Redacción El País
El presidente de Casmu, Raúl Rodríguez, el secretario general de la mutualista, Juan José Areosa, y un centenar de médicos y funcionarios, realizaron una denuncia penal —también firmada por el centro de salud como institución« contra el vicepresidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Rodrigo Perna, tras acusarlo de difundir los nombres y los respectivos salarios de varios trabajadores.

En la denuncia, al que accedió El País, se comienza indicando que el 20 de julio —unos 10 días antes de la resolución del gobierno de intervenir la institución, sin desplazamiento de autoridades— se difundieron en diversos grupos de la red social Whatsapp "salarios de diferentes dependientes o asociados de Casmu".

"Nadie desconoce que publicaciones del tipo de las que difundió Dr. Rodrigo Perna, médico, pueden ocasionar en una mutualista lo que un rumor infundado de insolvencia puede ocasionar en el sistema financiero como efecto de lo que se conoce como 'corridas bancarias'", planteó la denuncia de "hechos con apariencia delictiva".

"En este caso, con este tipo de publicaciones se puede poner en peligro la estabilidad de una institución de asistencia médica y con ello la estabilidad del sistema de salud, nada menos", añadió el colectivo.

La divulgación de datos, aseguraron, “afecta la intimidad de los denunciantes”, así como “tiene la potencialidad de exponer al odio o desprecio público” a los nombres incluidos, que ahora suscriben el escrito.

Las publicaciones "realizadas por el vicepresidente del SMU, encargado de velar por la integridad de las instituciones de asistencia médica son tan dañinas como sorprendentes, inquietantes para los afiliados de la institución y para toda la sociedad uruguaya”, indicaron.

E incluso, el grupo dio un paso más en su denuncia: “La actitud del Dr. Perna ha perseguido la finalidad de dañar económicamente al Casmu. En todo caso ha tenido clara consciencia de que con las publicaciones que realizaba afectarían al Casmu económicamente. Y se ha dirigido a dañar el decoro y prestigio de la institución que es referente del país”.

Otro punto que señalaron es que para tener acceso a los “documentos privados reservados”, se tuvo que contar con “autorizaciones informáticas”. En la denuncia se apuntó, en línea con lo anterior, que Perna accedió y publicó los datos “ilícitamente”.

Los documentos “no son de acceso público”, se encuentran en “bases informáticas y documentos del Casmu protegidos por claves de acceso”, por lo cual se “está investigando en un expediente interno” quién pudo participar de la supuesta filtración.

El escrito plantea que se podría estar ante un “delito de violencia privada”, ya que “con violencias morales Perna ha obligado a los integrantes y afiliados a Casmu a tolerar, hacer o no hacer algo en contra de los derechos que estas personas tienen”. A lo que sumaron un “delito de conocimiento fraudulento de documentos secretos o reservados”

“Respecto de los integrantes de Casmu responsables de su dirección y su orientación institucional el denunciado ha cometido el delito de violencia privada y de acceso ilegítimo a documentos reservados, además de difamación”, añadió la denuncia.

Se puntualizó en el escrito que Perna ocupa seis cargos en diferentes instituciones, entre ellos "secretario de la Asociación de Técnico de la Asociación Española (ATAE)". Además, es uno de los principales referentes de la Agrupación Juntos, que disputó la presidencia del SMU en las pasadas elecciones, que quedó en manos de la Agrupación Fosalba.

Consultado por El País, Perna dijo que no conocía aún el contenido de la denuncia.