maldonado de 11° Turno, a pedido de la Fiscalía, ordenó que se encarcelara a Ayala en el penal de Las Rosas de Maldonado durante 180 días por desacato.

Al salir en libertad, volvió a romper el aparato tras discutir con policías en una comisaría. Esta vez la Justicia lo condenó a 11 meses de prisión, sin hacerle una pericia, dice la demanda.

Ayala estuvo en Las Rosas, donde sufrió problemas de convivencia y fue derivado a Santiago Vázquez (ex-Comcar), donde pasó por lo menos por dos módulos. Allí fue alojado solo, en una celda, y comenzó a recibir tratamiento psiquiátrico. Donde estaba, los internos eran supervisados por cámaras de video.

El 16 de mayo, Ayala fue cambiado de celda por romper una canilla y caños. Fue trasladado en una manta por varias personas porque no podía caminar. Ello podría ser debido a la “fuerte medicación” que estaría recibiendo, advierte la demanda. Y agrega que la Fiscalía investiga si la medicación fue dada correctamente o en exceso.

A las 9:30 horas del 17 de mayo de 2021, los enfermeros le suministraron medicación al joven y lo dejaron acostado encima de un colchón y tapado con una manta. A las 11 horas de ese día, Ayala fue encontrado muerto. No había signos de violencia en su cuerpo y la autopsia no pudo identificar la causa.