ESTAFA

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Julio Z. (nombre ficticio) comenzó a invertir en el 2001 en la conocida sociedad corredora de Bolsa. Lo hizo a instancias de una exfuncionaria de American Express que, al retirarse esa multinacional del país, comenzó a trabajar para la empresa de corretaje hoy denunciada en la Fiscalía.

Otros integrantes de la familia de Julio -sus padres, tíos y un primo- también se sumaron y colocaron sus ahorros en la empresa a través de la misma funcionaria.

Julio y los suyos apuntaban a inversiones seguras, como ser bonos del Tesoro. Cada seis meses, la funcionaria de la agencia los llamaba y les pagaba los intereses de sus inversiones que oscilaban entre US$ 2.000 y US$ 4.000.

En noviembre eran las fechas habituales de pago de los intereses. La funcionaria de la empresa de corredores de Bolsa los llamaba y les informaba que estaba listo el dinero. En noviembre de este año esa llamada no ocurrió. Tampoco respondió a las llamadas que le hizo Julio y otros familiares, ni a los múltiples mensajes a través de WhatsApp.

Tal situación obligó a Julio a llamar a la empresa donde había colocado su dinero. Lo atendieron y todos fueron citados para el otro día. Julio y sus familiares se reunieron con directivos de la firma, quienes les señalaron que habían sido estafados por la funcionaria.

Uno de los titulares de la sociedad mostró a Julio y a sus familiares documentación que supuestamente probaba que ellos habían retirado todo el dinero de su cuenta.

“Le dijimos que esas firmas no eran las nuestras. Él respondió que la empresa no tenía nada ver que ver. Pero supuestamente nuestras cuentas fueron cerradas en 2016 y se nos pagó los intereses hasta este año. Estamos ante una estafa y la Fiscalía deberá determinar si hay o no una relación entre la funcionaria y la empresa”, dijo Julio.

Y agregó: “Nos sacaron los ahorros de toda la familia. Alrededor de US$ 300.000 que iban a ser usados para reforzar nuestras jubilaciones”.

Julio Z. y otros nueve damnificados presentaron una denuncia penal contra la sociedad corredora y también contra un cambio que operaba con dicha firma, según dijo a El País el abogado Andrés Ojeda, que representa a las víctimas.

Consultado sobre el monto de la estafa, Ojeda respondió que estima que la maniobra supera los US$ 10 millones.

“En este caso, las únicas víctimas son las personas que perdieron los ahorros de toda la vida. El resto de los involucrados tienen que dar explicaciones”, señaló Ojeda, quien firmó la denuncia junto con el abogado Federico Ravera.

El escrito, al que tuvo acceso El País, señala: “Si bien los representantes de la firma responsabilizaron a su empleada, resulta poco creíble sostener que ellos no tuvieron participación, conocimiento o al menos sospecha de los hechos delictivos que se denuncian”.

Los damnificados dicen en el documento presentado en la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado, y a estudio del fiscal Gilberto Rodríguez, que desconocen si efectivamente el dinero que aportaron fue destinado a las inversiones ofrecidas por la sociedad corredora de Bolsa.

“La inducción en error y el engaño son claros en este caso. Los denunciados se hicieron del dinero de las víctimas falseando documentación -hasta donde conocemos y sin perjuicio de otras maniobras que se logren identificar en el curso de la indagatoria-”, expresa la denuncia.

Y advierte: “Se mantenía atendido el interés de los denunciantes mediante el pago de intereses mensuales mientras, en realidad, sus capitales eran distraídos a fines y destinos que hoy se desconocen”.

El escrito señala que en el caso se presentan los componentes de un supuesto delito de apropiación indebida: por un lado, la confianza fundada en la antigüedad del vínculo entre las víctimas y la funcionaria de la sociedad corredora de Bolsa y, por otro, la trayectoria de los titulares de dicha firma.

“Pese a ello y sin ánimo de ser reiterativos, los hechos no fueron los presentados a los denunciantes. Lejos de obrar con buenos oficios, los denunciados aprovecharon las aptitudes señaladas (el supuesto robo cometido por la funcionaria) como fachada de las maniobras de las que los denunciantes resultaron víctimas”, expresa el escrito elaborado por Ojeda y Ravera. Finalmente, la denuncia pide el levantamiento del secretario bancario, embargos y el cierre de fronteras para los denunciados.

A su vez, la empresa corredora de Bolsa presentó una denuncia penal contra la funcionaria. El documento fue redactado por los abogados Jorge Díaz -exfiscal de Corte- y Leonardo Costa.

En tanto, una fuente del cambio involucrado dijo a El País que en todo momento este cumplió con los mandatos de la sociedad corredora de Bolsa y agregó que esta empresa se enteró del perjuicio generado por su funcionaria cuando vio las transferencias realizadas por la misma.

La fuente agregó que el cambio también presentó una denuncia penal. El escrito, firmado por el abogado Eduardo Sassón, agrega todas las operaciones efectuadas por la sociedad corredora de Bolsa y sus funcionarios.