PUNTA DEL ESTE

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El ya demolido emblemático hotel San Rafael sigue desatando la polémica cuatro meses después de haber sido reducido a escombros. Un operador inmobiliario reclama a la firma propietaria del predio donde estaba ubicado el exhotel US$ 3.300.000.

El próximo miércoles, en el Juzgado de Conciliación de 3er Turno, se realizará una audiencia entre la firma Vanalend S.A., un operador inmobiliario, y Fosara S.A., propietaria del predio donde fue demolido el San Rafael en junio de este año.

Según el escrito al que tuvo acceso El País, Vanalend reclama “el cobro de pesos derivados del no pago de las comisiones generadas por la intermediación inmobiliaria”.

La empresa demandante, representada por el abogado Daniel Burgos, sostiene que “la aceptación por parte de Fosara se materializó” y que hubo una comunicación entre “los profesionales de ambas partes” en un intento de negociación entre privados.

Luego de esa instancia, dice Vanalend en su escrito, la demandada “se retira de la negociación” y eso genera la “pérdida de la respectiva comisión”. Por esto la firma demandante reclama US$ 3.300.000 a la firma propietaria del exhotel y de los predios que conforman la manzana 815, ubicada frente a la rambla de Punta del Este.

El abogado de Fosara, Pablo Monsuárez, dijo a El País que se trata de “casos viejos que venían de antes de que se vendiera” el San Rafael y que al caso “lo está llevando la vendedora, porque es una obligación o un problema que se suscitó antes de la venta y le corresponde a ellos solucionarlo”.

“Si bien es Fosara la demandada, no es Fosara la que se va a hacer cargo de las consecuencias eventualmente negativas o positivas del juicio”, agregó.

El viernes 21 de diciembre de 2018 se cumplió la firma del acuerdo de compra del paquete accionario de la firma Fosara S.A, propietaria del hotel San Rafael, por parte del empresario Giuseppe Cipriani.

La parte vendedora fue representada por la empresaria Santina Manoukian de Merlo, histórica propietaria del hotel. El acuerdo determinó el pago de US$ 50 millones en cuotas por los próximos tres años. La firma Fosara S.A. es la propietaria del complejo hotelero, hoy demolido.

Ese mismo día también se firmó la escritura de compraventa de los restantes lotes que conforman la misma manzana y que eran, hasta esa tarde, propiedad del esposo de la empresaria Manoukian.

En 10 de julio de 2018 El País informó que la firma Vanalend iba a radicar una demanda por más de tres millones de dólares contra Fosara ya que, según su testimonio, la empresa demandada no cumplió con lo acordado previamente para su actuación en la venta del predio ubicado en la rambla Lorenzo Batlle Pacheco.

El mismo artículo señaló que el 26 de junio se había cumplido una audiencia de conciliación, de la que participaron ambas partes representadas por sus abogados, según constató El País en la propia sede judicial.

Burgos explicó, en aquella oportunidad, que la audiencia había “quedado a medias por un tema de poderes”.

De acuerdo a la empresa Vanalend, ambas partes habían aceptado trabajar de forma conjunta para vender el complejo a un grupo inversor brasileño, pero la firma demandada se hizo a un costado.

A los pocos días se conoció el desembarco del grupo Cipriani y la firma del acuerdo para la construcción del complejo “Casa Cipriani San Rafael”.

La firma propietaria aceptó, según los demandantes, que esta se hiciera cargo de la venta del complejo.

La demolición del San Rafael despertó un clima de tensión en Maldonado.

El 21 de marzo pasado el abogado Pedro Algorta, a pedido de su cliente Willy Rey (arquitecto), presentó un recurso de amparo ante la Justicia para evitar que se demoliese. El mismo fue rechazado.

Por otra parte, en enero de este año, un grupo de vecinos del barrio San Rafael de Punta del Este transmitió a la directora general de Urbanismo de la Intendencia de Maldonado, la arquitecta Soledad Laguarda, su preocupación y malestar por la anunciada demolición.

“En un principio nuestra preocupación fue por el impacto ambiental que tendrá en general la construcción. Luego nos preocupó el impacto ambiental desde diversos puntos de vista”, había expresado a El País el abogado Alfredo Tedeschi.

Finalmente el 4 de junio pasado el San Rafael fue reducido a escombros.